El observador

 Reciban el atento saludo del Cabildo Popular por el Agua de Cuenca. Nos dirigimos a ustedes con preocupación frente a las declaraciones de la Cámara de Minería (CME) que, de manera engañosa, asevera haber cumplido todos los requisitos para la fase de explotación minera en Kimsakocha, en acuerdo con las autoridades del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE); frente a lo cual, expresamos y solicitamos lo siguiente:

1. Cuenca ha hecho historia en la defensa de sus páramos y ríos. Por más de dos décadas, las comunidades, organizaciones y ciudadanía cuencana se han pronunciado incontables veces en defensa de las fuentes de agua: el 80% de votantes así lo decidió en la Consulta Popular de febrero 7 de 2021; las instituciones han emitido sendos pronunciamientos en esa línea; se han dictado sentencias a favor de nuestros páramos y de las comunidades.

2. Hoy se pretende hacer tabla rasa de todo aquello e iniciar la destrucción de Kimsakocha. La empresa minera Dundee Precios Metals (DPM) ha anunciado que tendrá la licencia ambiental para la fase de explotación minera, aduciendo que se ha cumplido lo ordenado en la sentencia de la Corte de Justicia del Azuay, dentro de la acción de protección N° 01371-2022-00067, lo cual es falso, pues no se han presentado los informes requeridos por el Juez, ni se han realizado las Consultas conforme lo estipula la Constitución, la Corte Constitucional y el Convenio 169 de la OIT.

3. Las Consultas Populares de Cuenca (2021) y Girón (2019) son de obligatorio e inmediato cumplimiento. Y rigen para todas las concesiones mineras que no obtuvieron la licencia ambiental para la fase de explotación, de forma previa a la realización de las consultas, ya que se prohibió precisamente la explotación. El sector minero pretende inducir a error a las autoridades acomodando engañosamente a sus intereses el principio de la irretroactividad. Sin embargo, el otorgamiento de una concesión no implica derechos absolutos, ya que cada fase de un proyecto minero requiere su propio licenciamiento ambiental. Cuenca ya decidió y no habrá explotación minera en nuestros páramos.

4. Expresamos el respaldo al informe técnico, profesional y riguroso realizado por ETAPAEP, y rechazamos las intenciones de desacreditarlo. Objetamos el informe del MAATE, el cual evidentemente es direccionado a favorecer los intereses mineros, además de que constituye una falacia y una vergüenza.

5. Por lo expuesto, pedimos el pronunciamiento público de las autoridades cantonales y provinciales, para hacer respetar nuestros derechos y denunciar los informes viciados y las ilegales e ilegítimas “consultas”, en las cuales inclusive hacen uso de un manual inconstitucional; todo ello orquestado por la empresa minera DPM, en complicidad con el MEM y el MAATE. Este pronunciamiento debe llegar a las autoridades nacionales.

Igualmente se requiere observar a la Defensoría del Pueblo y a la delegación de la OIT, que han sido involucradas en este proceso.

6. Solicitamos se generen las acciones legales pertinentes para defender los derechos de las comunidades cuencanas por: a) incumplimiento de las Consultas Populares; b) amenaza al derecho constitucional y humano al agua y a un ambiente sano; c) falsedad científica en el informe presentado por el MAATE; d) incumplimiento de la sentencia judicial en el caso de la Acción de Protección N° 01371-2022-00067. 7. Es importante que los GADs adopten las medidas administrativas que les corresponde, a fin de frenar esta arremetida; al igual que el cumplimiento de las decisiones adoptadas por el Concejo Cantonal de Cuenca el 16 de enero de 2025; y que las/los Asambleístas por la Provincia realicen su labor de fiscalización, investiguen los procesos y defiendan los intereses de Cuenca y el Azuay. 8. Convocar a la ciudadanía de Cuenca y la Provincia a defender nuestros páramos y el agua, así como las decisiones democráticas de las Consultas Populares de Girón y Cuenca, que son un mandato insoslayable de nuestros pueblos. Esperamos una respuesta favorable a la presente, por los derechos y la dignidad de Cuenca y el Azuay.