Fuente: EL TIEMPO.COM
En todos los
países, la relación entre el periodismo y el poder da pie a permanentes
conflictos. Es natural que así sea. La prensa, perro guardián de la democracia,
busca develar lo que funcionarios y poderosos no tienen interés en que se
conozca. Pero cosa distinta es que los gobernantes busquen limitar o cercenar
los fundamentales derechos a la expresión, información y prensa.
Esto viene
sucediendo en Ecuador. Desde hace varios años, el presidente Rafael Correa ha
querido silenciar a aquella que considera opositora. Su tolerancia a la crítica
y a la información que no lo favorecen es nula.
No desaprovecha oportunidad
para insultar y descalificar a periodistas y medios. Rompe periódicos e invita
a los ciudadanos a que no los lean. Tacha a sus directores, comunicadores y
directivos de organizaciones que defienden la libertad de expresión de
corruptos, mentirosos, cobardes, sicópatas... y otros epítetos impropios de un
gobernante. Promueve y apoya leyes que limitan la libertad e independencia de
los medios. Utiliza medidas administrativas para ejercer presión. También
presiona a la empresa privada para que no paute en los que son objetivos y
críticos. Demanda a unos y otros por vías penales y civiles. En febrero del
2012, la Corte Nacional de Justicia, en sentencia que resolvió la demanda
interpuesta por el mandatario, confirmó la condena al pago de cuarenta millones
de dólares contra el periódico El Universo y sus directivos, y la condena a
tres años de prisión contra estos y el periodista Emilio Palacio por una columna
publicada en ese mismo diario el 6 de febrero del 2011.
Y si bien
Correa, en lo que mostró como un acto magnánimo, pero que en realidad obedeció
a la presión internacional, solicitó la anulación de estas condenas y de las
impuestas a Calderón y Zurita, autores del libro El Gran Hermano, ha
incrementado sus actuaciones contra el periodismo libre e independiente y
generado temor y autocensura en la prensa ecuatoriana.
En lo que
podría considerarse la estocada final a la libertad de información en Ecuador, está
a punto de ser aprobada por la Asamblea General de Diputados la ley orgánica de
comunicaciones, la cual, debido a los excesivos controles y limitaciones que
impone a los medios, ha sido denominada ‘ley mordaza’.
El proyecto
que se tramita, y que ha sido respaldado por el presidente Correa, desconoce
los estándares mínimos que, para garantizar el derecho fundamental a la
libertad de expresión, información y prensa, se encuentran consagrados en la
Constitución de ese país y en tratados internacionales.
Las normas
propuestas convierten el ejercicio de un derecho fundamental, la información,
en un servicio público sometido al control y vigilancia del Estado a través del
Poder Ejecutivo. Abre la puerta para intervenir contenidos, establece un
régimen de sanciones y responsabilidades que podrían poner en riesgo la
subsistencia de los órganos periodísticos, y estimula la concentración de los
medios públicos en desmedro de los privados.
Además, se
afirma que, por iniciativa del Gobierno, se adicionarían nuevas normas para
crear la Superintendencia de Comunicaciones, que autorizarían la intervención
en los medios y llevarían a tipificar como delito el “linchamiento mediático”,
en virtud del cual los procesos de investigación periodística, especialmente
los relacionados con denuncias de actos de corrupción, se volverían imposibles.
La
aprobación de esta nueva ley no solo afecta a la prensa ecuatoriana, sino que
sería un duro golpe para la libertad de expresión, información y prensa en el
mundo entero.
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