CARACAS — En la víspera de la megamarcha convocada para el 19 de abril por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) —coalición de los partidos de oposición en Venezuela— el presidente Nicolás Maduro amenazó a los opositores con detenciones y enjuiciamientos en tribunales militares. Maduro ordenó que las fuerzas armadas estuvieran en la calle, no solo la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional, una medida propia de un estado de conmoción generalizada. También prohibió la entrada de la marcha opositora en el municipio Libertador de Caracas, sede de los poderes públicos. Para ilustrar esta arbitrariedad imaginemos que los estadounidenses no pudieran protestar en el National Mall de Washington o los mexicanos en el Zócalo en Ciudad de México.
Sin embargo, cientos de miles de venezolanos marchamos en todo el país para exigir la restitución de la democracia.
Ayer, en medio de una brutal represión y nubes de gas lacrimógeno, no cundió precisamente el temor. Vi a jóvenes, mujeres y varones, enfrentando a las fuerzas de seguridad del Estado —contando apenas con su agilidad, máscaras y guantes— mientras corrían entre las largas filas de la marcha gigantesca y eran aplaudidos como héroes. La multitud los protegió con su presencia, se quedó cerca de ellos, pero la represión escaló velozmente hasta el punto de que en plena autopista Francisco Fajardo los protestantes tuvieron que atravesar el río Guaire, una corriente de aguas putrefactas que atraviesa Caracas, para escapar de los ataques de las fuerzas represoras.
La marcha de Caracas no cumplió la meta de llegar a la Defensoría del Pueblo para exigirle a Tarek William Saab, su máxima autoridad, un pronunciamiento sobre las violaciones constantes del gobierno a la constitución. Pero sin duda fue electrizante. Una masa compacta fluía, retrocedía y volvía de nuevo mientras los jóvenes se exponían en primera línea ante las fuerzas de seguridad. La protesta adoptó una suerte de orden espontáneo, cuya finalidad era resistir con riesgo de las propias vida y seguridad. Este riesgo es una característica clave de la nueva ola de protestas en Venezuela a raíz de la usurpación de las funciones de la Asamblea Nacional por parte del Tribunal Supremo de Justicia a principios de abril.
La lucha pacífica ha cambiado de forma. Si antes consistía en marchar y volver a las casas, ahora le pone directamente el cuerpo a los represores. Estos actos de coraje, sobre todo de los muchachos más jóvenes, han implicado torturas, detenciones y al menos siete muertes. Es un cambio que satisface una aspiración heroica pero cuyo impacto real está por verse.
Sin duda, esta nueva oleada de protestas recuerda la de 2014 conocida como “La salida”, pero el escenario es distinto. El respaldo de la MUD a estas protestas nacionales subraya el contraste con las de 2014. Mientras que La Salida generó una crisis en la coalición entre las organizaciones que apoyaban la demanda de un pacto de transición y Asamblea Constituyente y quienes apostaban por la acumulación de fuerzas, ahora los diputados, líderes, alcaldes y gobernadores se han puesto a la vanguardia de las marchas.
Ya no se trata de manifestar el descontento de quienes perdieron las elecciones en 2012 y 2013, sino de expresar la frustración de la mayoría del electorado ante las penurias y la escalada dictatorial que abarca, como se notó el día de ayer, el silenciamiento de las televisoras nacionales y la censura en la televisión por suscripción, como sucedió ayer con la suspensión de los canales Todo Noticias de Argentina, El Tiempo de Colombia y Antena 3 de España.
Existe una nueva alineación de los partidos, los gremios, las organizaciones no gubernamentales (asumidas como actores políticos ante la gravedad de la crisis) y la gente de a pie que protesta con un solo objetivo: recuperar la democracia. Este objetivo es acompañado por organismos internacionales y numerosos gobiernos antes silentes, como el de Colombia que ayer se pronunció firmemente sobre la situación venezolana.
Quienes se movilizan se unen como ciudadanía para actuar ante un chavismo derrotado electoralmente en las elecciones parlamentarias de 2015.
En definitiva, se ha pasado del apaciguamiento a la resistencia. La lucha pacífica ya no se confunde con no arriesgarse; quienes se rebelan no tienen otra arma que su cuerpo pero ya no se conforman con protestar en lugares seguros como ocurría con las barricadas de 2014.
Para que tenga sentido esta protesta popular con su saldo trágico, la MUD debe aprovechar las fisuras dentro del alto gobierno: la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz se manifestó en contra de la anulación del parlamento. Hay que seguir interpelando a los sectores disidentes del chavismo para sumar esfuerzos en torno al objetivo común que es lograr elecciones transparentes, con observadores internacionales y en las que se permita la libre escogencia de los candidatos opositores, como Henrique Capriles y Leopoldo López, sometidos arbitrariamente a inhabilitaciones políticas.
Las fuerzas armadas deben negarse a reprimir y a hacerse cómplices de políticas del poder ejecutivo que incluyen armar a bandas civiles para amedrentar a la oposición. En este marco, el apoyo internacional es un factor de presión que eleva los costos del camino dictatorial. Pero no hay nada que sustituya la resistencia activa y pacífica de la población y la guía del liderazgo coherente con una estrategia.
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