El observador

 

CONSENSOS Y DIVERGENCIAS

Carlos Castro Riera

 La inseguridad que se vive tiene diversas percepciones en la ciudadanía, así algunos consideran a la delincuencia terrorista como un fenómeno real de dimensiones y consecuencias gravísimas, otros lo ven solo desde el interés político del gobierno y unos terceros hasta creen que es un invento para justificar la presencia militar de EE. UU en el territorio nacional.

Más allá de las apreciaciones políticas ideológicas interesadas, la situación del país es extremadamente preocupante al punto que, de no darse una respuesta coyuntural y estructural a la delincuencia terrorista organizada, persiste la amenaza de instituir un Estado criminal paralelo al Estado Constitucional nacional, en circunstancias en que una situación fiscal en bancarrota y una economía estancada, conforman el ambiente propicio para el narcotráfico.

De hecho, así como sucedió en la pandemia con la industria sanitaria y farmacéutica, alrededor de la inseguridad se tejen una serie de intereses y florece el comercio de armas, instrumentos de defensa personal, alarmas, cámaras, construcción e infraestructura de seguridad. Pocos centran la atención en la delincuencia como un destilado de una sociedad injusta y excluyente que reproduce y reproduce marginalidad y pobreza.

También frente a la inseguridad se avivan intereses políticos mezquinos que privilegian intereses personales y de grupo, aunque de por medio existan realidades objetivas, como haber transitado hacia una delincuencia común más violenta, la narcopolítica, la delincuencia terrorista organizada y su vinculación transnacional.

Esta situación de violencia e inseguridad, se da en condiciones donde en el mundo globalizado avanza el narcocapitalismo, la criminalidad de las transnacionales y el ecocidio planetario, todo en medio de confrontaciones geopolíticas de EE.UU, Rusia, China, que disputan la influencia regional como el caso de  Latinoamérica, en cuyo marco, hoy el país, enfrenta restricciones de Rusia a las exportaciones, argumentando situaciones fitosanitarias, pero que en el fondo es consecuencia del acuerdo de asistencia entre EE.UU y Ecuador.

El panorama del país es muy complejo, y frente a la necesidad de la cohesión nacional para enfrentar la situación delincuencial, se deben privilegiar los consensos sociales mínimos, siendo un contrasentido que el gobierno genere fracturas sociales como la moratoria del cierre del bloque ITT en el Yasuní, la pretensión de acelerar el extractivismo en ecosistemas frágiles, las políticas privatizadoras de servicios y en general la orientación neoliberal de la economía y del manejo fiscal, que ahondan la desigualdad, la marginalidad y apuntan en sentido contrario a atacar las concausas de la delincuencia.

Si bien existe consenso sobre la necesidad  de enfrentar con decisión a la delincuencia, sin embargo, la utilización de la fuerza sin que se acompañe de un programa económico y social para mejorar las condiciones de vida de los más pobres del país, puede crear un paréntesis en la violencia pero luego florecer con más energía, de la misma forma que, si se queda en la impunidad el saqueo de los fondos públicos, las redes de narcotráfico, la narco política y sus cómplices en la función judicial, sus actores pueden multiplicarse. 

En esta misma línea de reflexión, la vigencia del estado de excepción basado en la grave conmoción interna y el conflicto armado interno, debe ser un momento no de institucionalización de un modelo policial-militar de la vida social, sino de transición hacia el restablecimiento total de los derechos, libertades y garantías del Estado constitucional, pero dicha transición exige reconstruir la institucionalidad democrática del país, y por ello preocupa la situación de la Corte Nacional de Justicia que no logra solucionar su representatividad, la precariedad del Consejo de la Judicatura, del CPCCS y de los órganos de la función electoral.

Por lo anotado, el consenso y legitimación social del gobierno nacional se basa, en este momento, en la utilización de la fuerza y el discurso de la guerra interna para combatir a la delincuencia, pero aquello puede erosionarse de persistir la ausencia de políticas sociales, el centralismo y el trato inequitativo a provincias como el Azuay, cuya red vial estatal es un desastre, el irrespeto a las consultas populares de protección del agua y la naturaleza, el abandono a los campesinos y a su vez la firma de tratados de libre comercio que amenazan con la ruina a pequeños productores agropecuarios, la calamitosa situación de la educación y salud pública, las amenazas a la estabilidad del IESS y la perspectiva de un modelo gubernamental neoliberal y autoritario.

Finalmente, hay que señalar que en la situación que se vive, toda ayuda internacional es necesaria para enfrentar la delincuencia, pero hay que administrarla con soberanía e impedir que nuestro país sea utilizado como plataforma regional para estrategias imperiales de dominio de cualquier tipo. El gobierno tiene una papa caliente en las manos que le puede quemar muy rápidamente.