Procesos contractuales con ofertas que contienen firmas alteradas y que no fueron presentadas por los participantes se efectuaron en los últimos cuatro años para servicios de asesoría en relaciones públicas.
Los concursos se realizaron en los ministerios del Ambiente, de Turismo y de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como en la Fundación del Programa de Aseguramiento Popular (PAP).
En todos ellos las compañías ganadoras fueron Navas\Navas & Asociados, Proboca y Anonimato, relacionadas con la empresaria Tamara Navas.
En esta edición, la primera de tres entregas, presentamos los casos registrados en el Ministerio del Ambiente.
“Estas no son mis firmas. No he elaborado el contenido de estos documentos. Yo desconocía estas cotizaciones”. Sonia Yánez Blum, relacionista pública guayaquileña de 32 años, soltó estas frases sorprendida, mientras repasaba con su mirada, una y otra vez, la serie de documentos que tenía enfrente.
Todos contienen su nombre, como si ella los hubiera suscrito, pero con firmas diferentes que ni siquiera se parecen a la de su cédula. Sentada en una cafetería en el centro de Guayaquil, cuando habló con Diario EL UNIVERSO, lamentó la existencia de estos papeles.
Son ofertas alteradas, dirigidas a los ministerios del Ambiente (MAE), de Turismo (Mintur) y de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), y también a la Fundación para el Aseguramiento Popular en Materia de Salud, institución que desarrollaba el Programa de Aseguramiento Popular (PAP) en Guayaquil y que manejó fondos públicos hasta febrero de este año.
Esas cotizaciones tienen algo en común: participaron en concursos precontractuales en los que resultaron ganadoras las empresas Navas\Navas & Asociados, Proboca y Anonimato.
Sus accionistas y administradores principales tienen relaciones familiares entre sí. La mayor accionista de estas tres compañías es Tamara Navas Giangrande, quien también preside una cuarta empresa, En la Mira, Miracorp (ver gráfico de empresas).
Este Diario investigó los contratos de estas sociedades con el MAE, el Mintur, el Miduvi y la Fundación del PAP, entre enero del 2006 y febrero del 2010. Son 86 contrataciones que suman 1,4 millones de dólares.
De estas, 25 se basaron en concursos precontractuales en los que se incluyeron cotizaciones alteradas.
El monto total de estos últimos contratos ascendió a 431.098 dólares. En esos 25 procesos participaron 77 ofertas (mínimo tres por cada concurso). De ellas, 40 tienen firmas falsas, cuatro son documentos con logo de empresas que nunca presentaron ofertas, ocho son de competidores que sí participaron y 25 corresponden a las ofertas con las que ganó Navas. Incluso, de esas ocho, cuatro son de compañías relacionadas con ella.
La vinculación de las empresas de Tamara Navas con el MAE comenzó en el periodo de la actual ministra Marcela Aguiñaga quien se posesionó en noviembre del 2007. Al mes siguiente, Navas\Navas & Asociados obtuvo su primer contrato: prestar servicios de relaciones públicas e imagen institucional hasta junio del 2008, por un monto total de 53.700 dólares.
Desde entonces, la compañía ha renovado ese compromiso cada seis meses y, a la fecha, mantiene uno vigente hasta julio del 2010. Al mismo tiempo, Proboca y Anonimato acumularon otros contratos. En poco más de dos años, el grupo de empresas ha ganado adjudicaciones por 488.332 dólares con el MAE (ver gráfico).
Este Diario tuvo acceso a doce procesos contractuales entre el MAE y las tres empresas de Navas. Hubo 17 cotizaciones irregulares en diez de estos procesos. En cuatro, Aguiñaga participó directamente en la adjudicación. El primero fue la contratación a Navas\Navas & Asociados en diciembre del 2007. En este ya se alteró una cotización. A más de la oferta de Navas, la Ministra recibió las propuestas de las compañías Públicos y Comunicarte.
La primera, que sí es original, está suscrita por Carlos Ibáñez, ex empleado de Navas\Navas & Asociados, según consta en su página
www.publicos.com.ec.
La de Comunicarte está firmada a nombre de Sonia Yánez, quien confirmó que no era su autora. La carta tiene un logotipo, una dirección y dos correos electrónicos.
“Ese logo yo lo usaba como hace unos siete años atrás. Como me dedico a las relaciones públicas, algún momento lo utilicé... Era el nombre con el que yo me identificaba para poder hacer mis cotizaciones”, contó Yánez Blum. Precisó que el resto de la información —la dirección y los correos— era correcto a la fecha que consta en esos documentos.
La ministra Aguiñaga descartó las propuestas de Públicos y Comunicarte, que eran las más caras, y aceptó la de Navas con una sumilla. Luego delegó para que firme el contrato al entonces titular de la Unidad Coordinadora de Proyectos del MAE, Guido Mosquera, quien se desempeñó como viceministro del Ambiente hasta la semana pasada.
Mosquera firmó otros dos contratos basados en concursos con cotizaciones irregulares. Otros dos procesos, que también incluyeron documentos alterados, fueron dirigidos por la subsecretaria financiera del MAE, Norma Vargas; y uno más, por la entonces titular de la Unidad Coordinadora de Proyectos, Susana Cruz. Los tres funcionarios actuaron por delegación de Aguiñaga.
De las 17 ofertas irregulares, nueve fueron suscritas a nombre de Yánez. Otras tres tienen el logotipo de ZAN Servicios Integrales, dos más con el sello de la compañía Assistec y otra con el de la empresa Proyectos y Servicios Integrales (PSI). Además, dos cotizaciones fueron presentadas a nombre de colaboradoras de Navas, a esa fecha, pero las firmas no concuerdan con otras que constan en documentos oficiales.
El gerente general de ZAN Servicios Integrales, Darío Miranda, examinó las tres cotizaciones suscritas a su nombre. Dos contienen una firma que no es la suya y la otra no tiene firma. El empresario recalcó que los documentos no salieron de su compañía.
“Es fácil crear una hoja y poner datos... Como yo, a lo mejor hay muchas empresas que también han sufrido esto, sin conocer. Yo no he conocido esto sino hasta que usted me llamó”, manifestó Miranda en una entrevista realizada en Guayaquil.
Assistec es el nombre comercial de la compañía de relaciones públicas Dinacam. Su gerente es María Lorena Lasso y a su nombre se enviaron las cotizaciones al MAE. En una de esas ofertas no consta su firma. En la otra hay una que no coincide con la original de Lasso, registrada en la Superintendencia de Compañías.
Este Diario contactó a Lasso, quien manifestó que nunca había cotizado para ningún Ministerio, pero no quiso dar una entrevista.
Proyectos y Servicios Integrales (PSI) es el nombre comercial del publicista Gino Abril Quimí. En la cotización aparece una firma a su nombre, pero no es la que consta en su cédula de identidad.
Con respecto a las cotizaciones de las colaboradoras de Navas, una de estas participó en el concurso que ganó Anonimato, por 20.215 dólares, para organizar las feria Socio País (en Guayaquil) y Socio Bosque (Esmeraldas), en octubre pasado.
Entre las ofertas perdedoras de ese concurso consta la de Mega Eventos, a nombre de Candy Paola Camacho. Ella aparece, además, como coordinadora de eventos de la misma Anonimato y es quien suscribe dos actas de entrega-recepción de los materiales que esa empresa usó en las ferias Socio País y Socio Bosque. Pero las firmas de estas actas —que son iguales— no coinciden con la que consta en la cotización de Mega Eventos.
Algo similar sucede con Marlene Mosquera. Según la base de datos de la Superintendencia de Compañías, Mosquera es gerente general de En la Mira , Tamara Navas es la presidenta y su hija, Dania Dávila Navas, es la accionista mayoritaria.
A nombre de Mosquera aparecen en el MAE dos cotizaciones con firmas diferentes. Solo una de estas concuerda con la original de Mosquera, que está registrada en la Superintendencia de Compañías.
EL UNIVERSO entrevistó a Tamara Navas la tarde del lunes pasado, en su oficina ubicada en Urdesa, en Guayaquil. Sentada frente a su escritorio, la ejecutiva guayaquileña observó las cotizaciones alteradas presentadas al MAE y manifestó: “Es mentira, no... Estoy anonadada de lo que me está mostrando. O sea, créame que si tengo que hacer algo jurídico, no sé por dónde empezar. ¡Estoy aterrorizada! ¡Estoy aterrorizada! No sé qué es esto. No sé...”.
Aseguró que conocía a varias personas a cuyo nombre aparecen las cotizaciones irregulares y dio referencias sobre ellas. Por ejemplo, sobre Sonia Yánez indicó que sabía que era reportera externa de varias revistas; y sobre Darío Miranda, que cantaba en el Club de la Unión.
Pero aseguró no saber de los documentos alterados, sino hasta que este Diario los puso encima de su escritorio. Cuando se le insistió en que todas estas cotizaciones se presentaban en concursos que ella siempre ganaba, señaló: “Créame que quisiera en este momento inspiración divina para saber qué hay detrás de esto”.
Contó que hace un año alguien le robó la carpeta donde tenía archivados sus contratos y se preguntó si eso tendría conexión con los documentos que estaba revisando.
El Código Penal castiga con reclusión de seis a nueve años la falsificación de documentos públicos y con prisión de dos a cinco años en caso de documentos privados. El Código también determina que “el que hubiere hecho uso, dolosamente, del documento falso, será reprimido como si fuere autor de la falsedad”.
Este Diario solicitó una cita a Aguiñaga el 15 de abril pasado. En la carta recibida en su despacho ese día, se le pidió una entrevista para hablar sobre los contratos del MAE con las empresas Navas\Navas & Asociados, Proboca y Anonimato.
Ante la insistencia para que dé una respuesta, el 28 de abril, su asesora de comunicación, Mayra Armanza, empleada de Navas\Navas & Asociados, dijo vía telefónica que avisaría cuando la Ministra esté dispuesta para la entrevista.
También se intentó concretar otra cita con Norma Vargas, subsecretaria financiera del MAE, quien señaló que como no era vocera oficial del Ministerio debía pedir permiso a Aguiñaga para hablar con EL UNIVERSO. Ninguna de estas gestiones tuvo éxito.
