Jalkh, un bastión del sistema corrupto de Correa se derrumba
Una de las patas del entramado institucional que dejó montado el correísmo, antes de la salida de Rafael Correa y que aún no había sido tocado, se quebró hoy miércoles 3 de abril cerca del mediodía. Se trata de Gustavo Jalkh y su Consejo Nacional de la Judicatura que durante los últimos años manejaron los hilos de la administración de justicia en estrecha y perfecta coordinación con Correa y su secretario jurídico, Alexis Mera.
El golpe a Jalkh y a su aparato de control de la administración de la justicia llegó por donde menos se esperaba. Un informe de Contraloría del 2016, que por algún misterioso motivo no estaba en la página de la institución, apareció apenas horas antes de que comience el concurso para fiscales provinciales convocado por la Judicatura y, por la contundencia de su contenido, hizo que el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, CPC, ordene que se suspenda. El informe prueba que los concursos de Jalkh eran una farsa. “Se acabaron los concursos mañosos en los que no confía nadie y mucho menos la gente calificada”, dijo el presidente del CPC transitorio, Julio César Trujillo.
La aparición del informe fue posible por las gestiones del asambleísta Esteban Bernal de CREO y al abogado guayaquileño Hernán Ulloa quienes conocían de su existencia pero no habían podido conseguirlo. Bernal y Ulloa hicieron un pedido directo a la Fiscalía que tenía el informe. Gracias a ese trámite, ahora se sabe que el informe es fidedigno y oficial. “Así nos evitamos presentar, como se ha hecho antes, informes que luego son negados y que no tienen peso por no ser reconocidos oficialmente”, dijo Bernal a 4Pelagatos.
Una vez con el informe en la mano, Bernal y Ulloa pidieron ante un juez medidas cautelares para que se suspenda el concurso para elegir fiscales, pero minutos más tarde el Consejo de Participación Ciudadana transitorio ordenó que se suspenda. Además advirtió a Jalkh que si no acataba la orden sería destituido del cargo. No solo eso, el CPC transitorio informó que iniciaba el proceso de evaluación del el Consejo de la Judicatura con lo que queda abierta y muy abierta la posibilidad de que Jalkh sea removido del cargo. Jalkh, evidentemente afectado aunque tratando de disimularlo, dijo ante la prensa que esperaba que el CPC respete sus competencias. Una forma de decir que ese organismo, nacido de la última consulta popular, no podía meterse en un tema del Consejo de la Judicatura.
El informe de la Contraloría es implacable. Si bien dice aquello que ya todos sabían; es decir, que la administración de justicia era manejada por Jalkh, el documento eleva a categoría de oficial las denuncias que abundaban. Además incluye detalles impresionantes que hablan sobre cómo se ha operado en el Consejo de la Judicatura durante los procesos de selección de agentes fiscales. Básicamente, el informe sostiene que desde el 2010 hasta el 2015 la selección de fiscales fue hecha a dedo y sin considerar los puntajes y los procesos de selección con los que se llenaron la boca funcionarios de la Judicatura durante todos esos años.
De la lectura del informe se colige que entre el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía de Galo Chiriboga se escogía a fiscales según criterios que no estaban reglamentados y que hacen pensar, según sostiene el asambleísta Bernal, que les permitía colocar en esos cargos a personas afines políticamente al gobierno. Entre los hallazgos del equipo de Controlaría se establece que entre el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía se cambiaron reglamentos en mitad de los concursos. Esto les permitió mantener con posibilidades a aspirantes que no tenían el puntaje mínimo y favorecer a participantes que tenían puntajes bajos para entregarles altos cargos. Además, se escogieron funcionarios que ni siquiera estaban en el banco elegible de candidatos.
“El presidente y vocales miembros del Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante resoluciones 045, 082, 110 y 121-201º4 de 11 de marzo, 16 de mayo, 24 de junio y 23 de julio de 2014; respectivamente, otorgaron nombramientos para agentes fiscales sin considerar el orden de puntuación, el cargo para el que postuló la persona elegible”, dice, por ejemplo, una parte del informe que tiene, en total, 88 páginas.
En la página 19 del informe se establece, por ejemplo en el caso del concurso del 2015, que “se otorgaron nombramientos de Fiscal Provincial, Agentes Fiscales y Asistente de Fiscal, sin considerar el orden puntuación”. Y pone como ejemplos un caso, entre muchos otros, en la provincia de Santa Elena donde “se otorgó el nombramiento provisional y definitivo como fiscal provincial al postulante que se ubicó en el tercer lugar con un puntaje de 69 puntos, aunque las personas que tuvieron puntajes de 71 y 75 no fueron nombrados”. También se menciona uno por uno los casos de los agentes fiscales en la provincia de Cotopaxi donde fueron nombrados los que tuvieron puntajes más bajos.
Al examinar el concurso del 2011 se observó asimismo varios casos, entre esos uno que ocurrió en la provincia del Guayas, donde para la vacante de agente fiscal se entregó a un postulante de Manabí que había quedado quinto en el concurso. Casos similares, y por decenas, fueron detectados en todos los concursos desde el 2010 hasta el 2015.
Otro de los hallazgos del equipo de Contraloría apunta a cómo el Consejo de la Judicatura disminuyó, de forma irregular, el puntaje mínimo requerido para que ingrese gente a la administración de justicia que no habían podido por tener puntajes muy bajos. Con “la disminución de los puntajes mínimos requeridos conforme al instructivo que rigió este concurso se ocasionó que aspirantes que de acuerdo al primer instructivo, no alcanzaban al puntaje mínimo establecido, para seguir en el proceso de selección, sigan en el concurso y se les otorgue el nombramiento”. En otras palabras, el documento dejó en claro que no existen garantías para que un concurso dirigido por Jalkh sea correcto y objetivo. También confirmó todas las denuncias que se habían hecho en contra de la administración de Jalkh y que fueron bloqueadas ya sea por la Asamblea Nacional o por la Fiscalía.
La suspensión del concurso, la advertencia del presidente del CPC transitorio de que si no acata será destituido y el anuncio del inicio de la evaluación al Consejo de la Judicatura es, sin duda, el golpe más duro y humillante de la carrera política de Gustavo Jalkh desde que la inició de la mano de su amigo y protector, Rafael Correa.
Sin duda, la aparición, casi milagrosa y literalmente al límite del tiempo, del informe de la Contraloría marca un momento crítico para el sistema judicial que, bajo la batuta de Jalhk, había logrado mantenerse incólume tras una fachada falsa. Sin Glas en la Vicepresidencia, sin Carlos Pólit en la Contraloría, con el fiscal Carlos Baca en proceso de juicio político y ahora con Gustavo Jalkh al borde del precipicio, la estructura que el correísmo montó para garantizar la impunidad, luego de diez años de ejercicio de poder sin límites, se derrumbó.
No hay comentarios:
Publicar un comentario