REDACCIÓN PLAN V
Pólit enfrenta seis cargos por delitos relacionados con lavado de activos. Inicialmente, en la acusación formal contra el ecuatoriano se habían identificado tres involucrados más. Estaba el co-conspirador 1, quien es un familiar del excontralor que manejó empresas y cuentas bancarias en ese estado de EEUU. Esta descripción coincide con la de su hijo, John Pólit, que también fue involucrado en un proceso por concusión en Ecuador junto a su padre, pero fue sobreseído.
Mientras que el co-conspirador 2 se lo describió como un ejecutivo senior de Odebrecht que ahora se conoce fue José Conceição Santos y el co-conspirador 3 del que solo se sabe es un empresario ecuatoriano. Según la justicia norteamericana, Pólit no solo recibió sobornos de Odebrecht y ese empresario. Sino también del propietario de una empresa española, quien blanqueó esos sobornos a través del co-conspirador 1.
Los fiscales norteamericanos aseguran tener correos entre Pólit y su hijo en los que mencionan los presuntos sobornos para que el excontralor ayudara al extranjero con problemas de impuestos. Anunciaron que presentarán estos correos en el juicio contra el ecuatoriano previsto para enero de 2024.
Los correos datan de finales de 2015 y principios de 2016 en los que se discuten varias llamadas y reuniones en persona entre ambos, incluidos los esfuerzos de Pólit para organizar una reunión entre el empresario español y la Presidencia. En ese lapso gobernaba Rafael Correa. A principios de 2016 se registraron los primeros correos:
8 de enero de 2016: El empresario español envió un correo electrónico a la cuenta de correo electrónico personal de Pólit y escribió: “sería deseable que pudiera conseguirme una reunión en Carondelet la primera semana de febrero”.
11 de enero de 2016: Pólit respondió al empresario español: “Estaré esperando su llegada, y hablaré con Pedro Solines para que hable con el Presidente, él es el Secretario de la Administración Pública”. En efecto, Solines tenía ese cargo desde octubre de 2015. Luego fue Ministro del Interior. Antes de esos dos cargos, fue Superintendente de Bancos también en el gobierno de Correa.
Abogados y fiscales de EEUU pidieron a la Corte de Miami que se incluya nuevas pruebas en el caso, entre ellas corres del excontralor.
En abril de 2016, las partes intercambiaron un correo con el resumen de sus actos posteriores a las comunicaciones de enero:
18 de abril de 2016: El empresario español envió un correo a Pólit y escribió: “pese de las gestiones realizadas ante (las autoridades tributarias), con la mediación de la Contraloría, nos dirigimos al arbitraje”.
18 de abril de 2016: Pólit respondió al empresario español: “Lástima lo que está pasando con su problema y el arbitraje. . . Me encantaría que su abogado me visite el miércoles o jueves para revisar el asunto. . . Nos vemos a su llegada”.
EEUU ha identificado además una serie de correos del co-conspirador 1 (John Pólit) en los que el exfuncionario había ordenado previamente al español que realizara presuntos pagos de sobornos:
18 de marzo de 2015: El co-conspirador 1 envió un correo al español con el asunto “transferencia para el amigo” y escribió que el “amigo” le pidió que le enviara información bancaria para una transferencia por 109.800 euros. En el correo, el co-conspirador 1 proporcionó instrucciones para realizar la operación a una cuenta bancaria en España.
29 de marzo de 2015: El empresario español reenvió el correo anterior a un asociado y afirmó que había hablado con “C.P.” (iniciales de Carlos Pólit) quien dijo que el co-conspirador 1 llamaría. En el correo, el empresario afirmó que “C.P.” había revisado el tema y que sería resuelto por la asesoría jurídica del Presidente y que el “C.P.” había comentado la posible intervención de su amigo “A.M.” quien estaba manejando el asunto.
31 de marzo de 2015: El empresario español 1 envió un correo al co-conspirador 1 en el que confirma una transferencia de 109.800 euros a una cuenta bancaria en España.
6 de agosto de 2015: un asociado del empresario español envió al co-conspirador 1 una lista de las transferencias totales realizadas por aproximadamente 573.000 euros.
Markenzu Lapointe, abogado del gobierno de EEUU, y Glenn S. León, jefe del Sección de Fraude, de la División Penal del Departamento de Justicia de EE.UU., firman este documento, junto a otros fiscales asistentes. En este sostienen que esos mensajes son consistentes con el modus operandi de sobornos y lavado de dinero de Pólit.
“Es casi seguro que el demandado impugnará el conocimiento y la intención en este asunto argumentando que no tenía conocimiento de los pagos o que los pagos eran transferencias legítimas y no sobornos. La evidencia propuesta refuta este argumento”, manifestaron los acusadores de Pólit.
El co-conspirador 3, también bajo la mira
Estas nuevas revelaciones se dan en medio de un fuerte intercambio de mociones entre acusado y acusadores. En la Corte de Miami van y vienen documentos entre los abogados de Carlos Pólit y los fiscales norteamericanos. Los primeros buscan echar abajo el proceso por lavado de activos contra el exfuncionario ecuatoriano. Los segundos, en cambio, creen que tienen los suficientes elementos para llevar a Pólit ante un jurado.
En ese cruce de escritos, también aparecieron nuevas pistas sobre cómo se ha desarrollado la investigación del caso. En un documento del pasado 13 de septiembre, los fiscales federales informaron que solicitaron a Ecuador registros bancarios, corporativos y financieros de la empresa del co-conspirador 3. Así denomina el Gobierno norteamericano a las personas que ayudan o son parte de una conspiración para cometer un delito.
El co-conspirador 3 tiene un papel importante en el caso de Pólit. Es un empresario ecuatoriano, cuya identidad la mantienen en reserva las autoridades norteamericanas. En 2015, según la acusación formal, el excontralor solicitó y acordó recibir un soborno de aproximadamente USD 500.000 de dicho empresario a cambio de que Pólit use su cargo e influencia como contralor para ayudarlo a obtener contratos de Seguros Sucre.
Esta aseguradora estatal, que en el gobierno de Rafael Correa fue la principal del país, también estuvo relacionada con sobornos. Juan Ribas Domenech, expresidente de esa empresa, fue sentenciado en EEUU a 51 meses de prisión en marzo de 2021 por lavado de dinero y sobornos, y otros tres ecuatorianos han sido procesados por los mismos cargos.
En el caso de Pólit, la compañía del co-conspirador 3 se benefició de contratos con Seguros Sucre, según EEUU. Los registros de esa empresa, afirman los fiscales, fueron “relevantes para probar el beneficio corrupto” que ese empresario obtuvo del soborno que pagó a Pólit, consta en el escrito del pasado 13 de septiembre.
Este pago se hizo a través de una transferencia, que es la que origina el cargo N. 2 contra el excontralor. Según EEUU, el co-conspirador 3 transfirió el dinero a cuentas en el sur de la Florida controladas por el co-conspirador 1, según las instrucciones que le dio Pólit.
Esta transferencia se hizo alrededor del 2 de diciembre de 2015 a las cuentas de una de esas compañías. El co-conspirador 1, a su vez, emitió una factura falsa, según la justicia de EEUU, por un supuesto asesoramiento técnico.
Pólit usó los sobornos del co-conspirador 3 y de Odebrecht para mejorar una residencia de lujo en Coral Gables, en Miami. Este inmueble estuvo a nombre de una de las compañías relacionadas con John Pólit. Lo vendieron en 2017 por USD 4.1 millones, detalló la acusación formal contra el excontralor.
Los fiscales del Departamento de Justicia de EEUU solicitaron los registros de la empresa del co-conspirador 3 a Ecuador y recibieron una respuesta oficial de las autoridades ecuatorianas. Estos registros se entregaron después a Pólit durante la fase del descubrimiento del proceso legal.
EEUU confirmó, este 25 de septiembre, que en el juicio este empresario testificará acerca de la orden que le dio Pólit para que coordinara con el co-conspirador 1 el pago del soborno en diciembre de 2015. También presentará pruebas de las negociaciones de Pólit con Odebrecht y que este le dijo a Santos que “hizo desaparecer los fondos del soborno”.
Un cruce de argumentos y el debate sube de tono
La información sobre la compañía del co-conspirador 3, de Seguros Sucre y de otras empresas fue parte del paquete de los documentos que la Fiscalía General del Estado envió a Vaughn A. Ary, director de la Oficina de Asuntos Internacionales, del Departamento de Justicia de EEUU. Lo hizo en cuatro entregas: 23 de febrero y 19 de marzo de 2021, y 6 de enero y 17 de mayo de 2022.
Este fue uno de los pedidos que más tardó en llegar a las autoridades norteamericanas cuya primera solicitud fue del 30 de noviembre de 2020. La demora de la entrega de información completa -no solo de Ecuador sino también de Panamá y Curazao- obligó a los fiscales a pedir más plazo a los jueces de la Corte de Miami, que concedieron una extensión.
Los fiscales, el pasado 13 de septiembre, insistieron que estos plazos fueron ampliados porque buscaban información para el caso. En Panamá, por ejemplo, indagaron registros bancarios y corporativos de la Compañía Intermediaria 3. “Lo cual era relevante porque esta entidad recibió el producto de sobornos de Odebrecht”, fue la respuesta de los fiscales en relación al plan de sobornos que, dicen, tuvo Pólit para enviar ese dinero a la Florida por medio de otra transferencia que dio origen al cargo N. 5.
Pero Pólit y su defensa solicitaron que cinco de los seis cargos de la acusación sean desestimados porque supuestamente prescribieron. El excontralor sostiene, por ejemplo, que los cargos 2 y 5 son transferencias electrónicas nacionales, es decir, realizadas en EEUU.
El cargo 2, por ejemplo, se origina en el envío de un cheque de aproximadamente USD 300.000 de una cuenta de Florida a otra. Este estaría relacionado con el empresario que se benefició de contratos con Seguros Sucre. Mientras que el cargo 5 alega que aproximadamente USD 1,3 millones en una cuenta en la Florida se utilizaron para comprar propiedades. Por lo tanto, Pólit considera que la información solicitada a los gobiernos extranjeros no era necesaria para esos cargos.
La jueza Lisette M. Reid, sin embargo, no estuvo a favor de esos argumentos, coincidió en que estos cargos no están prescritos. “La información solicitada a los gobiernos extranjeros parece ser relevante para los cargos 2 y 5, independientemente de si las acusaciones son puramente internas”, manifestó en su escrito del pasado 17 de agosto cuando recomendó negar la solicitud de Pólit.
Por otro lado, consideró que las órdenes que ampliaron el plazo no determinaban la duración. La jueza, sin embargo, dijo que el plazo de prescripción fue adecuadamente suspendido desde el 27 de abril de 2020 hasta el 25 de mayo de 2022. Esta última fecha, según los abogados, fue determinada por la juez de primera instancia sin realizar una audiencia de prueba, lo que Polit sostiene que es un error.
En este punto subió el tono del debate. Los fiscales contraatacaron y negaron que se haya elegido una fecha como dice el acusado. Aseguraron que proporcionaron información detallada sobre las fechas de las respuestas finales recibidas de cada autoridad extranjera y documentos recibidos. “Aparte de su descarada afirmación de que la fecha del gobierno fue ‘seleccionada’, el acusado no presenta ninguna disputa sustantiva respecto a la fecha de la acción final que justificaría una audiencia probatoria”, contestaron.
Pólit tuvo acceso a estos documentos, según los fiscales. Pólit solicitó audiencia probatoria, que también le fue negada
La defensa del ecuatoriano presentó objeciones a la moción de la jueza y ahora esta controversia escalará a un Tribunal de Apelaciones.
Más argumentos negados
No es el único argumento que ha presentado Pólit para que su caso sea desestimado. Asegura que la acusación que existe en su contra no alega todos los elementos esenciales de los delitos imputados y esto viola los derechos de la Quinta y Sexta Enmienda.
Se refiere específicamente a la parte de la acusación en la que menciona que sus bienes se derivaron de una actividad ilegal específica, es decir, un delito contra una nación extranjera, en este caso en Ecuador. Pólit argumenta que la acusación no identifica los elementos de esa actividad, en particular la norma extranjera que fue violada.
Pero para la jueza Reid es innecesario citar la ley que Pólit habría violado en Ecuador y que se relaciona con el caso en EEUU. En su opinión, las acusaciones de conspiración y lavado de dinero se centran en el soborno de un funcionario público y que no es necesario agregar detalles adicionales.
El Gobierno, dice la magistrada, tiene argumentos y ha presentado detalles suficientes sobre el presunto plan, incluido el papel de cada co-conspirador, las fechas relevantes y el propósito detrás de los pagos. Recordó que Pólit recibió más de USD 11 millones en sobornos de los co-conspiradores 2 y 3 a cambio de usar su posición e influencia como Contralor General del Ecuador en beneficio de estos conspiradores.
Polit sostiene que el Gobierno estaba obligado a instruir al Gran Jurado sobre el delito extranjero porque sin ello no podía encontrar una causa probable sobre la actividad ilegal específica. Por ello, pidió la divulgación de las transcripciones del Gran Jurado, pero la jueza también lo rechazó.
La defensa usa el caso de un coreano
Este 25 de septiembre hubo otro cruce de documentos entre acusado y acusadores. Pólit insiste en que la justicia de EEUU debe especificar qué ley ecuatoriana violó el excontralor. Y para ello han citado el caso EEUU vs. Chi. Chi es un ciudadano de Corea del Sur que trabajó en un instituto de investigación geológica de su país. Fue acusado de recibir sobornos de fabricantes de sismómetros a cambio de comprar sus productos y de proporcionar información privilegiada sobre sus competidores.
Chi pidió que los pagos de los sobornos se dirigieran a una cuenta bancaria en Estados Unidos, lo que dio lugar a la acusación de Chi en ese país. La acusación incluía varios cargos de blanqueo de capitales derivado de un delito contra una nación extranjera, incluidos los delitos de soborno de un funcionario público.
Según la defensa de Pólit, este es el mismo lenguaje contenido en los cargos de lavado de dinero contra Polit, “salvo que la acusación en Chi especificaba que el ‘delito contra una nación extranjera’ era una violación del artículo 129 del Código Penal de esa nación”. Pólit pide que se haga esa aclaración en su caso.
Los fiscales ya solicitaron permiso para presentar una nueva objeción contra esos argumentos de Pólit y como adelanto presentaron las respuestas del Gobierno en el caso de Chi.
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