Los intentos de Rafael Correa por recobrar su inocencia lo hacen parecer a esos niños que tratan de romper la piñata con los ojos vendados: no le atina una pero sigue intentándolo frenéticamente.
Se trata de un esfuerzo que arrancó en mayo del 2021 cuando el propio Correa tejió un acuerdo político con Jaime Nebot y Guillermo Lasso para que se le apruebe una Comisión de la Verdad que diga que la sentencia del caso Sobornos fue parte de un plan para perseguirlo políticamente y echar abajo la sentencia en la Corte Nacional. Si ese intento se frustró, fue porque Lasso salió del equipo y no quiso seguir en el juego.
Uno de los más recientes episodios fue el seminario sobre el caso Sobornos que se montó en Guayaquil. Ahí, las dos estrellas invitadas fueron el jurista argentino Eugenio Zaffaroni – que llegó con la mancha a cuestas de haber arrendado seis departamentos a puticlubs en Buenos Aires- y el no menos célebre Baltasar Garzón, abogado muy bien pagado por el chavismo. Ambos, acompañados de una pléyade de abogados locales como Jorge Zavala Egas y Pedro Granja, hicieron todos los esfuerzos posibles para posicionar la idea de que uno de los conceptos con el que se le condenó a Correa en la sentencia, el influjo psíquico, es una categoría que tiene más vínculos con la brujería que con la doctrina penal. Así, intentaron legitimar al lawfare: pieza conceptual central de la izquierda continental para que sus líderes procesados por la justicia sean vistos como perseguidos políticos y no simples corruptos. Lo que se les escapó es que el propio Zaffaroni, que en su intervención se burló del influjo psíquico, había teorizado muy seriamente sobre ese concepto en uno de sus antiguos tratados sobre derecho penal.
Lo de Guayaquil estaba diseñado con la mira en tres escenarios en los que la defensa de Correa tiene puesto el ojo: la Corte Constitucional, la Corte Nacional de Justicia y el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra. Ninguna es pan comido: en las tres, las posibilidades de que Correa salga bien librado son mínimas. Pero, asimismo, posibles.
El caso de la Corte Constitucional es el que menos se ha mencionado. La idea es que ahí, en virtud de unas acciones de protección extraordinarias que han presentado algunos empresarios condenados, se eche abajo la sentencia por vulneración a los derechos constitucionales. 18 de los condenados en el caso Sobornos han presentado acciones extraordinarias de protección. Sin embargo a 16 de ellos se les ha negado, incluyendo al propio Correa y a sus dos alfiles Alexis Mera y Vinicio Alvarado. Solo hay dos casos en trámite: el de Rafael Córdova Carvajal y el de Bolívar Sánchez Rivadeneira. En principio, si la Corte Constitucional les otorga ese recurso y echa abajo la sentencia (mediante una sentencia que ordene a la Corte Nacional), el efecto sería para todos los condenados. Ese es un temor que hay en la Fiscalía General. «Nadie está viendo eso», dijo a 4P una fuente de ese organismo. En la Corte trabaja, como asesora, María del Mar Gallegos, abogada profesionalmente vinculada con Alexis Mera. El tema no solo es ella. Hay funcionarios nuevos como Gustavo Chiriboga Mosquera quien trabajó como asesor en el bloque correísta en la anterior Asamblea. Esta ventana para Correa luce, sin embargo, complicada: las dos acciones alegan temas que son exclusivos de sus casos y, por ende, no cubriría el resto de sentenciados. Si lo que alegan estos dos empresarios fueran violaciones al debido proceso de todos, entonces Correa y el resto podría beneficiarse. Además, la decisión final debe ser adoptada por el pleno de la Corte, lo que penalistas consultados ven muy difícil.
Luego está el recurso de revisión ante la Corte Nacional de Justicia. Si se observa lo que dice el Código Orgánico Integral Penal, COIP, la cosa no luce fácil. Según el artículo 658 hay tres circunstancias en que cabe este recurso: la existencia de la persona que se creía muerta, si hay dos o más sentencias condenatorias sobre una misma infracción y si la sentencia se ha dictado en virtud de documentos o testigos falsos o de informes periciales maliciosos o errados. Meter en este saco al caso Sobornos parece difícil: los dos primeros escenarios no tienen relación y el tercero no luce plausible pues ya pasaron los filtros de segunda instancia y casación.
También están las instancias internacionales. Correa no ha presentado un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH y a estas alturas el plazo para hacerlo prescribió. Lo que está pendiente es una demanda suya ante el Comité Permanente de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra, en contra del Estado ecuatoriano por la supuesta violación de derechos y la persecución política. Se calcula que ese Comité se pronunciará en los primeros meses del próximo año. Este pronunciamiento, sin embargo, no es mandatorio. La Corte Nacional no está obligada a acatar lo que diga el Comité en caso de aceptar la demanda del ex presidente. Se trata del mismo camino que escogieron los hermanos Isaías para demandar al Estado ecuatoriano por la incautación que hizo el gobierno de Correa de sus bienes y propiedades.
En el caso de los Isaías, el Comité encontró que no tuvieron el derecho a la legítima defensa, puesto que el Mandato 13 de la Constituyente de Montecristi establecía una prohibición expresa a los jueces del país a aceptar de ellos un recurso. Cuando se trata de una sentencia de dicho Comité, los jueces no están obligados a acogerla. Para el caso de Correa, su defensa tendrá que probar que no tuvo un proceso justo, algo muchísimo más complejo que en el tema de los Isaías. Es verdad que, en ese caso, actuó como abogado Jorge Zavala Egas, que ahora colabora con la defensa del ex Presidente.
Si bien es cierto que los tres caminos judiciales que tiene Correa para lavarse la cara son muy difíciles de ganar, nada está dicho. En este país es posible tostar granizo, como dijo Andrés F. Córdova.
Foto: Medios Públicos
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