¿Francisco Jiménez es o se hace?
Mauricio Toro
Guayaquil, Ecuador
La figura política de Francisco Jiménez ha estado envuelta en un aura de ambigüedad desde hace mucho tiempo. Miembro de la Ruptura de los 25, Gobernador del Guayas en el gobierno de Rafael Correa, convertido en luchador por la defensa de las libertades en Compromiso Ecuador, para luego transformarse en una de las figuras más visibles del movimiento de derecha CREO y del gobierno de Guillermo Lasso. Toda una travesía ideológica en quince años.
Ha sido esta ambigüedad la que ha determinado que muchas de sus acciones y declaraciones públicas sean siempre vistas bajo el prisma de la suspicacia. Esta duda sobre donde radican sus verdaderas lealtades, se vieron notablemente acrecentadas cuando recién electo como asambleísta, se convirtió en el vocero de la tesis del malogrado acuerdo entre el gobierno y el correísmo, llegando inclusive a declarar que el gobierno estaría dispuesto a “determinar si la estabilidad política amerita este tipo de decisiones”, refiriéndose a un posible indulto a Rafael Correa.
Su posterior retractación, hizo poco para apaciguar a quienes vieron en esto una bofetada al electorado que los llevó al poder.
Que su llegada al Ministerio de Gobierno coincidiera con la primera liberación de Jorge Glas, no hizo más que profundizar las dudas que muchos empezaron a albergar respecto a si Jiménez no sería una suerte de Caballo de Troya del correismo al interior del gobierno.
Su rol como ministro dejó menos luces que sombras. Sin logros políticos reales que mostrar, ni leyes significativas aprobadas en la Asamblea, y sin haber podido siquiera mantener en la presidencia de la misma a Guadalupe Llori, quien se había convertido en una aliada del gobierno; Jiménez encontró en las mesas de diálogo instauradas luego del paro indígena de junio del 2022, una ocasión propicia para imprimir su sello a la gestión gubernamental.
Aunque el planteamiento inicial de los movimientos sociales incluían 10 pedidos, los acuerdos finales se multiplicaron a 218. Adicional a una infinidad de regalos, becas, subsidios, líneas de crédito, semillas, condonaciones y prebendas entregadas, el equipo negociador encabezado por Jimenez; aceptó el establecimiento de una suerte de cogobierno en los sectores minero y petrolero, a través de la implementación de una “Mesa Técnica de Evaluación” con poderes casi absolutos, poniendo en riesgo que seamos capaces de atraer nuevas inversiones en esos sectores, hipotecando el crecimiento económico del país en el futuro.
Todavía más grave resulta la rendición incondicional del estado en materia de educación intercultural bilingüe, mediante la cual se establece un régimen educativo paralelo con autonomía absoluta, con la asignación de un presupuesto de al menos 133 millones de dólares anuales, que será manejado por el movimiento indígena, donde el Ministerio de Educación no tendrá ni voz ni voto en materia de estándares de calidad, determinación de mallas curriculares, ni evaluación de los docentes. Caldo de cultivo perfecto para condenar a más de 151 mil estudiantes, a un sistema cuyo objetivo primario será el adoctrinamiento ideológico.
Tanto entusiasmo generaron en el Ministro Jiménez los acuerdos alcanzados, que en un derroche de generosidad con dinero ajeno, llegó a aceptar la condonación de deudas en Banecuador para créditos de hasta diez mil dólares, lo cual tuvo que ser frenado de manera pública por el Ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, quien advirtió que esto implicaría la quiebra de esa institución financiera pública. Ni siquiera eso fue capaz de detener el sentimiento triunfalista de Jiménez, que tan orgulloso se sentía de los éxitos alcanzados en estas mesas de diálogo, que llegó a publicar un libro al que tituló “Los Diálogos, el Camino del Encuentro”, ufanándose de haber inaugurado una nueva forma de gestionar la política pública convirtiéndose en un “referente para la región”.
Pero la cereza en el pastel de su gestión, sin lugar a dudas fue el manejo de la campaña para el referendo. Luego de presentarse múltiples denuncias de irregularidades que ponen en duda la veracidad del resultado final; el país se enteró con gran consternación de que el responsable de la política en el gobierno, no fue capaz de implementar un esquema de control electoral que le permitiera contrastar los resultados presentados por la cuestionada autoridad electoral. Tratándose de materias tan trascendentales para el futuro de nuestro país, esta negligencia resulta imperdonable.
Es por ello que a pocos sorprendió el que en una de sus primeras intervenciones públicas luego de dejar el Ministerio de Gobierno, Francisco Jiménez se permitiera poner en duda la legitimidad de la sentencia del Caso Sobornos, por el cual Rafael Correa fue condenado por la justicia ecuatoriana.
Si Jiménez no es un infiltrado del correísmo, hace un gran esfuerzo para que lo creamos. El tiempo se encargará de resolver esta incógnita.
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