Estos son los ‘bullies’ que el oficialismo activó contra Expreso
Por: Redacción Plan V
La Superintendencia de Compañías tiene desde el pasado 19 de febrero una oficina en diario Expreso. Esto después de que esa entidad interviniera el medio por pedido de otra institución pública: Inmobiliar. Esta última alega que Granasa, la casa editora de Expreso y Extra, no le ha entregado la información que solicitó porque desde enero pasado pasó a ser parte de los accionistas minoritarios de la empresa periodística. Granasa, en cambio, sostiene que esa información es sensible.
Pero esto solo es el último episodio de lo que Expreso ha llamado como un “hostigamiento” en su contra. El rotativo guayaquileño enfrenta desde septiembre pasado una serie de acusaciones sobre presunta evasión tributaria y lavado de activos, además de intentos por intervenir en su composición accionaria. Organizaciones nacionales e internacionales han denunciado el grave precedente que el gobierno de Daniel Noboa está dejando en libertad de expresión. Por ejemplo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lo consideró como “un acto intimidatorio que puede inhibir el ejercicio del periodismo libre e independiente, al generar un clima de temor”. El medio ha dicho que mantendrá su línea editorial.
Plan V hace un recuento de este caso a través de la participación de las autoridades de entidades públicas y de control, la mayoría de ellas cercanas al presidente Daniel Nboa, que han protagonizado las presiones a Expreso.
Damián Alberto Larco Guamán. Fue director del Servicio de Rentas Internas (SRI) del 23 de noviembre de 2023 al 23 de septiembre de 2025. Dos semanas antes de dejar su cargo, el SRI inició una auditoría a 15 canillitas (personas dedicadas a la venta de periódicos al por mayor, entre ellos el diario Expreso) tras identificar presuntas “inconsistencias en sus declaraciones de impuestos”. La institución, bajo la administración de Larco, informó sobre estas auditorías un día después de que La Posta (comprada por Luis Alvarado Campi, asambleísta de ADN) publicara un video sobre esa misma acusación. En ese boletín, Larco adelantó que en este caso habría un presunto “delito de defraudación tributaria”.
Granasa, la casa editora de los diarios Extra y Expreso, denunció no haber sido notificada de ninguna investigación y sostuvo que la información de La Posta tenía cifras alteradas. Hasta el momento, ese informe no ha sido notificado a Granasa, según relató el pasado viernes su procurador judicial, Eduardo Carmigniani.
Larco Guamán es un economista guayaquileño cercano al presidente Daniel Noboa, quien le dio su primer cargo en el sector público. Larco se estrenó como director del SRI durante el primer mandato de Noboa, hasta que fue electo vocal del Consejo de Judicatura y posesionado en la Asamblea el 24 de septiembre pasado. Larco fue parte de la terna que Noboa envió, en julio de 2025, al Consejo de Participación Ciudadana para la selección de su delegado en ese organismo. Durante su gestión en el SRI, la deuda del Grupo Noboa, de la familia del Mandatario, pasó de USD 94,6 millones a USD 6,1 millones el 26 de septiembre, registró diario Expreso. Esto es dos días después de que Larco dejara el cargo. Y cuatro días después, el 1 de octubre, la deuda quedó en 0.
Larco, sin experiencia en el ámbito judicial, se convirtió en presidente de la Judicatura después de una polémica designación en la madrugada del 18 de febrero pasado.
José Julio Neira Hanze. Es considerado uno de los hombres más poderosos y de mayor confianza de Noboa, pues ha acumulado 12 cargos clave en el Ejecutivo. Entre ellos está el de Secretario General de Integridad Pública y director encargado del Servicio Nacional de Contratación Pública y de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Después de la activación del SRI, Neira fue la primera autoridad que habló públicamente sobre el caso de Expreso. El 17 de septiembre pasado, el funcionario apareció en un video de tres minutos titulado “Empresa de medios usó canillitas como fachada para evadir impuestos”. Aunque Neira no es una autoridad tributaria, habló de un “patrón sospechoso” y de diferencias entre las compras y ventas realizadas por estos canillitas y proveedores del medio. En el texto de su publicación, el funcionario intentó relacionar este caso con el de Synohidro e involucrar al abogado de Expreso. La versión de Neira fue ampliada al siguiente día en un comunicado de la Presidencia y replicado en medios oficialistas. Granasa, en un comunicado, consideró a las declaraciones de Neira como un intento de intimidación.
Por: Redacción Plan V
La Superintendencia de Compañías tiene desde el pasado 19 de febrero una oficina en diario Expreso. Esto después de que esa entidad interviniera el medio por pedido de otra institución pública: Inmobiliar. Esta última alega que Granasa, la casa editora de Expreso y Extra, no le ha entregado la información que solicitó porque desde enero pasado pasó a ser parte de los accionistas minoritarios de la empresa periodística. Granasa, en cambio, sostiene que esa información es sensible.
Pero esto solo es el último episodio de lo que Expreso ha llamado como un “hostigamiento” en su contra. El rotativo guayaquileño enfrenta desde septiembre pasado una serie de acusaciones sobre presunta evasión tributaria y lavado de activos, además de intentos por intervenir en su composición accionaria. Organizaciones nacionales e internacionales han denunciado el grave precedente que el gobierno de Daniel Noboa está dejando en libertad de expresión. Por ejemplo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lo consideró como “un acto intimidatorio que puede inhibir el ejercicio del periodismo libre e independiente, al generar un clima de temor”. El medio ha dicho que mantendrá su línea editorial.
Plan V hace un recuento de este caso a través de la participación de las autoridades de entidades públicas y de control, la mayoría de ellas cercanas al presidente Daniel Nboa, que han protagonizado las presiones a Expreso.
Damián Alberto Larco Guamán. Fue director del Servicio de Rentas Internas (SRI) del 23 de noviembre de 2023 al 23 de septiembre de 2025. Dos semanas antes de dejar su cargo, el SRI inició una auditoría a 15 canillitas (personas dedicadas a la venta de periódicos al por mayor, entre ellos el diario Expreso) tras identificar presuntas “inconsistencias en sus declaraciones de impuestos”. La institución, bajo la administración de Larco, informó sobre estas auditorías un día después de que La Posta (comprada por Luis Alvarado Campi, asambleísta de ADN) publicara un video sobre esa misma acusación. En ese boletín, Larco adelantó que en este caso habría un presunto “delito de defraudación tributaria”.
Granasa, la casa editora de los diarios Extra y Expreso, denunció no haber sido notificada de ninguna investigación y sostuvo que la información de La Posta tenía cifras alteradas. Hasta el momento, ese informe no ha sido notificado a Granasa, según relató el pasado viernes su procurador judicial, Eduardo Carmigniani.
Larco Guamán es un economista guayaquileño cercano al presidente Daniel Noboa, quien le dio su primer cargo en el sector público. Larco se estrenó como director del SRI durante el primer mandato de Noboa, hasta que fue electo vocal del Consejo de Judicatura y posesionado en la Asamblea el 24 de septiembre pasado. Larco fue parte de la terna que Noboa envió, en julio de 2025, al Consejo de Participación Ciudadana para la selección de su delegado en ese organismo. Durante su gestión en el SRI, la deuda del Grupo Noboa, de la familia del Mandatario, pasó de USD 94,6 millones a USD 6,1 millones el 26 de septiembre, registró diario Expreso. Esto es dos días después de que Larco dejara el cargo. Y cuatro días después, el 1 de octubre, la deuda quedó en 0.
Larco, sin experiencia en el ámbito judicial, se convirtió en presidente de la Judicatura después de una polémica designación en la madrugada del 18 de febrero pasado.
José Julio Neira Hanze. Es considerado uno de los hombres más poderosos y de mayor confianza de Noboa, pues ha acumulado 12 cargos clave en el Ejecutivo. Entre ellos está el de Secretario General de Integridad Pública y director encargado del Servicio Nacional de Contratación Pública y de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Después de la activación del SRI, Neira fue la primera autoridad que habló públicamente sobre el caso de Expreso. El 17 de septiembre pasado, el funcionario apareció en un video de tres minutos titulado “Empresa de medios usó canillitas como fachada para evadir impuestos”. Aunque Neira no es una autoridad tributaria, habló de un “patrón sospechoso” y de diferencias entre las compras y ventas realizadas por estos canillitas y proveedores del medio. En el texto de su publicación, el funcionario intentó relacionar este caso con el de Synohidro e involucrar al abogado de Expreso. La versión de Neira fue ampliada al siguiente día en un comunicado de la Presidencia y replicado en medios oficialistas. Granasa, en un comunicado, consideró a las declaraciones de Neira como un intento de intimidación.
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