Por: Andrés Vallejo
El gobierno nos plantea una
disyuntiva: o explotamos el campo ITT o renunciamos al desarrollo del país. La
imagen mental que invoca este discurso es la de la necesidad de sacrificar un
pedacito insignificante de selva a cambio de la consecución del paraíso: un
Ecuador sin pobreza –"salir de la miseria", fueron las dramáticas
palabras utilizadas en el anuncio oficial.
Esta disyuntiva es falsa. No
entraremos a discutir las premisas desarrollistas que sustentan el accionar de la
"revolución ciudadana". Incluso desde esa visión reduccionista que
nada más contempla lo económico y, a veces, solo lo contable, la disyuntiva es
falsa.
El propio gobierno estima que
obtendrá 18 mil millones de dólares del ITT. Pero esos ingresos estarán
repartidos a lo largo de 23 años, por lo que se recibirán –siempre y cuando el
precio del petróleo se mantenga– menos de 800 millones de dólares al año.
Comparemos este monto con el
presupuesto general del estado. El presupuesto aprobado para 2013 fue de 32 mil
millones de dólares. Es decir, el ITT, salvación de la patria, contribuirá cada
año con el 2,5% del presupuesto en el mejor de los casos. Para ponerlo en
perspectiva, desde 2006 el presupuesto se ha multiplicado por tres, ¡y creció
casi un 8% desde 2012!
¿Se está destinando ese aumento a
temas fundamentales? Si el gasto militar sirve de muestra, es claro que no.
Entre 2007 y 2011, el Ecuador gastó más de 9 mil millones de dólares en este
rubro, el mayor gasto militar relativo en América del Sur (2,74% del PIB en
2012, mientras que el del segundo, Colombia, un país en guerra, fue de 1,89%).
Otro gasto infame es el del
subsidio a la gasolina. De los 4 500 millones de dólares anuales que el estado
destina a subsidiar combustibles, 1 760 millones son para la gasolina de autos
particulares (más del doble de lo que aportará el ITT). Hace poco, el
presidente Correa mencionó que su gobierno entrega un bono de la riqueza de mil
dólares anuales a quien pueda sufragar un carro grande (lo que hay que multiplicar
por el número de carros, si el beneficiario posee más de uno).
Esto no lo descubrió ayer, el
presidente. Un estudio del ministerio coordinador de la Producción en 2010
concluye lo siguiente: "85% de la gasolina subsidiada beneficia al quintil
más rico (…). Es claro que los subsidios a los combustibles no cumplen una
función social, más bien son un incentivo para generar consumo suntuario (…).
Dadas las distorsiones que genera esta política de precios de combustibles en
el aparato productivo y a que los subsidios son regresivos, no se justifica que
el Estado gaste ingentes recursos en mantener esos precios (…). El principal
impacto de [fijar el precio de la gasolina a precios internacionales] se daría
en los hogares, cuyos gastos totales subirían en 1,6%. Los hogares más pobres
no se verían afectados porque no consumen estos combustibles; la mayor carga la
llevarían los hogares del quintil [más rico], que deberían gastar 42 dólares
adicionales en gasolina al mes (2,9% de su ingreso)." Sin embargo, recién
se tantea la revisión de este despilfarro nefasto para 2016, seis años después
de constatadas estas enfáticas conclusiones.
Se nos quiere hacer creer que la
contaminación, extinción de especies y genocidio que ocurrirán en el Yasuní
–solo una fe ciega en quienes han dado muestras de no ser fiables nos puede
llevar a creer que no ocurrirán– será en beneficio de los pobres del país,
cuando será para alimentar la industria de la guerra y subsidiar la
proliferación de todos los problemas sociales que trae el uso suntuario del
automóvil
† Existen cuestionamientos a los
cálculos de esta cifra, como los de Roque Sevilla, ex presidente de la comisión
negociadora de la iniciativa Yasuní ITT, quien sostiene que estaría seriamente
inflada.
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