Justicia: lo que los jueces y fiscales ocultan
Por: Redacción Plan VRadiografía Judicial (RJ) en el marco de la transparencia de los actores de la Justicia ecuatoriana ha mapeado 700 perfiles de jueces provinciales y nacionales y agentes fiscales. RJ forma parte de la iniciativa Radiografía Política (RP) de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. La iniciativa ciudadana busca transparentar los perfiles de jueces, juezas y agentes fiscales, así como del personal directivo y administrativo clave de la función judicial, con el fin de fomentar un ecosistema de integridad en el sector justicia de nuestro país.
Hasta la fecha, la iniciativa ha publicado más de 400 perfiles de jueces provinciales y nacionales y más de 300 perfiles de agentes fiscales. Los funcionarios mapeados pertenecen a 10 provincias: Pichincha, Guayas, Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, El Oro, Los Ríos, Santo Domingo, Carchi y Sucumbíos.
Para el levantamiento de esta información, a la que tuvo acceso Plan V, se usaron como fuentes primarias a la Contraloría General del Estado, el Servicio de Rentas Internas, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, el Sistema Único de Pensiones Alimenticias y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Hallazgos identificados 1. Contraloría General del Estado.
Contraloría: funcionarios judiciales omiten declarar cuentas bancarias
En cuanto a las declaraciones juramentadas que todo funcionario público debe declarar a la Contraloría, el Observatorio encontró que cuatro fiscales, dos de Guayas, uno de Pichincha y uno de Carchi no declararon cuentas bancarias. En este caso están los fiscales:
Remache Sagva Ana María Fiscal de Pichincha
Martinez Carlos Gilberto Fiscal de Carchi
Toala Cañarte Freddy Heriberto Fiscal de Guayas, y
Vela Andrade Nelson Daniel Fiscal de Guayas
Casas que valen menos de 100 dólares
Otros 12 fiscales declararon bienes con sustanciales diferencias de costo menor al precio del mercado. Por ejemplo, una casa por USD 62, un departamento por USD 145, una bodega por menos de USD 1000… Casas, terrenos, apartamentos, con precios menores a los mil dólares es la constante estos hallazgos.
En estos casos están:
Carrión Carrión María Gabriela, Fiscal de Pichincha, declara una casa por USD 62.
Colambo Yaure Luisa Germania, Fiscal de Pichincha, declara una casa por USD 7500.
Concha Nuñez Juan Carlos, Fiscal de Pichincha, declara un terreno por USD 500.
Espinoza Fuertes Eliana Maribel, Fiscal de Pichincha, declara un departamento por USD 145.
Moya Alulema Diana Magali, Fiscal de Pichincha, declara una bodega por USD 987.
Ortega Falcón Luis Israel, Fiscal de Pichincha, declara un terreno por USD550 y otro terreno por USD 800.
Paucar Suquillo María Elena, Fiscal de Pichincha, declara un lote por USD 250.
Cuaical Galarraga Silvana Maria, Fiscal de Carchi, declara un departamento por USD 40 y un terreno por USD 160.
Castro Coronel Bepsabeth Alexandra, Fiscal de Guayas, declara un lote por USD 418.
Neira Reinoso Miriam Elizabeth, Fiscal de Guayas, declara una casa por USD 3200.
Noblecilla Guerrero Blanca Piedad, Fiscal de Guayas, declara un solar por USD 51, una finca por USD 211 y una casa por USD 604.
Morán Sánchez Pilar América, Fiscal de Santo Domingo, declara un terreno por USD 1974,00
SRI: no presentaron declaraciones de Impuesto a la Renta
Los administradores de Justicia también tienen, como todo ecuatoriano, presentar sus declaraciones de impuesto, pero el Observatorio encontró varios casos en que no se han presentado estas aún varios años seguidos.
Son los casos de Manuel Alejandro Mogrovejo Morales, Fiscal de Guayas, cuya Declaración de Renta aún no ha sido presentada desde 2019, 2020 y 2021. Igual Miriam Elizabeth Neira Reinoso, Fiscal de Guayas, en la del 2022. Tampoco Segundo Jacinto Tibanlombo Salazar, Fiscal de Pichincha, con la Declaración del 2020.
En otros casos, falta de información en los registros del SRI para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.
De Miriam Elizabeth Neira Reinoso, Fiscal de Guayas, no existe información del 2021. De María Zoila Cabascango Chicaiza, Fiscal de Pichincha, no existe información del 2019, y 2020
En la Superintendencia de Compañías hay 40 funcionarios judiciales con acciones
En el levantamiento de los más de 700 perfiles de jueces y agentes fiscales, se encontró que al menos 40 funcionarios tienen una acción en una compañía registrada en la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
Sin embargo, el que podría representar un posible conflicto de intereses es el caso de Henry Robert Taylor Terán, Juez de la Corte Provincial Multicompetente Penal de Guayaquil, quien fue gerente general de Abogados & Consultores IUSLEX S.A., entre 2015 a 2018. Y actualmente es accionista de la misma compañía. De acuerdo a la SuperCias, la actividad económica principal de la compañía es “Actividades de notarios públicos, prestación de asesoramiento en general, preparación de documentos jurídicos: escrituras de constitución, contratos de sociedad y documentos similares para la formación de sociedades, patentes y derechos de autor, escrituras, testamentos, fideicomisos, etcétera”.
La posición de accionista del juez Taylor, según el Observatorio, “podría causar un conflicto de interés directo e influir en sus decisiones judiciales”.
No pagan pensiones alimenticias
Según el Sistema Único de Pensiones Alimenticias, René Hugo Yépez Pazmiño, Juez de la Unidad Judicial Multicompetente Penal Lago Agrio, deuda 128 pensiones desde octubre de 2015 a noviembre de 2024. Danny Alberto Mora Quevedo, Fiscal de Guayas, adeuda 53 pensiones desde febrero de 2021 a noviembre de 2024. Javier Vitervo Bosquez Villena, Fiscal de Pichincha, adeuda 21 pensiones desde marzo de 2023 a noviembre de 2024
Finalmente, en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Senascyt, Julio Enrique Arrieta, Conjuez Nacional, registra cinco veces el título de Especialista en Seguridad Social Internacional, con diferente número de registro pero con la misma fecha.
Los jueces y fiscales deben actuar correctamente en todo sentido: José Suing, presidente de la Corte Nacional de Justicia
De la calidad de los jueces y fiscales depende la calidad de la Función Judicial, dice a Plan V el presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing. El tema de la corrupción judicial es recurrente y empieza por la desinstitucionalización de la Corte Nacional de Justicia y las judicaturas inferiores, señala el máximo representante de la Función Judicial. Para él “no todo está perdido” y, aunque reconoce la persistencia de la corrupción, considera que sobre los jueces, sobre todo penales, recae al momento el prestigio de la Función Judicial. La califica como “una situación excepcional”, por la gran cantidad de casos derivados del conflicto armado interno, y de los casos recientes impulsados por la Fiscalía General, pero “no veo un panorama oscuro del cual no se pueda volver, al contrario de lo que muchos piensan. Creo que hay escenarios distintos. No de todos los nombrados en causas penales se puede decir que sean culpables. Por supuesto que hay problemas, no quiero taparme los ojos, lo que esté en mis manos lo haré, lo que esté en manos del Consejo de la Judicatura debe hacerse”.
Y entre lo que se debe hacer está precisamente la actuación correcta de magistrados y fiscales en el cumplimiento de todas las obligaciones ciudadanas, como pago de pensiones alimenticias, declaraciones de impuestos, transparencia en los bienes que declaran ante la Contraloría.
Los jueces y fiscales son el corazón de la Función Judicial
La responsabilidad que el sistema judicial funcione es de los jueces y juezas de la República. Hasta marzo del 2024, habían 1.891. Estos son los responsables de transformar la función judicial. El Consejo de la Judicatura, CJ, tiene grandes responsabilidades, porque dicta una política, pero los que ejecutan son los jueces, dice a su vez Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura.
Todo aquello que esté enmarcado en la labor judicial, que es conocer los hechos, contrastarlos con el Derecho y hacer justicia en función de las partes que acuden con una controversia, es la razón de ser de la Función Judicial. Hay muchos jueces que lo cumplen, pero otros no lo entendieron así. Otros dijeron: este es mi momento, entendieron que la judicatura era un espacio de poder sin límites y empezaron a abusar. La independencia judicial tiene un contrapeso, un correlato, que es la responsabilidad judicial. Un juez no puede, en nombre de la independencia judicial, hacer cualquier cosa. La independencia judicial es para que juzgue en derecho y todo aquello que esté por fuera de ese concepto es abuso judicial y eso le hace mucho daño al sistema de justicia, más cuando vemos en varios casos.
Al inicio de su periodo, la vocal Goyes había presentado al Pleno del CJ un proyecto de evaluación de jueces y fiscales, pero no fue aceptado por el entonces presidente encargado. Dr. Álvaro Román.
Con corte, al 31 de octubre del 2024, 108 destituciones. De esas, 52 son jueces, 16 son fiscales y 40 son otros operadores de justicia. En estas destituciones se incluye a jueces y fiscales involucrados (y algunos de ellos sentenciados) en los casos Metástasis, Purga, Plaga y Obstrucción de la Justicia.
Al inicio de su periodo, la vocal Goyes había presentado al Pleno del CJ un proyecto de evaluación de jueces y fiscales, pero no fue aceptado por el entonces presidente encargado. Dr. Álvaro Román. La alta funcionaria judicial considera que se debe dar esta evaluación, que se ha realizado desde hace más de una década, para saber, a modo de censo judicial, quién es quién en esta Función del Estado.
El papel de la sociedad
Frente a la falta de transparencia y la estado crítico de la administración de justicia, el politólogo y doctor en Derecho, Santiago Basabe, plantea que “la posibilidad de emprender en políticas públicas de lucha contra la corrupción judicial es factible si los actores políticos se ven presionados por las demandas de agrupaciones ciudadanas, gremios de profesionales, organizaciones del tercer sector, colegios de abogados y por la exposición del tema por parte de las universidades y centros de investigación. En ese punto es clave el apoyo de los medios de comunicación de cara a tornar más visible la gravedad del problema. Adicionalmente, la intervención de organismos internacionales con credibilidad, como la ONU, ayudaría a que el escenario político se torne más benévolo y as. se pueda conseguir dar los pasos iniciales de cara a un proceso amplio de reformas judiciales orientadas tanto a combatir la corrupción judicial como a prevenir su cometimiento”.
A partir de lo discutido surge otra idea crucial: la necesidad de que la ciudadanía genere espacios de asociación, dice Basabe. “Sin ese elemento clave, presente en los tejidos sociales vibrantes, críticos y con búsquedas colectivas, los escenarios para promover la lucha contra la corrupción judicial se merman de forma considerable: sin la presión ciudadana, los actores políticos, que también se benefician de manera directa o indirecta de la corrupción en las cortes de justicia, tendrán pocos incentivos para emprender reformas dentro del Poder Judicial”, señala.
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