El observador

 MÁS ARBITRARIEDAD MÁS INSEGURIDAD JURÍDICA

Carlos Castro Riera

Las elecciones por lo general son momentos de renovación democrática, donde se recrea la esperanza de que la vida de la población mejore y se superen los graves problemas que aquejan a la comunidad nacional.

Sin embargo en el Ecuador el inicio del periodo de campaña electoral, arrancó en un contexto de graves acontecimientos como el asesinato de cuatro niños de Guayaquil luego de ser detenidos por una patrulla militar, las maniobras desde el poder ejecutivo y del poder legislativo para imponer sus intereses políticos por encima de la ley, y las jugarretas en marcha por parte de determinadas fuerzas políticas para asumir el control del  CPCCS, el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía y otros órganos importantes del Estado.

Con estos acontecimientos se profundiza la inseguridad jurídica, cobrando más dramatismo cuando ésta se origina en la propia cúpula del Estado, es decir en las instituciones y autoridades que deben dar ejemplo de apego al ordenamiento jurídico, lo cual deriva en una mayor desinstitucionalización y fomenta el caldo de cultivo de la delincuencia organizada.

Algunas personas creerán que las acciones simplemente políticas, por encima de la ley, solucionan los problemas derivados de la irresponsabilidades de los propios protagonistas, pero no es así dado que las consecuencias jurídicas no desaparecerán, y antes por el contrario se enconarán, perdurarán y tendrán sus efectos en todos los ámbitos, cuando reaccionen los órganos como la propia Asamblea Nacional, Contraloría General del Estado, el Tribunal Contencioso Electoral, la justicia ordinaria y la justicia constitucional.

Desgraciadamente la justicia actúa de conformidad con la correlación de fuerzas políticas, por lo que tras un momento político viene otro y es entonces cuando se cobran las cuentas pendientes, pero lo más grave es que, sea cual fuere los resultados electorales para la presidencia de la república, los mismos estarán signados con la duda de su legitimidad, y podrán darse también conductas políticas oportunistas dependiendo de si les favorecen o no los resultados electorales.

Estas son las consecuencias de las conductas arbitrarias que violentan la Constitución y las leyes, y desprecian la objetividad de lo jurídico expresada en el contenido de las leyes, y cuando se trata del desprecio a las normas jurídicas que rigen los procesos electorales, entonces está en juego la voluntad soberana del pueblo que deviene en ser manipulada con la inobservancia de las reglas de la democracia.

Con todos los atropellos que se han dado a la Constitución y más leyes de la República, se han ido esfumando las bases fundamentales del Estado de Derecho y cada vez imperan más las decisiones de hecho, el gobierno de la voluntad de las leyes va siendo sustituido por la mera voluntad política de los gobernantes, y el derecho como norma es desplazado por el derecho como decisión, lo cual implica mayor inseguridad jurídica y menos posibilidades de inversión.

La campaña electoral se ha iniciado con graves irregularidades y con una coyuntura política donde se privilegian intereses partidarios. La historia de autoritarismo, concentración de poder y arbitrariedad se repite y el país no sale de este círculo vicioso.

Las elecciones antes que permitan vislumbrar una mejora de la regularidad jurídica más bien presagia el advenimiento de un nuevo periodo de incertidumbre jurídica.