Las declaraciones recientes de Joaquín “El Chapo” Guzmán ante autoridades estadounidenses vuelven a complicar seriamente al ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, al reabrir vínculos que hasta ahora el correísmo había intentado relegar al terreno de la “teoría conspirativa”.
Según trascendidos judiciales, Joaquín Guzmán Loera habría señalado que redes del narcotráfico mexicano operaron con facilidades políticas y logísticas en Ecuador durante la década en que gobernó Rafael Correa (2007–2017). Las referencias no son retóricas: apuntan a permisividad institucional, puertos vulnerables y contactos indirectos que habrían favorecido el tránsito de droga hacia Estados Unidos y Europa.
El problema para Correa no es solo político, sino judicial y narrativo. Ecuador pasó en pocos años de país de tránsito secundario a hub clave del narcotráfico regional, fenómeno que hoy asfixia al Estado y que, según estas revelaciones, no habría sido accidental. La línea de defensa —“eso empezó después”— pierde fuerza cuando los propios capos sitúan el origen durante su administración.
En un contexto donde fiscales estadounidenses amplían expedientes transnacionales y cooperaciones judiciales, el nombre de Correa vuelve a circular donde más incomoda: en cortes, no en redes sociales. El pasado, como el narcotráfico, nunca se queda quieto. Y cuando habla un capo, los silencios pesan más que los discursos.
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