El observador

La guardia cofán revela nuevas concesiones mineras en áreas protegidas en Sucumbíos

Los cofanes tienen un grupo de 13 guardias que vigilan su territorio con drones, GPS y cámaras. Así detectaron desde enero pasado la presencia de maquinaria pesada en actividades mineras en el río Aguarico, Sucumbíos. Al menos 13 concesiones en zonas protegidas de ese sector se otorgaron días antes y después de la consulta popular del pasado 4 de febrero. En ese plebiscito, el sí ganó en la pregunta sobre prohibir la minería.

09 de julio del 2018

SUSANA MORÁN

Está en Quito, pero sigue vestida como guardiana. Alexandra Narváez, de 28 años, es cofán y es la única mujer de los 13 vigilantes de su comunidad Ai Cofán de Sinangoe, ubicada principalmente sobre los ríos Aguarico y San Miguel en Sucumbíos. Su traje es color verde para confundirse con la selva y de tela ligera para evadir el calor. Sus brazos se ven fuertes. Con ellos carga su larga lanza para las vigilias. Se siente orgullosa de ser parte del equipo que tiene a cargo la tarea más importante de su comunidad: cuidar su territorio de los invasores.

¿Quiénes son esos invasores? Los cazadores, los pescadores y, por supuesto, los mineros. Alexandra decidió convertirse hace un año en guardiana por rabia. Ver extraños que ingresaban a sus tierras sin autorización de los cofanes la motivó a encarar el problema. La labor de los guardias cofán consiste en recibir a los visitantes, pero sobre todo observar y registrar el ingreso de los invasores y sus actividades.

Son los monitores de la selva y han sumado la tecnología a su tarea. Tienen GPS, drones y cámaras. La fundación Alianza Ceibo les ha dado los dispositivos y la asesoría jurídica. Con ellos salen a sus rondas y ya han detectado a 70 personas en un año. Los han visto cazar guantas, poner veneno en los ríos para lavar oro y  trampas en el bosque, lo que es un riesgo para los hombres cofán que van de cacería. Cada especie, cada piedra es sagrada, dice Alexandra.

La guardia Cofán actúa desde hace un año. Hace viajes largos y cortos para monitorear su territorio. 

La nacionalidad cofán está en la provincia de Sucumbíos. Es un pueblo binacional. La mayoría de su población es de Colombia con 1.000 habitantes; en el lado ecuatoriano están 800 en 10 comunidades. Se ubican cerca a los ríos San Miguel, Aguarico y Bermejo.

La guardianía es un sistema tradicional de los cofanes, pero se fue perdiendo con el tiempo. Desde hace un año y medio, esta comunidad decidió recuperarlo. Para ello escribieron su propia norma legal y la aprobaron el 5 de mayo de 2017 en una asamblea general. La llamaron Ley Propia de Control y Protección del Territorio Ancestral de la Comunidad de Sinangoe de la Nacionalidad A’i Kofan.

La ley tiene siete artículos en los que se prohíbe cualquier actividad minera con batea, canalón, tecle, draga; la pesca con barbasco, veneno, dinamita, pistolas de agua, redes, atarraya; la cacería con trampas, escopeta, perros, así como la venta de especies; y exige al Estado que sean consultados cada vez que cualquier institución pública o privada pretenda realizar alguna actividad de explotación de recursos.

En ella también se establece que el equipo de guardias indígenas del territorio fotografíen a las personas que sean sorprendidas haciendo esas actividades. Los notificarán de manera verbal o escrita sobre las prohibiciones y les exigirán su inmediata salida del territorio. Si vuelven por segunda vez les serán decomisadas sus herramientas y los recursos extraídos, y sus campamentos serán desmantelados. En el tercer intento, serán retenidos previa coordinación con la Policía. La ley está escrita es español y en su lengua ancestral a’ingae.

El acceso al territorio es difícil. Largas caminatas en medio de la lluvia es parte de la labor de estos monitores de la selva. 

En el lanzamiento de la ley estuvieron funcionarios locales. María Espinosa, abogada de Alianza Ceibo, recuerda que la norma indígena levantó resistencias. Las autoridades les dijeron que no pueden hacer una ley propia porque ya existen normas para eso. Los cofanes les respondieron que esas mismas leyes como la Constitución les da el derecho a la autodeterminación. “Fue una reivindicación de su autogobernanza”, sostiene Espinosa. Esta es la primera comunidad indígena en escribir su propia ley, según la experta.

Desde su promulgación, los guardias cofanes han hecho innumerables recorridos. Estos pueden durar entre tres y cinco días, muchos de ellos en difíciles condiciones. Álex Lucitante, coordinador del equipo cofán en la fundación, asegura que el acceso al territorio es complicado. En ocasiones solo para llegar a un punto es necesario subir una montaña por ocho horas. O es necesario escalar agarrándose de las raíces.

Una de las principales tareas de la guardia cofán es registrar con coordenas sus árboles, ríos y zonas sagradas.

Por eso cree que Alexandra Narváez es un ejemplo para su comunidad. Hay más mujeres que también hacen tareas de vigilancia, pero que salen a recorrido cortos. Pero Alexandra es la única que ha culminado las más largas excursiones. Lleva el mismo peso en víveres que sus compañeros cofanes. “No por ser mujer voy a cargar menos”, dice. Llevan sal, azúcar, avena, machica. Un día fueron solo con sal y azúcar. “Casi nos desmayamos del hambre, pero con las lanzas pescamos”.

"Heredaré a mis hijas el oficio de ser guardiana de la selva"
Alexandra Narváez

Aún así recuerda que un viaje hasta el río Khukhuno Grande, ubicado dentro del parque nacional Cayambe-Coca, la hizo casi desfallecer. Lloró porque era invierno y anduvieron en medio del lodo. “Me cogí de unas plantas y allí lloré”. Se perdieron del camino. Sus compañeros pensaron en regresar a la comunidad por ella. “Pero yo les dije, ¿cómo que no puedo? ¡Vamos!”. Al otro día hicieron una trocha y siguieron.

En ese viaje mapearon los puntos más importantes de su ancestralidad: sus árboles de frutas, de la chambira (chigra), del yoco (energizante), los caminos de cacería, los ríos. Con GPS establecieron sus coordenadas exactas. Los cofanes quieren demostrar que es un territorio ancestral y vivo. Han vuelto a visitar las rutas de sus abuelos para buscar medicinas y alimento. Se movían por la zona según las estaciones del año. Ha encontrado también puntos con vestigios arqueológicos como cerámicas. “No es un territorio muerto”, insiste Álex.

También han ubicado las zonas sagradas. Por allí se debe transitar en silencio. En esas zonas habitan a los que denominan seres invisibles. Álex explica que son antiguos habitantes cofán. Amenazados por la colonización y de las pestes que traían como el sarampión tomaron mucha medicina, el yagé, y se hicieron al lado de la selva. Se ocultaron en ella. En las ceremonias de yagé pueden encontrarse con ellos, quienes les manifiestan su dolor y rabia por las incursiones en su territorio. A ellos también los quieren proteger con su ley.

Alexandra dice que heredará a sus hijas el oficio de ser guardiana de la selva. Ellas, de 9 y 11 años, la han animado a salir a los largos viajes. Ellas ya le han pedido que les confeccione su traje verde.

‘Matarán al río Aguarico’

Álex Lucitante viene de una familia de defensores cofán. Su padre y sus hermanos han sido líderes de su comunidad. Él lleva seis años cuidando su territorio. Por eso él también sale a los recorridos con los guardias cofanes. Es así que han logrado identificar operaciones mineras desde enero de este año dentro del río Aguarico. Anteriormente habían visto pequeños grupos de mineros de hasta siete personas, a quienes los fotografiaban y les pedían sus números de cédula. Les prohibían volver.  Álex asegura que lograron detener a esos mineros durante todo el 2017. “Todo infractor tiene miedo a las cámaras”.

“En el río Aguarico nuestros niños se bañan, las mujeres lavan la ropa, los abuelos cogen agua"
Álex Lucitante

Pero a partir de enero, el Gobierno otorgó nuevas concesiones mineras. Del detalle que ellos han levantado, hasta el momento hay 21 concesiones en esa zona, de las cuales 13 se otorgaron entre el 17 de enero y 9 de febrero de este año, la mayoría por 25 años. Es decir en los días previos y posteriores a la consulta popular del 4 de febrero, cuando la pregunta sobre prohibir la minería en todas sus etapas, en áreas protegidas, intangibles y centros urbanos ganó el sí.

Se trata de minería en pequeña y mediana escala, pero las 21 concesiones comprenden 19.556 hectáreas. Las más grandes las ejecuta la Empresa Nacional Minera del Ecuador (Enami EP) desde el 2013 y tienen entre 4.100 y 4.800 hectáreas. Estas están en fase de explotación. Pero hay 30 concesiones más en estudio.

Dentro de las concesionarios hay personas y empresas. Pero algo que les ha llamado son las de pequeña escala. Según la abogada María Espinosa, al revisar el catastro minero, se encontraron con una familia que tienen hasta seis concesiones, una junto a la otra. Eso terminaría siendo una gran concesión, en su opinión. Actúan así porque los requisitos para este tipo de minería son menos exigentes. “La práctica es explotar toda la orilla del río con concesiones diversas para facilitar los trámites”.

La comunidad entró en alarma después de ver retroexcavadoras trabajando dentro del río Aguarico. Los guardias registraron esas operaciones. Tienen fotografías de esa maquinaria. “En ese río nuestros niños se bañan, las mujeres lavan la ropa, los abuelos cogen agua para la comida y la medicina. ¿Cómo pueden estar metidos ellos allí?”, se pregunta el líder cofán. Del Aguarico también se abastece Lago Agrio, capital de la provincia de Sucumbíos. En sus orillas están no solo comunidades cofán sino también quichuas.

En su línea de tiempo desde inicios de este año tiene al menos cinco hechos preocupantes. El 12 de enero pasado, observaron por primera vez la presencia de esa retroexcavadora sobre el río Aguarico, a la altura de Puerto Libre, en un sector conocido como La Pizarra. También vieron el uso de canalón y motobomba. Había más de 20 mineros. Según pudo georreferenciar la guardia de Sinangoe, esa maquinaria estaba ubicada a más de 225 metros fuera de los límites de la concesión denominada Properidad. Según la información oficial en la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), tiene una concesión para la exploración inicial y no para explotación.

Según la comunidad, desde noviembre de 2017 hasta febrero de 2018, esa empresa minera -que anteriormente se llamó Prosperidad- convocó a los habitantes del sector y a la Junta Parroquial de Puerto Libre para firmar un “acta compromiso” que avale su actividad. Los cofanes denuncian que para ninguna de las concesiones en su territorio se ha realizado una consulta previa como lo establece la Constitución. “Nos manifestaron que la consulta no la hace el Ministerio de Minas sino el dueño de la concesión. Cuando la ley es clara y el responsable es el Estado”, recuerda Álex.

El 9 de febrero pasado, la guardia volvió a observar una retroexcavadora dentro del río Aguarico en el sector de las Pizarras, en la zona que corresponde a la concesión Puerto Libre. Con la ayuda de un GPS determinaron que estaba más de 100 metros fuera de los límites de la concesión y dentro del área del parque Nacional Cayambe-Coca. Esa es una área protegida y la comunidad de Sinangoe reclama porque la minería está prohibida en esas zonas.

El 27 de febrero pidieron a la Fiscalía que realizara un acto urgente. Llegó un día después a la zona junto con la Policía. Pero según la comunidad, eso tardó y dio tiempo a los mineros para limpiar el lugar. Según sus líderes indígenas, en esa diligencia no se tomó evidencias de muestras de sedimento y agua para identificar el uso de mercurio u otros químicos no permitidos. Solo un minero, César Q., entregó los permisos de su concesión. “La Fiscalía en ningún momento tomó coordenadas para verificar si la actividad se encuentra o no dentro de alguna concesión”, dice su denuncia.

El 22 de marzo observaron un nuevo sitio de minería por la orilla del río Aguarico, a 5 kilómetros río arriba del lugar donde fue hallada la segunda retroexcavadora. “Se taló más de una hectárea de bosque, y los daños a la orilla del río son considerables. También se observa un camino por la orilla y dentro del cauce del río que fue construido para llevar la maquinaría al nuevo sitio de explotación, dañando la rivera por varios kilómetros y cambiando la morfología del terreno y del lecho del río”, dice la denuncia. Esto fue registrado también por el diario británico The Guardian.

Con un drone fotografiaron esta zona a la orilla del río Aguarico el 22 de marzo de 2018. Dos semanas después registraron en el mismo lugar que una hectárea de bosque había sido talada para actividades mineras. Foto: Comunidad Ai Cofán de Sinangoe. 

Las actividades mineras han ido en aumento, según los investigadores cofán. Han superado entre veces las operaciones observadas entre enero y febrero. Hay caminos río arriba que se estarían acercando hasta el río Chingual, que es la cabecera del río Aguarico. “Allí hay dos pendientes inaccesibles. Si empiezan a moverlas y como hay constante lluvia eso provocará deslizamientos de tierra y provocará taponamientos en el río. Lo van a matar”, manifiesta Álex.

El 23 de abril pasado encontraron al menos 1 hectárea donde se han talado de árboles y se ha instalado campamentos para trabajadores. Aseguran que esta área de trabajo estaría también alejada de los límites de la concesión Puerto Libre. Los cofanes han documentado sus monitoreos con fotos tomadas con drones y GPS.

En noviembre del año pasado, antes de que hubiera mayor actividad minera, visitaron la zona funcionarios del Ministerio de Ambiente (MAE), de la Defensoría del Pueblo, de la Gobernación de Sucumbíos, de la ARCOM y de la Secretaría Nacional del Agua. De esa inspección, el MAE confirmó en un informe el hallazgo de actividades mineras ilegales que estaban afectando áreas protegidas, el agua y a la población. “Ellos mismo confirmaron que esa era la puerta a actividades de mayor escala”, recalca el líder indígena.

Hasta el momento las comunidades indígenas han registrado afecciones en la piel. En las orillas del río han encontrado peces muertos y lugares olor a veneno, a huevo podrido. Álex narra que el olor es tan intenso que les provoca dolor de cabeza. Donde han hecho minería, el agua se queda con una contextura gomosa. “Hay un líder de pequeños mineros que dice que como no tienen permisos intentan acelerar el trabajo y para eso usan el mercurio”.

A las denuncias se han sumando las comunidades Ai Cofán de Sinangoe, Avie, Dureno, Dovuno; las comunidades Siona de Sotosiaya, Seoqueya, Tarabeaya, San Victoriano; las comunidades Siekopai de Waiya, Siekoya Remolino; las comunidades Kichwa de Jesús del Gran Poder, Playas de Oro, Yana Allpa, Cuchapamba; y las organizaciones NOAIKE (Nacionalidad Originaria A’I Kofan del Ecuador) y NASIEPAI (Nacionalidad Siekopai del Ecuador). Las autoridades a todo nivel saben de estos hechos, según María Espinosa, su abogada (ver testimonio ampliado). Pero las comunidades indígenas de la zona han reclamado porque, a pesar de ese reporte, las autoridades no han actuado. Plan V pidió entrevistas con las máximas autoridades del MAE y de la ARCOM sin que exista alguna respuesta. Álex resume la preocupación de su pueblo: “Los ríos son parte del territorio y complementan nuestra vida”.

  TESTIMONIO  

‘La ARCOM dice que el minero es quien le tiene que
avisar si tiene licencia para operar’

María Espinosa, abogada de la fundación Alianza Ceibo

"Puerto Libre y Properidad que son las concesiones que están frente al territorio de Sinangoe y no tienen esos dos documentos (permisos de Ambiente y Senagua). Aún así están operando".

El 22 de mayo, en el Ministerio de Minas un funcionario nos dijo que la consulta previa no procede porque, según él, la concesión simplemente es el otorgamiento de un permiso, que finalmente el Ministerio no sabe si el otorgante lo va a usar o no. ¿Entonces para que lo da? De acuerdo a la Ley de Minería, una vez que se otorga la concesión hay que hacer unos actos administrativos previos que son la licencia ambiental que la da el MAE y la emisión de aprovechamiento del agua que la entrega la Senagua. Se supone que el otorgante no puede tener la concesión sin haber cumplido esos pasos.

Sin embargo, ellos dicen que solo llega hasta el otorgamiento. Puerto Libre y Properidad que son las concesiones que están frente al territorio de Sinangoe y no tienen esos dos documentos. Aún así están operando. Cuando le preguntamos al Ministerio de Minas nos dijo que ellos no son los responsables de vigilar, que para eso está la ARCOM. Pero cuando fuimos a la ARCOM nos dijeron: ‘el minero es el que me tiene que avisar’. Porque de acuerdo a la ley cada año, el minero debe enviar un reporte. ‘Ya, pero si yo soy minero, yo no te voy a avisar que tengo licencia para operar’, les dijimos.

Entonces les preguntamos por qué no aplican mecanismos de control. ‘No, yo no controlo las licencias ambientales, lo hace el MAE’. Entonces nos fuimos al MAE. ‘Yo emito la licencia si me la piden, si no me la piden cómo sé qué están operando’, nos contestaron. Esa ha sido la respuesta todo el tiempo a la comunidad.

La comunidad elaboró varias alertas tempranas con las que se abrió una indagación previa en la Fiscalía. En esa investigación se hizo una diligencia por delito minero y otros por delitos contra la flora y la fauna. Y se pidió un acto urgente por delito minero. Pero aún no tenemos respuestas.