María del Carmen Maldonado se precipitó sobre las bayonetas: no de otra forma puede ser explicada su salida en falso pretendiendo desconocer el nombramiento del Fiscal Subrogante efectuado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio.
El chasco es de bulto y causa vergüenza ajena en los mentideros políticos y judiciales: no se explican cómo la Presidente de la Judicatura pudo pretender meter un gol olímpico al CPCCS dirigido por Julio César Trujillo. Maldonado dijo, ante las cámaras, alto y fuerte, que es “competencia exclusiva y excluyente del Consejo de la Judicatura la designación de la o del Fiscal General Subrogante”. Por ahí empieza su problema. La competencia nace, como todo abogado sabe, de la ley. ¿En qué texto habrá leído la señora Maldonado que el Consejo de la Judicatura tiene esa facultad? No figura en parte alguna del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial que regula las funciones de ese pleno.
El artículo 47 del mismo Código también la deja en mal predicamento pues dice que la Fiscal o el Fiscal Subrogante “será designado al momento de la elección de la Fiscal o el Fiscal General del Estado”. Se entiende que es atribución directa de la autoridad nominadora del Fiscal; es decir, del CPCCS. Sí dice que “será nombrada o nombrado quien ostente el más alto puntaje y categoría de la carrera fiscal”. En ese punto el Consejo de la Judicatura debía indicar el nombre de esa persona y el CPCCS, en efecto, lo solicitó. Maldonado reconoce que esa información fue pedida pero como ella, motu proprio, ignoró la facultad de designación que tiene el CPCCS, concluyó que no existía obligación por parte de la Judicatura de enviar informe alguno. Trujillo y los seis consejeros procedieron y, en virtud del artículo 47, designaron a Wilson Toainga.
¿Por qué María del Carmen Maldonado y otros consejeros de la Judicatura jugaron a arrogarse funciones? Esa pregunta da pie a una duda mayor que sigue latente entre usuarios asiduos del sistema judicial: ¿a quién querían favorecer para ese cargo? O lo que es lo mismo: ¿a quién querían perjudicar evitando que llegara a ese cargo? Las movidas empezaron antes en ese consejo. El 1 de abril expidió una resolución disponiendo, en el artículo 1, el inicio de un proceso de evaluación y promoción de los fiscales en el país. Lo hizo porque, según el comunicado publicado el 2 de abril, el Consejo de la judicatura anterior, y el Transitorio, no llevaron a cabo ese proceso desde 2018. Ante esa omisión, facultó a la Fiscal -y esto sin base legal pues no puede transferir una competencia que no tiene- para que escogiera su reemplazo hasta que concluya el proceso de evaluación. Esa delegación es absurda porque la Fiscal General no puede elegir a una persona que, eventualmente, pudiera tener que investigarla. Otra ilegalidad.
Y para coronar su desaguisado el Consejo de la Judicatura se pegó un tiro en la nuca: en ese texto dispuso derogar una resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura anterior y así suspender la evaluación hecha en 2015. Conclusión: si esa categorización no está vigente, el CPCCS no violentó orden alguno cuando decidió designar a Wilson Toainga. Esto además de un hecho clave que olvida la presidente del Consejo de la judicatura: el CPCCS goza de facultades extraordinarias para dictar las normas específicas de este periodo de transición.
María del Carmen Maldonado cometió, entonces, dos ilegalidades: arrogarse funciones y delegar una competencia, pretendiendo ejercerla, contra norma expresa. Eso le puede traer consecuencias de carácter administrativo e incluso penal. Arrogarse funciones es un delito. Expertos consultados por 4P. dijeron que el CPCCS podría pedir a la Corte Constitucional que dirima este conflicto de competencia. Por ahora, ese consejo mantiene su actuación y anunció que en tres meses, tras el proceso de evaluación, designará al Fiscal Subrogante. Maldonado está dando cuerpo a las peores presagios: ser funcional a proyectos políticos. Lo fue al correísmo y, ahora, en su movida se siente más una dinámica politiquera que el supuesto reclamo por el ejercicio de una competencia que, como está probado, no tiene. Ni puede delegarla ni puede desconocer una decisión de la autoridad competente.
Este desaguisado prueba, como se temía, que la administración de Justicia no quedó en buenas manos.
Este desaguisado prueba, como se temía, que la administración de Justicia no quedó en buenas manos.
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