Con más de 50 años de secuestro en Colombia como método de financiación y presión política, utilizado por todas las organizaciones ilegales, es imposible que la sociedad exprese una mínima comprensión sobre cualquier hecho que se traduzca en violación de la libertad personal. La evidencia es el rechazo generalizado que desde este domingo causó el secuestro del comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, general Rubén Darío Alzate; del capitán Jorge Rodríguez y de la abogada Gloria Urrego, por parte del frente 34 de las Farc.
Aunque en el Derecho Internacional Humanitario no se habla de secuestro sino de privación de la libertad por razones del conflicto, e incluso en el caso de guerras internacionales plantea la existencia de prisioneros de guerra, por razones históricas la sociedad colombiana no admite interpretaciones. Además, el propio DIH reconoce que la toma de rehenes civiles es una infracción grave y la legislación colombiana, indistintamente de si se trata de un civil o de un militar, tipifica el caso como secuestro.
Es más, según expertos consultados por este diario, aunque el DIH plantee la posibilidad de la privación de la libertad de combatientes dentro de un conflicto, también sostiene que debe responder a un tiempo y una lógica militar. Lo que ocurrió con las Farc en el inmediato pasado, cuando extendió hasta por más de diez años el cautiverio de algunos militares o civiles, sugiere más bien un acto de sufrimiento innecesario por su prolongación en el tiempo, que lo encuadra más en la categoría de crimen de lesa humanidad.
Estas consideraciones jurídicas que han salido a relucir desde que se conoció del secuestro en el Chocó del general Alzate, el capitán Rodríguez y una abogada al servicio de las Fuerzas Militares, explican el contundente comentario del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, cuando tuvo conocimiento de los hechos: “Esto es un secuestro, y las cosas hay que llamarlas por su nombre, presumiblemente realizado por terroristas de las Farc que en este momento son responsables de la vida y la seguridad de las personas que se han llevado”.
Con una complicación adicional: lo sucedido en el Chocó y en la última semana la retención ilegal en Arauca de los soldados Paulo César Rivera y Jonatan Andrés Díaz, se realizó mientras el gobierno Santos y las Farc adelantan un proceso de negociación de paz en La Habana (Cuba). Es cierto que el proceso mismo ha admitido que se dialogue sin pactar un cese del fuego o un cese de hostilidades, pero situaciones como la presentada demuestran que son inexplicables y que prueban la urgencia de avanzar en formas de atenuar la guerra.
Los analistas coinciden en que el caso va a superarse y que hoy a las Farc les queda muy difícil tratar de reeditar el lamentable capítulo de la privación de la libertad de civiles y militares, pero mientras se resuelve la situación, lo sucedido mina la credibilidad del proceso de paz y les da aire político a sus opositores a ultranza. En cualquier caso, es difícil buscarles definiciones o interpretaciones semánticas a los hechos. No son prisioneros de guerra ni privados de libertad por razones del conflicto, ni rehenes, ni detenidos, son simplemente secuestrados.
De secuestros:
En La Uribe
En 1984, en los diálogos de paz, en el acuerdo de La Uribe quedó escrito: “Las Farc condenarán y desautorizarán el secuestro, la extorsión y el terrorismo en todas sus formas y contribuirán a que termine su práctica, como atentados que son contra la libertad y la dignidad humanas”.
En Tlaxcala
El 26 de enero de 1992, en Ocaña, fue secuestrado por el Epl el exministro Argelino Durán Quintero. En ese momento se desarrollaban diálogos de paz en Tlaxcala (México), entre el gobierno Gaviria y las Farc, el Eln y el Epl. Durán murió en cautiverio el 14 de marzo y eso marcó el final del proceso de paz.
Las Delicias
El 30 de agosto de 1996, las Farc atacaron la base de Las Delicias (Putumayo) con un saldo de 28 militares muertos, 16 heridos y 60 retenidos. El 15 de junio de 1997, después de un despeje territorial y una larga negociación política, la guerrilla liberó a los 60 secuestrados y a 10 infantes de marina más.
Los Pozos
En febrero de 2001 el gobierno Pastrana y las Farc firmaron el acuerdo de Los Pozos. Entre el 5 y el 28 de junio, las Farc dejaron libres a 323 hombres de la Fuerza Pública que permanecían en cárceles de la selva. Sin embargo, a partir de entonces secuestró políticos.
Consuelo Araújo
El 24 de septiembre de 2001, las Farc secuestraron a la exministra de Cultura Consuelo Araújo Noguera. Seis días después el cadáver de la periodista fue encontrado en la Sierra Nevada de Santa Marta. El proceso de paz entre el gobierno Pastrana y las Farc entró en agonía.
Jorge Géchem
El 20 de febrero de 2002, las Farc secuestraron un avión que había despegado de Neiva (Huila) y se llevaron cautivo al senador Jorge Eduardo Géchem. Ese mismo día el presidente Pastrana anunció el fin del proceso de paz. Tres días después fueron secuestradas Íngrid Betancur y Clara Rojas.
O. Monasterio
El 5 de mayo de 2003, cuando el Ejército intentaba liberar cautivos en Urrao (Antioquia), las Farc asesinaron a sangre fría a nueve de ellos. Entre las víctimas perdieron la vida el consejero de paz de Antioquia, Gilberto Echeverri, y el gobernador del mismo departamento, Guillermo Gaviria Correa.
Los diputados
En julio de 2007, las Farc anunciaron que 11 de los 12 diputados del Valle que habían sido plagiados en abril de 2002 habían muerto después de un ataque de un grupo no identificado. Fueron asesinados a tiros por las Farc. Esa semana Colombia marchó contra el secuestro.
Liberaciones
Entre enero de 2008 y febrero de 2012 se realizaron varias liberaciones. Con la mediación de Piedad Córdoba, recobraron su libertad políticos y militares por largo tiempo cautivos, algunos por más de una década. Quien llevaba más tiempo secuestrado, José Libio Martínez, murió en cautiverio.
Fin del secuestro
El 26 de febrero de 2012, el mismo día que se inició la fase exploratoria de los diálogos de La Habana, las Farc anunciaron la entrega de todos los secuestrados políticos que todavía tenía en su poder y, simultáneamente, la abolición del secuestro con fines financieros.
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