
¿Cómo empezó todo?

En abril de 2024, en plena crisis eléctrica, el Gobierno declaró la emergencia del sector.

CELEC contrató de forma directa a Progen (Salitral y Quevedo, USD 149,1 millones) y a Austral Technical Management —ATM— (Esmeraldas, cerca de USD 90 millones).

Meses después, Progen firmó un tercer contrato, con EERSSA, para repotenciar Catamayo (USD 20,1 millones).

Ninguno de los tres proyectos entró en operación en los plazos pactados.

¿Qué encontró la Contraloría?

Realizó tres exámenes especiales sobre los tres contratos.

En el caso ATM, halló que la empresa se constituyó con apenas USD 260 de capital y que la verificación técnica se hizo por videollamada.

En Progen (Salitral y Quevedo), determinó que la empresa no acreditó experiencia técnica y que se pagó el 70% sin evidencia suficiente.

En Catamayo, el hallazgo más grave: Progen nunca se registró legalmente en el país.

En conjunto, las tres auditorías suman responsabilidades civiles por más de USD 138 millones.

¿Qué hizo la Asamblea?

La Comisión de Transparencia investigó los contratos durante 2025. Ningún ministro de Energía fue llamado a comparecer.

El 30 de agosto de 2026, el Pleno aprobó, con 80 votos a favor, un informe que exoneró de responsabilidad política a los tres ministros que pasaron por la cartera durante el caso.

El informe ubicó la responsabilidad en la gerencia general de CELEC y en los gerentes de las unidades de negocio que ejecutaron los contratos, no en los ministros.

Un intento separado de juicio político contra la exministra Inés Manzano fue archivado, el 31 de julio de 2026.

¿Qué investiga la Fiscalía?

El Caso Apagón se centra solo en los contratos de Progen (Salitral y Quevedo).

En mayo de 2026 se formularon cargos contra 21 personas por presunto peculado, entre ellas el exministro Antonio Gonçalves y el exgerente de CELEC Fabián Calero.

En agosto de 2026 se sumaron 10 procesados más.

En total, 31 personas están procesadas, la mayoría con prisión preventiva.

¿Hay un frente fuera de Ecuador?

Sí. CELEC demandó a Progen en una corte federal de Florida, bajo la ley RICO.

Busca rastrear el destino de los cerca de USD 110 millones que la empresa recibió.

En mayo de 2026, un juez federal permitió a CELEC acceder a los registros bancarios de Progen.
No hay comentarios:
Publicar un comentario