#Ecuador|| Al ser una ley de carácter económico urgente, la Asamblea tiene un plazo de 30 días (hasta fines de febrero de 2026) para aprobarla, modificarla o negarla; de lo contrario, entraría en vigencia por el "ministerio de la ley". El núcleo del conflicto en esta reforma es que busca agilizar la inversión minera eliminando la licencia ambiental en las etapas iniciales y reemplazándola por una simple "autorización". Este cambio es peligroso porque la licencia actual obliga a realizar estudios de impacto profundos, mientras que el nuevo permiso suaviza los controles preventivos. Al priorizar la rapidez del trámite sobre la protección del entorno, el Estado estaría permitiendo que actividades de exploración avancen sin garantías claras, lo que constituye una regresión de derechos prohibida por la Constitución, que exige que los estándares ambientales nunca retrocedan.Además, al extender los plazos de exploración hasta por quince años, la ley otorga una suerte de "blindaje" a las empresas que podría chocar con la necesidad futura de proteger nuevas fuentes de agua o ecosistemas frágiles. Esta urgencia económica también pone en riesgo la consulta previa a las comunidades, ya que se intenta validar la intervención en el territorio como un proceso administrativo rápido en lugar de un derecho fundamental. En definitiva, la reforma transforma la protección de la naturaleza en un obstáculo que se intenta sortear, dejando a la biodiversidad vulnerable frente a la rentabilidad inmediata. La actual presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales es la asambleísta por la provincia de #Azuay, Camila León para el caso actuaría de manera consultiva.
No hay comentarios:
Publicar un comentario