domingo, 25 de febrero de 2018

Balance político



Publicado el 24 febrero, 201823 febrero, 2018 por AGN
[Alberto Ordóñez Ortiz]
Ha transcurrido casi la cuarta parte del período para el cual fue electo el presidente Moreno, sin que pese al tiempo transcurrido, -suficiente para establecer una medición-, haya señales claras que permitan visibilizar proyecto alguno que solucione o pueda solucionar los graves problemas que en el orden económico y social -principalmente- mantienen al país en vilo y en el más profundo desaliento. Por el contrario, se ha contraído una deuda que a la fecha rebasa los 7 mil millones de dólares. Su leit motiv: “Una vida para todos”, no ha superado su condición de simple enunciado. Bajo esa fracasada coyuntura, sólo nos queda el espacio para decir que sobre los positivos anuncios inaugurales se ha extendido la peligrosa sombra de la incertidumbre. Ese, sin alharacas, ni falsos excesos, es el balance que apunta con el dedo y responsabiliza con inusual fuerza al gobierno de turno.
Se dirá que hay un vicepresidente y varios ex-ministros del correato que se encuentran presos, asunto que, si bien, es saludable -y harto saludable- para la moralidad pública, no deja de ser sino uno de los deberes públicos que, por su condición de tales, son de forzosa observancia de toda administración gubernamental que se precie de ser eficaz y recta. En otras palabras, lo único que se ha hecho es cumplir con una parte -sin duda destacable- de la consiguiente franja de mandatos estatales. Pretender convertir a esas inexcusables acciones en estatuas, -como lo plantea con inusual reiteración-, un sector cercano al presidente, no pasa de ser sino una tomadura de pelo o una insolente grandilocuencia propia de quienes han enviado el sentido de las proporciones al tacho de basura.
Todo parece indicar que habría presiones de los sectores más cercanos a la presidencia que apuntarían a sobredimensionar su quehacer y lograr que su principal ejecutor -como usualmente se ha hecho- adquiera la convicción de que ha alcanzado la suprema calidad de funcionario nom plus ultra: “El mayor de la historia republicana”. De esa manera es como en otras administraciones se logró ocultar lo que realmente estaba ocurriendo y en ciertos casos se consiguió inflar el ego presidencial a límites estratosféricos que le impidieron ver que la nave estatal se encontraba varada sobre un casi insalvable banco de arena. Tales mandatarios terminan por convertirse en gobernantes indefensos que creen gobernar y que, no obstante, están sometidos a sus obsecuentes aduladores; quienes, finalmente, terminan por imponer un nefasto gobierno paralelo que, para mal de males, es el que realmente decide, ordena y gobierna.
En el país acaba de cometerse un monumental e imperdonable [error], ¿u horror?: violar el mandato popular -con la formulación del proyecto de ley que normaría la selección del Consejo de Participación Ciudadana que reemplazaría al transitorio-, pues, que, por encima de él, se pretende que sea el Consejo Nacional Electoral el que seleccione a los miembros del primero de dichos Consejos, cuestión que nunca fue consultada al pueblo y soberano. Si la Asamblea aprueba el proyecto, consagraría una nueva y siniestra dictadura. Ni más. Ni menos. (O)

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