Los narcos meten a Ecuador en dilemas aterradores

Publicado en abril 5, 2018  en La Info  por José Hernández

El secuestro de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, de diario El Comercio cambió, de un solo golpe, la realidad diaria del país. Desde el 26 de marzo, los tres empleados de El Comercio –dos periodistas y su conductor– se han convertido en el símbolo de la libertad de expresión; símbolo también de un país encadenado por delincuentes. El gobierno, que solamente tenía problemas políticos y económicos, ha sido puesto de pronto ante uno de los mayores amenazas de seguridad de la región: el narcotráfico.

La opinión ahora sabe que ese mercado, controlado por carteles asesinos, no es una realidad distante: es un hecho que ha estado escondido y que afecta la vida cotidiana de muchos ecuatorianos en el norte del país (también en Manabí y en el Sur). Las Fuerzas Armadas y la Policía saben ahora que esa ya no es una guerra ajena y que, a pesar de lo que se diga, no están totalmente armadas y preparadas para hacerle frente.

Todo el país se encuentra –de un golpe– ante dilemas que no ha cotejado en forma tan dramática y en medio de los cuales hay vidas en juego. Cuatro dilemas aparecen en este momento:

1. Mostrar la realidad o evadirla: el secuestro de tres ciudadanos es una pésima noticia. Verlos encadenados es asomarse a la barbarie. Esa realidad es nueva aquí; no en Colombia donde ha sido tradicional recibir pruebas de vida de ese tenor.
   Aquellos que afirman que no se deben mostrar esas imágenes piensan que no hay que dar oportunidad a los delincuentes de aterrorizar a la población. En esa línea, el gobierno de Lenín Moreno condenó la difusión del video que RCN dio a conocer en Colombia. Aquellos que defienden su divulgación creen que es la mejor forma de mostrar la realidad a la que los secuestrados, sus familiares, la población en su conjunto y el Estado, hacen frente. Este dilema, que implica mostrar o no la barbarie, se mantendrá a propósito de este caso. O de otros. Y es espeluznante porque, por un lado, la sociedad requiere saber la verdad y, por otro, esa verdad lastima a personas reales: los familiares de las víctimas. Hay que saber, no obstante, que los delincuentes no se comunican de otra forma. Su crueldad es una forma de chantaje a la sociedad en general. Pero esos videos representan la única forma de conocer lo que realmente pasa.
2. Aceptar el problema o derivarlo: la tentación de escurrir el bulto es grande y en ella caen también las autoridades. Es sugestivo decir que el problema del Norte es del vecino y poner la carga en sus obligaciones. Hay que hacerlo. Pero eso no soluciona el rompecabezas ni proporciona las respuestas que la situación requiere. Ese ejercicio es el que han hecho todos los gobiernos desde hace 20 años y hoy tiene que administrar Lenín Moreno. Es desalentador oír a ciertos políticos en las radios poner ante sus responsabilidades al gobierno de Juan Manuel Santos, sin hacerse cargo del problema dramático que tiene el país y sin dar muestras siquiera de querer entender las nuevas amenazas y su naturaleza. No aceptar que el problema está ahora casa adentro es un acto de irresponsabilidad que otorga pasaporte para decir cualquier cosa.
3. Negociar con los delincuentes o no negociar: este es el dilema ético más sobrecogedor que tiene el Presidente y su equipo político. Hay, en este momento, tres vidas en peligro. Javier Ortega dice en el video que sus secuestradores quieren que liberen a tres delincuentes y que echen abajo el acuerdo binacional con Colombia para combatir el narcotráfico. En cualquier manual clásico se leerá que un Estado no negocia con los terroristas. Y que hacerlo los aúpa a escalar en su estrategia hasta poner el Estado de rodillas y, en este caso, convertir al país en república de narcos. Pero en el dilema de un gobernante (y de la sociedad en su conjunto) pesa sobremanera, porque esos son los valores de una democracia, poner en primera línea la defensa de la vida de sus ciudadanos. Este dilema no se puede zanjar de la noche a la mañana. Por eso es dable pensar que el Estado, como en otros casos y países, recurrirá a terceros para tratar este drama cuyo desenlace puede tomar tiempo. Los ciudadanos reclaman velocidad; el poder político tiene ante sí un enorme volumen de obligaciones y servidumbres.
4. Presionar más o presionar menos: es evidente que el gobierno no tiene control de los tiempos. El tratamiento del caso y los interlocutores que escoja para la mediación tienen su propia dinámica y depende, finalmente, de muchos factores. Uno es la posibilidad de que los secuestradores disminuyan sus expectativas que, como se sabe, siempre arrancan en puntos extremos.
   La presión que hace la sociedad es un acicate necesario para enviar mensajes en todas las direcciones: su lógica es mantener viva la preocupación por los secuestrados y la exigencia de que regresen con vida y lo más pronto a sus hogares y a sus labores. La sociedad no puede dejar de presionar y ese es el mejor apoyo posible para los secuestrados. En este punto, su deber no coincide, en las formas, con las obligaciones de las autoridades.
   Dilemas de este calibre no conocía el país. Y hoy, ante el drama de tres ciudadanos, tiene que aprender a vivir con ellos. La realidad del narcotráfica, profundamente ignorada por el correísmo y anteriores gobiernos, pasa su terrible factura.