viernes, 17 de noviembre de 2017

Periodismo: el gobierno fabrica otro cuento chino

  en La Info  por 
“Los medios públicos se renuevan para la ciudadanía”: con este título diario El Telégrafo dio cuenta de los cambios que el gobierno está operando en los medios que controla. Rafael Correa sumó 29 en ese, que pasó a ser el mayor monopolio mediático del país. El Fantasma, propietario de El Comercio, tiene 17 medios y 87 frecuencias.

Por supuesto este cambio se hace en un ambiente de mayor libertad, es impulsado por personas de buena voluntad y el discurso que lo ampara es más amigable: hacer periodismo y no propaganda; ser inclusivo en vez de ser partidista; devolver la voz a la gente e ir a su encuentro… y tratar de ser autosustentables para no ser una carga para el fisco.
Las personas cambian, el discurso varía pero la situación de fondo permanece: el gobierno de Lenín Moreno recibió ese pool de medios y, en vez de deshacerse de ellos, se inventa, para conservarlos, un plan de modernización que se basa en una teoría: convertir esos medios, que fueron usados por Correa y su gobierno, en medios públicos. No hay una ley que diga a los ciudadanos ecuatorianos a qué se debe parecer un medio público. No se sabe, entonces, cómo esos medios harán para lograrlo ni qué debe esperar la sociedad de ellos.
No obstante, la teoría que está vendiendo el gobierno ya ha sido comprada por periodistas y actores sociales. En esa teoría, el gobierno mete mano en los medios, pero no los usará para sus intereses. Operativiza todo este cambio desde el campo político, pero dejará que en los medios florezca la lógica periodística. Paga a los periodistas, como si fueran funcionarios públicos, pero los dejará pensar, escribir y actuar como librepensadores. En esa teoría, se da por sentado que el gobierno modernizará el periodismo y aceptará que los periodistas escudriñen todas sus costuras…
Si esa teoría pudiese ser verosímil implicaría que, al fin, se resolvería la contradicción que existe entre el poder político y el periodismo. Y no: esa contradicción es irremediable. Ecuador vuelve al falso dilema que plantearon hace años ciertos periodistas que saltaron a la arena política. Algunos dijeron que era necesario en este oficio conocer los dos lados del espejo: conocer la verdad en una redacción; aprender a ocultarla en el otro. Como si la estructura y la lógica del pensamiento político y sus mecanismos de acción pudieran ser concebidos al margen de la deontología periodística, y no la afectaran. Pues no: no hay puerta giratoria posible entre los dos oficios.
Correa también había prometido mejorar la calidad del periodismo. Lo dijo dando a entender que él, como poder poder político, quería tener mejores críticos delante. Con ese cuento, que algunos periodistas también compraron, Correa fabricó un monopolio mediático al servicio de su Estado-de-propaganda y por poco liquida el verdadero periodismo en el país.
Tras una década de ese tipo de falacias, es inquietante ver lo que el gobierno de Moreno hace en el campo de la comunicación: mantener el monopolio mediático, gastar en él alrededor de $100 millones anuales, generar una competencia desleal con la industria periodística que Correa casi quiebra y, sobre todo, aupar un embuste: que el poder cambiará para bien el periodismo y, en este caso, lo volverá público.
Esa tarea –como modernizar el periodismo en general, tras diez años de correísmo– es un trabajo que, por las dinámicas que conlleva, se debe hacer desde la sociedad y contra la lógica del poder. De los poderes. Porque ningún gobierno puede mejorar el periodismo; tampoco el público. Ningún periodista que acepte ser funcionario, puede seguir pensando y actuando como periodista. Porque ningún gobierno tiene por qué tener medios de comunicación a su disposición.
Esas verdades han sido corroboradas por la historia del periodismo. No tienen que ver con la actitud más o menos bonachona de Lenín Moreno o con la calidad humana de Andrés Michelena. Tampoco tiene que ver con el discurso prefabricado y fervoroso de los periodistas contratados para esa tarea imposible. Tiene que ver con la lógica intrínseca del poder político.
El gobierno, como cualquier gobierno, debe tener órganos, pocos y especializados, de difusión. Pero los medios que tiene debe devolverlos a la sociedad y no conservarlos bajo el pretexto de inaugurar con ellos el periodismo público. Ese periodismo, que es una necesidad en el país, no puede depender, como depende en este momento, de la buena voluntad presidencial.
Mientras tanto lo más sano es exigir al gobierno que saque sus manos de la comunicación (nada ha hecho sobre la Ley de Comunicación) y acabe con todos los organismos que creó el correísmo para eliminar a todos aquellos que no se comieron el cuento de que es tarea del gobierno hacer buen periodismo…

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