Cuando el presidente Lenín Moreno dio a entender, a inicios de la semana, que ya no está interesado en hacer una consulta popular para eliminar al Consejo de Participación y Control Social y mas bien lo invitó a congraciarse con el país, todos los planes y los cálculos que se habían hecho desde algunos sectores para sacar del juego a ese bodrio engendrado en Montecristi entraron en crisis. O al menos tuvieron que adaptarse.
Una consulta auspiciada por el Ejecutivo era, sin duda, para quienes se han comprometido a extirpar los incentivos a la concentración de poderes que hay en el sistema político ecuatoriano, la opción más expedita para evitar que los nuevos consejeros del CPCCS echen abajo lo que ha hecho el Transitario de Julio César Trujillo. Pero ¡zas¡ Moreno lanzó el baldazo de agua fría.
“A la @AsambleaEcuador ha ingresado un proyecto para poder restar las competencias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, @CPCCS, y lo respetamos”, @Lenin Moreno. #90MinutosConLenín
“El @CPCCS debe ganarse la legitimidad ante el pueblo ecuatoriano, ese es el llamado que hay que hacer al Consejo. Para que no suceda lo mismo que con los anteriores, que estaban condicionados por el poder”, @Lenin Moreno. #90MinutosConLenín
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¿Y ahora? Pues resulta que los planes han tenido que modificarse; por lo menos hasta saber si Moreno cambia de idea en los próximos días. En la práctica parece que hay tres fórmulas para enterrar al bodrio: que algún sector ciudadano recoja firmas para convocar a la consulta popular, que se haga una enmienda constitucional y, por último, una reforma a la Constitución. Todas tienen mayores riesgos y problemas que una consulta auspiciada por el Presidente. Veamos
La consulta liderada por un sector ciudadano, como por ejemplo lo que anunció hacer Julio César Trujillo en el foro de 4p., tiene la ventaja de tener menos tiempo de discusiones entre políticos pero requiere una importante inversión económica para recoger las firmas que deben sumar, al menos, el 8 % del padrón electoral. Conlleva el riesgo de que no termine en buen puerto que es propio a cualquier consulta popular.
Luego está la idea de la enmienda constitucional. De esta posibilidad se han abanderado, entre otros asambleístas, la presidente de la Asamblea Elizabeth Cabezas. La vía de la enmienda es la misma que el correato utilizó el 2015 cuando se aprobó la reelección indefinida. En ese entonces, su gobierno no quería una consulta popular porque sabía que iba a perder. Para que este mecanismo funcione, la Asamblea tendría que hacer dos debates con un tiempo de diferencia de un año entre el primero y el segundo, amén de otras demoras que implican la convocatoria y la consulta a la Corte Constitucional que establece la norma. Es decir, para esta alternativa habría que esperar no menos de un año y dos meses. Quienes son partidarios de este sistema, como Wilma Andrade de la Izquierda Democrática, tienen un argumento que tuvo el correato en el 2015: no tener que ir a una consulta, como sería necesario si se va por la vía de la reforma constitucional. Según Andrade, en las actuales condiciones políticas una consulta es una apuesta demasiado arriesgada pues a la postre más que una interrogante sobre la existencia del CPCCS lo que estaría en juego sería la popularidad de la Asamblea, que por el momento está en soletas. ¿No es demasiado largo el año y medio? Quienes defienden esta posibilidad creen que el nuevo CPCCS no tiene facultades para echar por la borda lo hecho por el Transitorio por lo cual bien vale la pena esperar ese tiempo.
Los cuestionamientos a la idea de la enmienda también son conceptuales. ¿Volver a hacer lo mismo que hizo el correato en 2015? El constitucionalista Ismael Quintana, por ejemplo, es uno de los que piensa que hay que ser coherentes y si se criticó al correísmo por hacer reformas a espaldas de la sociedad, no cabría hacer eso mismo ahora. Además, dice Quintana, si bien con la enmienda no hay riesgo de un resultado adverso de la consulta, en cambio entra en juego una posible opinión de la Corte Constitucional. ¿Y qué tal si dice que se debe hacer una Asamblea Constituyente?
La tercera posibilidad es la de la reforma constitucional. Aquí entran quienes tienen una visión más optimista (¿inocente?) sobre la aceptación popular de la Asamblea. Con esta propuesta están involucrados, entre otros, Fabricio Villamar de CREO y Héctor Muñoz de SUMA. En principio, el proyecto de Muñoz apunta a que la designación de autoridades de control regrese a la Asamblea. Aquello fue respaldado por Henry Cucalón, coordinador del bloque del PSC, pero hubo otras voces como Lourdes Cuesta (CREO) y la independiente Mae Montaño, quienes pidieron que no solo se debe limitar sino eliminar al CPCCS.
Para aprobar la reforma, según el artículo 442 de la Constitución, hay que hacer dos debates con noventa días de diferencia y luego convocar a un referéndum. Aquí el problema es el del riesgo que supone hacer una consulta en la que la Asamblea aparece como su convocante, aunque constitucionalistas como Ismael Quintana sostengan que esa consulta no tiene dueño ya que es una consulta de hecho cuyo origen está en la Constitución. Lourdes Cuesta es una de las asambleístas que está convencida de que esta es la vía más adecuada. Según ella, las iniciativas de Villamar, de Muñoz y la de ella que es la de eliminar de cuajo la existencia del CPCCS y no solo quitarla sus facultades para nominar autoridades, podrían confluir en un solo proyecto. En seis meses la reforma estaría lista, sostienen estos asambleístas.
Todos estos caminos diseñados para extirpar el engendro constitucional del CPCCS que sirvió para consolidar la cleptocracia autoritaria del correísmo tienen altos riesgos y costos. Si no es el tiempo, porque es muy largo y permite que el nuevo consejo se consolide, es el costo económico de la recolección de firmas o los chances de que todo se pierda en una consulta ante el desgaste político de la asamblea y los políticos.
Todo esto porque Moreno se echó para atrás en al menos dos ocasiones: la primera cuando ya tenía un proyecto de consulta lista en su despacho y el 6 de febrero decidió no convocarla y la segunda, el lunes de esta semana, cuando llamó a los nuevos miembros de un poder que estima funesto a que se congracien con el país… Moreno tiene este problema de creer que las instituciones pueden ser perversas, pero que basta con poner allí “buenas personas” para que todo se arregle.
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