Un tema de fuerza mayor de Oswaldo Trujillo, abogado de Francisco Sebastián B. A., hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, obligó a los jueces anticorrupción: Clara Soria (ponente), Andrés Muñoz y Jorge Sánchez, integrantes del Tribunal de Juicio del denominado caso Nene, declaren fallida la audiencia de juzgamiento señalada por el delito de oferta de tráfico de tráfico de influencias.

La diligencia estaba convocada par las 08:30 en el segundo piso de la Unidad Judicial Norte, en Quito; pero este jueves 16 de enero de 2025, se declaró fallida la audiencia y el Tribunal señalará nueva fecha y hora.

El pedido de Trujillo fue presentado oralmente y ante ello la jueza ponente decidió declara fallida la diligencia a costas de defensor y aplicó una multa de dos salarios  básicos unificados para el profesional. Dispuso que la Defensoría Pública defina un abogado para que, de ser el caso, en el próximo llamado represente al acusado y no se violente su derecho a tener un defensor.

Soria adelantó que se notificará lo más pronto posible de la nueva fecha para la audiencia, pero adelantó que no sería en enero o febrero debido a que el calendario de audiencia está copado.

Aunque el 19 de noviembre pasado fueron llamados a juicio en calidad de autores directos dentro del caso Nene Francisco Sebastián B. A. y Daniel Lenín R. P., hijo y exasesor, respectivamente, de la vicepresidenta Abad, el Tribunal de Juzgamiento convoca solo al primero para la respectiva audiencia. Para el exasesor vicepresidencia la etapa de juzgamiento quedó en suspenso porque el delito procesado no es susceptible de ser juzgado en ausencia y el sospechoso se mantiene en calidad de prófugo.

La jueza Karol Zambrano fue quien en noviembre pasado definió que ambos procesados debían ser llamados a juicio. La decisión se dio, dijo la jueza anticorrupción, porque en audiencia se presentaron suficientes elementos de convicción que revelarían la responsabilidad de cada uno de los procesados en el delito investigado, los cuales deben ser analizados en juicio por un Tribunal.

Durante la diligencia preparatoria de juicio se escuchó el dictamen acusatorio del fiscal Leonardo Alarcón, quien señaló que la investigación del caso Nene giró en torno a la denuncia colocada en el buzón de denuncias de la Fiscalía General por Romel P. El denunciante habría asegurado que temía por su seguridad, pues había observado irregularidades en su paso laboral en la Vicepresidencia de la República.

El hijo de la vicepresidenta y único enjuiciado asistió personalmente a la diligencia, principalmente porque esta es la etapa que por ley el procesado está obligado a asistir. No emitió declaración alguna a la prensa.

Según el denunciante, a él lo habrían contactado los dos hoy procesados para ofrecerle el cargo de coordinador de Comunicación en la Vicepresidencia de la República, pero a cambio pedían que del sueldo de $ 3.200 que iba a recibir, la víctima debía entregarles una buena parte de ese mensual. Primero se le exigía $ 2.000 mensuales y luego de una “negociación” la cifra quedó en $ 1.500.

Romel P., quien actúa en calidad de víctima en el caso Nene y acudió a la diligencia personalmente, refirió en su denuncia que no habría podido pagar nada de lo pactado porque antes de reconocer su deuda y poder retirar una letra de garantía por $ 30.600 que le hizo supuestamente firmar Francisco Sebastián B. A., al denunciante lo habrían desvinculado del cargo en la Vicepresidencia de la República.

En esta etapa el Tribunal deberá analizar si la prueba que expondrá la Fiscalía respecto al hijo de Abad se apega o no al delito tipificado en el artículo 286 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta norma aclara que la oferta de realizar tráfico de influencias mantiene penas privativas de libertad de tres a cinco años.

En el Complejo Judicial Norte, fallida la audiencia en el caso Nene, por presunta oferta de tráfico de influencias contra Francisco B. Foto: Santiago Molina

Tras la declaratoria de audiencia fallida, Sebastián B., anunció que su abogado Oswaldo Trujillo dará una rueda de prensa para dar a conocer los motivos de fuerza mayor y lo que “está pasando hoy en día”.

Al referirse a la situación de la vicepresidenta Verónica Abad, indicó que es una situación muy compleja que se vive en el país, se ha visto que existe muchas denuncias incluso de jueces por presiones que han existido para que se resuelva de cierta forma y a conveniencia del gobierno de turno. Sin embargo, aclaró que el caso Nene es aislado a la situación de su madre.

David Mesa, abogado de Romel P., víctima en el caso Nene, manifestó que la causa de fuerza mayor aludida por el abogado de Sebastián B., deberá ser justificada en legal y debida forma ante el tribunal, quien deberá convocar a una nueva audiencia. Si existiría una segunda inasistencia de parte del abogado del procesado se ha ordenado que se cuente con la Defensoría Pública con el fin de que la audiencia pueda llevarse a cabo y no pueda haber dilaciones en este caso. (I)