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Tensa entrevista: Roberto Luque evita precisar responsabilidades por los 300 millones del caso Progen

Una entrevista con el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, se tornó incómoda luego de que un periodista lo confrontara por el destino de los 300 millones de dólares relacionados con el caso Progen y la falta de responsables claros tras más de un año.

El comunicador preguntó directamente qué ocurrió con la compra, por qué no se ha investigado, quién firmó el contrato, si se firmó “a ciegas” y quién devolverá el dinero al Estado. Señaló además que, según declaraciones públicas previas, no existe un responsable identificado pese al monto comprometido.

Antes de abordar el tema, el ministro cuestionó que se afirmara que él estaba a cargo de varias carteras de Estado y dedicó varios minutos a aclarar la estructura ministerial actual. Explicó que el Ministerio de Infraestructura y Transporte fue fusionado con Vivienda y remarcó que dejó el Ministerio de Energía y Minas el 2 de julio de 2024.

Luego precisó que el contrato con Progen se adjudicó en agosto y se firmó en octubre de 2024, es decir, después de su salida de esa cartera. Ante la pregunta sobre quién firmó, respondió que lo hizo la empresa pública CELEC.

Sin embargo, cuando el periodista insistió en si CELEC era responsable o si existió negligencia política, Luque evitó atribuir responsabilidades concretas y reiteró que la Fiscalía mantiene un expediente abierto. Afirmó que él ha comparecido ante esa entidad y que será la justicia la que determine culpables.

El entrevistador volvió a insistir preguntando si él firmó sin revisar o si conocía la contratación. El ministro respondió que no firmó el contrato, pero no explicó qué controles políticos existieron ni quién debía responder administrativamente por el gasto público.

En repetidas ocasiones el funcionario intentó cerrar el tema señalando que, al estar judicializado, no podía profundizar y que su postura es que “caiga quien caiga”. Incluso, antes de responder algunas preguntas, desvió la conversación hacia un proyecto vial en Cuenca y aclaraciones sobre declaraciones publicadas en prensa.

La entrevista concluyó sin que el ministro detallara el destino de los 300 millones ni señalara responsables directos, limitándose a indicar que corresponde a la Fiscalía determinar culpabilidades, lo que dejó las inquietudes planteadas sin una respuesta concreta.