Al pan y al vino vino

Publicado el 11 noviembre, 201710 noviembre, 2017 por AGN

[Alberto Ordóñez Ortiz]

Con el proyecto de ley de reactivación económica y la proforma presupuestaria, el gobierno va dando forma a la preocupante sombra que al momento proyecta. Y digo preocupante sombra, porque los proyectos se fundan principalmente en una retahíla de impuestos que encarecerán significativamente el costo de la vida, en un crecimiento burocrático que contradice la cacareada austeridad, como en el creciente endeudamiento: tres de los principales pilares del correato. Pruebas al canto: la deuda contraída en 5 meses alcanza la cuantiosa cifra de los 7.500 millones de dólares.

Si agregamos la exclusión de la deuda que el Estado mantiene con el IESS, pese a la obligación constitucional y legal de incluirla en el proyecto presupuestario, argumentando que no está calculada, no obstante que el Contralor -Juez de Cuentas del Estado- la cuantificó en más de 2.800 millones de dólares, tendremos que convenir que las cosas no están bien. Nada bien. Peor, aún, si la Seguridad Social habría pasado a terapia intensiva.
Los préstamos obtenidos por el gobierno -porque son varios- no fueron negociados en las mejores condiciones, los intereses contraídos son demasiado altos si los comparamos con los que pagan otros países de la Región. Pero hay algo más: Para la obtención de uno de ellos, sirvió de garantía, parte del oro que sustenta al Banco Central y a la economía nacional, acción que, en términos comparativos, equivaldría a la entrega de nuestro estandarte económico. Ni más. Ni menos.

En esas condiciones, el promocionado diálogo pierde terreno, porque a los sectores dialogantes se les ofrece solucionar “cariñosamente” sus problemas, mientras a sus espaldas se adquieren deudas que volverían inviables las ofertas y darían margen a que se amplíe la oposición. El problema -desde luego- no termina allí, sino que se extiende a la Consulta Popular que, tal como van las cosas, -Dios no lo quiera-, podría constituirse en una ruidosa derrota, sin desconocer que es mérito del Presidente el combate contra esa suerte de “cosa nostra” que nos legó Correa y que, todavía no se destapa del todo. ¿Porqué…?. Esa, la gran interrogante.

Sin embargo, hay un hecho preocupante: la no incriminación del ex-presidente en ninguno de los delitos que habría cometido al ser autor de varios decretos que son violatorios de la Constitución y del Código Integral Penal -COIP-. Al respecto, basta citar uno ejecutado dentro del más sórdido “engranaje”: Mediante el Reglamento de la Ley Ecuatoriana de Educación Intercultural -Art. 355- se dispone que tanto los docentes como los estudiantes “tendrán la obligación de denunciar al presunto hostigador “sexual a menores” ante la Junta Distrital de Resolución de conflictos”, mientras el COIP prescribe que la denuncia será presentada en la respectiva Fiscalía. Por su parte, la Constitución -Art. 425- prescribe que los reglamentos son, como tiene que ser, jerárquicamente inferiores a la Ley. Pero, más allá de ese horizonte, lo que el país demanda enfáticamente son resultados, porque sino habría que concluir que solamente se ha dialogado o discutido con quienes se estuvo enteramente de acuerdo. (O)