Sancionar y cobrar al mismo tiempo

Diario HOY

El superintendente de Comunicación e Información, Carlos Ochoa, ha pedido a la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, que este organismo le conceda, mediante una reforma legal, la jurisdicción coactiva al organismo que dirige. De esta manera, la Superintendencia que maneja Ochoa será la oficina encargada de controlar y establecer las sanciones económicas que la ley contempla y, al mismo tiempo, será el juez de coactivas que cobrará estas multas con un procedimiento que se caracteriza por su agilidad. El controlador y cobrador, reunidos en una sola figura.

Se trata de una atribución más, de las tantas que ya tiene el nuevo funcionario para controlar el trabajo de los medios de comunicación del país. Un funcionario, que nace, hay que recordarlo, de la creación de una Superintendencia por parte de la Ley de Comunicación, cuya existencia no fue debatida a fondo en las amplias discusiones que dentro y fuera de la Legislatura se dieron por este tema. Una Superintendencia que surgió prácticamente de la noche a la mañana. Por esa razón  y otras más, se han presentado sendas demandas ante la Corte Constitucional para que se tramite el juicio correspondiente que analice a fondo, las bases constitucionales en que se ampararon las voluntades de los legisladores que aprobaron esta ley. O si, como reza en los argumentos de estas demandas, se está yendo en contra de los principios constitucionales que este mismo Gobierno aprobó en Montecristi.

La Corte Constitucional, a propósito, todavía no da trámite a estas demandas, que deberían, por lo importante del tema, tener una atención urgente. Ha ocurrido todo lo contrario.

En este escenario, aparece el pedido del Superitendente que considera imprescindible la facultad de tener una jurisdicción coactiva, para iniciar de inmediato la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación. Como se dijo antes, con la imposición de multas indiscriminadas se  consuma la teoría de que los medios de comunicación ofrecen un servicio público, cuando siempre se ha sostenido que más bien satisfacen un derecho que tienen los ciudadanos, como es la libre información. Esa diferencia sustancial no ha sido tomada en cuenta por la Ley con la intención de juzgar el trabajo de los medios de comunicación y castigarlos con la imposición de multas que terminarán afectando gravemente la continuidad de su trabajo.

  El ahora Superintendente de Comunicación es una persona que ni siquiera ha cuidado  antes las formas en su clara animadversión a los medios de comunicación independientes. Este pedido de más facultades, esta vez de cobro, solo devela su apuro por comenzar su tarea. La Asamblea debe meditar a fondo si le concederán todos sus deseos.