Los golpistas ya creen tener una causal
Hasta hoy lunes, la comisión de la Asamblea que redacta el informe sobre el caso Gran Padrino, para enjuiciar y censurar al presidente Guillermo Lasso, tenía un problema: no contaba con una causal contundente e inobjetable. La única que tenía se había malogrado cuando se supo que el decreto del presidente Lasso con el que entregó los poderes en las empresas públicas al presidente de EMCO, en este caso Hernán Luque, había sido en realidad para poner en vigencia una ley orgánica para las empresas públicas aprobada durante el gobierno de Rafael Correa.
La más entusiasta de ese argumento era la disidente de Pachakutik, Mireya Pazmiño, que la semana pasada lucía extasiada con lo que ella pensaba que no solo era la prueba de que Lasso dirigió una operación de corrupción en las empresas públicas, sino que con eso demostraba que el presidente es un fascista. “¿Acaso no tenemos un presidente autoritario, fascista, en estos momentos?”, dijo en un arranque de frenesí golpista. Hasta ahora, Pazmiño está convencida de que ese decreto estaba diseñado para que Luque se lleve el santo y la limosna de las empresas públicas, pero en la comisión ese argumento había perdido fuerza. Con esa causal en pindingas, el trabajo de los comisionados encargados de encontrar la causal para la destitución estaba en riesgo.
Ese problema aparentemente se solucionó hoy y la fórmula vino de la mano de Andersón Boscan. Con un informe de la policía antinarcóticos que fue archivado por la Fiscalía en marzo de 2022 por falta de convicción de delitos, y de transcripciones de audios filtrados, el socio y periodista de La Posta sostuvo que el narcotráfico financió con millón y medio de dólares la campaña presidencial de Lasso, que el Presidente nombró a funcionarios y ministros relacionados con el narcotráfico a personas recomendados por su cuñado Danilo Carrera y, además, que estaba al tanto de todo lo que se dice en dicho informe.
En su intervención dijo casi literalmente lo que el artículo 129 en su primer inciso señala como causal de destitución: atentar contra la seguridad del Estado. Según Boscán, cuando colocó en cargos públicos de importancia a personas vinculadas con el narcotráfico, Lasso puso en riesgo la seguridad del Estado. Lo dijo dos veces.
Aparentemente lo que ocurrió en la Asamblea devolvió el brío a los sectores que quieren cortar la cabeza a Lasso. Mauro Andino, operador del correísmo más bullicioso y asesor de la comisión, puso un hilo en twitter apenas acabó la sesión: en él menciona cuatro escenarios que, según dice, le quedan a Lasso luego de lo ocurrido hoy. El primero es el juicio y la destitución con 92 votos por atentar contra la seguridad del Estado. En ese escenario el Vicepresidente asumiría el mandato por el resto del período. El segundo escenario es el de la muerte cruzada activada por la Asamblea con 92 votos por grave conmoción interna. Sin la necesidad de un dictamen de la Corte Constitucional, el Consejo Electoral convocaría a elecciones anticipadas. El tercer escenario, sería la renuncia voluntaria de Lasso aceptada por la Asamblea y el Vicepresidente asumiría el cargo. Si ambos renuncian, dice en su cuarto escenario, el Presidente de la Asamblea asumiría el poder Ejecutivo y en 48 horas el CNE tendría que convocar a elecciones. Para él, cualquier de los cuatro, sería el desenlace perfecto.
El ánimo en la Comisión lucía evidentemente fortalecido. Los comisionados posaron para las fotos recibiendo la información de La Posta. El motivo es evidente: confían en que con estos datos que incluirán (así lo anticipó la presidenta Viviana Veloz) podrán redactar el informe lo antes posible. En la Comisión se sabe que no necesariamente existen los 92 votos para censurar a Lasso, pero la idea es que el documento esté listo y coincida con la movilización social que están seguros anunciará el presidente de la Conaie, Leonidas Iza. Así y tal como ocurrió en junio de 2022, las protestas en la calle y la discusión en la Asamblea del informe en que se responsabilizará a Lasso por el Gran Padrino configurarán un escenario de conmoción nacional.
Lo cierto es que, de lo que se ha visto hasta hoy, la Comisión no busca investigar la corrupción en las empresas públicas, sino exclusivamente hallar las responsabilidades políticas que justifiquen un llamado a juicio político a Guillermo Lasso.
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