Carlos Ochoa: a más de servil inquisidor, un ignorante supino

Publicado en noviembre 6, 2017  en La Info  por Martín Pallares

Carlos Ochoa, como Superintendente de Comunicaciones, es uno de los funcionarios con mayor rango en la estructura del Estado y con uno de los mejores sueldos de la burocracia ecuatoriana. De hecho, gana 5 510 dólares mensuales lo que significa 66 120 dólares al año. Nada mal.  Sin embargo, a pesar de ser parte de la súper élite burocrática, el Superintendente de Comunicación no entiende las responsabilidades que tiene un servidor público, ni tiene idea sobre los principios universales de libertad de expresión que, se supone, debería saber tomando en cuenta que algún día fue periodista.  

En efecto, de acuerdo a una declaración que dio el viernes 1 de noviembre y que fue recogida por diario El Universo, Ochoa piensa que nadie tiene el derecho de hablar mal de él, ya sea por su forma de ser o por lo que hace en su trabajo. “Los funcionarios estamos expuestos al escrutinio público, pero no a la malediciencia pública. Tenemos familia, hijos, dignidad y honor. Que yo desempeñe un cargo público no es una patente de corso para que hablen mal de mi forma de ser o trabajo”.

Ochoa formuló la afirmación cuando un grupo de periodistas le preguntaron su opinión sobre la sentencia del Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha que el 31 de octubre volvió a declarar inocente al pelagato Martín Pallares, acusado por el ex presidente Rafael Correa de haber lesionado su “buen nombre” por un artículo que escribió sobre él cuando Correa aún estaba en el poder. Ese tribunal al resolver el caso Correa vs. Pallares recogió argumentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual el Ecuador es signatario, que dicen que los servidores estatales están expuestos a la crítica ciudadana y que deben ser más tolerantes que el resto de ciudadanos al escrutinio público.

Ochoa, a juzgar por su declaración, no comprende nada sobre la importancia del debate público en una sociedad democrática y abierta. Si lo comprendiera no pretendería que los ciudadanos, que a la postre son los que le han encargado el cargo que tiene, no hablen mal ni de su forma de ser ni, lo que es peor desde el punto de vista del debate público, de su trabajo, como textualmente dijo a los periodistas. Ochoa pretende, como se ve, que nadie, ni siqiera quienes le financian el sueldo, hablen mal de la forma en la que está haciendo su labor.   ¿Como concebirá Ochoa una sociedad donde nadie tenga derecho a opinar, incluso con la maledicencia de la que él habla, sobre el trabajo de un funcionario público? ¿Conoce a Juan Montalvo? ¿Sabe que le decía “mudo” al presidente Ignacio de Veintimilla? Evidentemente, Ochoa no comprende ni la importancia que tiene el debate público en la construcción de una sociedad bien informada y deliberante, ni conoce absolutamente nada sobre la historia de la libertad de expresión ni la legislación internacional sobre el tema.

Si el Superintendente hubiera leído al menos algo sobre la jurisprudencia internacional que hay sobre el tema, no diría cosas como las que dijo ese día en Quito. Por ejemplo, aquel pronunciamiento de  la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la obligación de los funcionarios a tener mayor tolerancia frente a la crítica y cuya esencia fue citada por el tribunal que exoneró a este pelagato. Ese organismo ha dicho que “los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como ‘leyes de desacato’ atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”.  No le sentaría mal, tampoco, echar una ojeada a lo que la Corte Europea de Derechos Humanos ha dicho sobre el punto: “Los límites de la crítica aceptable son, por tanto, respecto de un político, más amplios que en el caso de un particular. A diferencia de este último, aquel inevitable y conscientemente se abre a un riguroso escrutinio de todas sus palabras y hechos por parte de periodistas y de la opinión pública y, en consecuencia, debe demostrar un mayor grado de tolerancia”.

El Superintendente, de acuerdo a sus expresiones, tampoco ha logrado asumir que los funcionarios públicos tienen responsabilidades que los otros ciudadanos no tienen. Cuando los periodistas le preguntaron sobre si el fallo al favor del pelagato Pallares sentaría jurisprudencia en el Ecuador, Ochoa dijo que de ninguna manera porque, de acuerdo a la Constitución, “todos los ecuatorianos somos iguales ante la ley. En deberes y derechos”. Si supiera lo que significa ser un funcionario público debería conocer que sus responsabilidades y deberes son distintos al del resto de personas sin que eso signifique que tenga menos derechos. Un funcionario público, que asuma que su cargo es tan solo un encargo hecho por los ciudadanos. Pero como Ochoa pertenece a esa corriente de pensamiento que el correísmo quiso imponer en el país y según la cual la honra del funcionario público está muy por encima del derecho que tienen los ciudadanos a expresarse sobre ellos. Tal como razona el correísmo, Ochoa es de aquellos que piensan que los límites a la libertad de expresión de los ciudadanos deben ser fijados por el Estado a través de decisiones de funcionarios como él.

Cuando el superintendente Ochoa niega que el fallo del tribunal en el caso Correa vs. Pallares, que se basa en la doctrina de la Corte Interamericana, pueda ocasionar jurisprudencia en el sistema jurídico ecuatoriano está negando, además, que los tratados internacionales están por encima de la Constitución y que el Ecuador es signatario del Sistema Interamericano de Justicia que tiene a la Corte Interamericana como su eje.  Lo grave no es que parece que Ochoa está ignorando cosas básicas como aquella, sino que al responder a los periodistas pretendió aparecer como intérprete del sistema jurídico ecuatoriano.  De paso, con su peculiar interpretación, parecería que está negando incluso la pretensión que tiene su compañero de gobierno y vicepresidente, Jorge Glas, de apelar su caso ante la Corte Interamericana, que jamás ha sido desconocida por el Ecuador.

Al final de su declaración e insistiendo en esa ignorancia sobre ética pública, Ochoa dio a entender que si hay algún problema en el trabajo de un funcionario público es únicamente la Contraloría la que debe pronunciarse. “Si alguna persona ha cometido un error y ha recibido dinero de más, será la Contraloría la que determine quién o quiénes han sido. Lamento que se generalice”. Dicho de otra manera, dio e entender que para él lo único que puede exigirse a un funcionario es no robar y que, por lo tanto, solamente un organismo estatal de control puede pronunciarse sobre su desempeño.

Ochoa no solo que no asume su condición de funcionario público con todas las responsabilidades que eso supone, sino que además es un ignorante consumado sobre la doctrina y la jurisprudencia que existe sobre libertad de expresión. Y ese señor le custa al país más de 60 mil dólares anuales.