En 2007, el flamante presidente Rafael Correa Delgado, prometió la construcción de la hidroeléctrica “más grande del país”: Coca Codo Sinclair. La más grande y la más cara. Documentos revisados por este medio, señalan que, hasta el momento, el Ecuador ha gastado USD 3.200 millones en una obra que, desde 2013 presenta fisuras, grietas, soldaduras mal hechas, trabajos mal ejecutados.
En su deseo por promover el desarrollo del sector eléctrico, Correa cambió el nombre del Ministerio de Energía y Minas por Ministerio de Electricidad y Energía Renovable del Ecuador. Por esa cartera de Estado pasaron Alberto Acosta, Alecksey Mosquera, Esteban Albornoz, Miguel Calahorrano, todos promotores del proyecto hidroeléctrico Coca Codo.
Alberto Acosta, durante su administración, destacó la importancia de construir la central Coca Codo Sinclair. Para 2007, solo los estudios de prefactibilidad habían costado, en los últimos 20 años, USD 25 millones. Actualizarlos requería entre 6 y 10 millones de dólares, según las declaraciones de Acosta de esa época.
Con la llegada de Alecksey Mosquera (julio 2007) al Ministerio de Electricidad, la construcción de Coca Codo se concretó: el entonces ministro entregó directamente, sin concurso público, el 30% del proyecto a la empresa argentina Energía Argentina S.A. Enarsa, fundada por el ex presidente de ese país, de Nestor Kirchner.
La llegada de Enarsa fue vista como una oportunidad para Odebrecht que buscaba ejecutar el proyecto en acuerdo con la empresa argentina, pero esa posibilidad se fue al traste luego de la expulsión de la constructora brasilera por el escándalo de la central hidroeléctrica San Francisco.
Enarsa llegó al Ecuador con un supuesto cartel de experiencia y bajo el acuerdo de alianza estratégica para los países del sur. Pero en la práctica era una empresa de papel que no tenía capacidad de gestión, aseguraban manejar concesiones petroleras off shore en Atlántico sur pero su trabajo para estructurar el financiamiento de Coca Codo fue menos que mediocre.
Pese a ello Galo Borja firmó un acuerdo de pago por $5.5 millones para comprar el paquete accionario que Correa les había adjudicado.
Mosquera recibió críticas por promover un proyecto para generar 1500 megavatios de energía sin los estudios técnicos completos. En su defensa dijo que la mayoría de estudios no habían cambiado. Él mismo recalcó que los estudios de impacto ambiental terminaron de realizarse en julio de 1992, pero que serían actualizados una vez que empiece la construcción de la obra.
Galo Borja, entonces ministro Coordinador de los Sectores Estratégicos respaldó a Mosquera y la transparencia del proceso. “En los próximos días (se firmará el contrato) y estamos trabajando paralelamente la parte técnica, la parte financiera, y esto va a avanzar lo más acelerado posible”, señaló Borja.
En 2009, en declaraciones para radio Democracia, recogidas por el portal Ecuador Inmediato, Mosquera indicó que los estudios que se hicieron sobre topografía, cartografía y convenios, no cambian si se construye la planta para generar 800 o 1500 megavatios, como tampoco los estudios de hidrología y sedimentología. “Las galerías exploratorias, ahora ya terminamos la última etapa, es decir, se perforaron alrededor de 2100 metros más para minimizar riesgos, la vulcanología, el estudio vulcanológico no cambia, la sismología y tectónica tampoco, la mecánica de suelos no cambia, la mecánica de rocas no cambia, el factor de planta, ese cambia”,aseguró.
A inicios de 2009, el Banco de Importación y Exportación de China (Eximbank) y la ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, suscribieron un acuerdo de compromiso para el financiamiento de Coca Codo.
En julio de 2009, Alecksey Mosquera dejó el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable del Ecuador, en medio de fuertes cuestionamientos. Dos días después, asumió como titular de esa cartera de Estado, Esteban Albornoz Vintimilla. Apenas estuvo cinco meses en el cargo (julio 2009-diciembre 2009).
El 31 de agosto de 2009, Enarsa abandonó el proyecto alegando “falta de recursos”, “con ellos hemos acordado que van a salir del proyecto, van a vender las acciones”, dijo Galo Borja. Enarsa estaba fuera de cualquier posibilidad de acuerdo para levantar Coca Codo y quedó en evidencia cuando María Elsa Viteri firmó, en febrero de 2009, el acuerdo con el banco chino.
El 5 de octubre de 2009, el Directorio de Coca Codo Sinclair EP adjudicó a Sinohydro
Corporation el contrato para la construcción de Coca Codo. Firmaron el contrato por CocaSinclair: Galo Borja Pérez, ministro Coordinador de Sectores Estratégicos, Antonio Borrero Vega, presidente de CELEC S.A, Ítalo Centanaro Villacís, secretario de la Junta General Universal y por Sinohydro: Song Dongsheng, Yang Huijun y Cai Runguo, embajador de la República Popular China.
A esto le siguió el “memorando de entendimiento”, suscrito el 20 de noviembre de 2009, por Viteri y Li Jun, del Banco de Exportación e Importación de China.
El 27 de octubre de 2009, el procurador general del Estado, Diego García Carrión, autorizó al Ministerio de Finanzas para pactar el arbitraje internacional. Casi un mes después, el ministro de Electricidad, Esteban Albornoz Vintimilla, recibió de Diego Martínez Vinueza, entonces secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, Senplades, el informe que calificó como prioritario el proyecto Coca Codo y estableció que costaría una USD 2.616.921 .951,90 suma a la que se sumaría USD 599 millones de las líneas de transmisión, obras también financiadas por el Eximbank.
¿NUEVOS ACUERDOS ENTRE PRIVADOS?
En medio del escándalo de Odebrecht por el pago de $1 millón de coima al exministro de electricidad Aleczey Mosquera, ahora en prisión, el entonces presidente Rafael Correa salió en defensa del acusado, señalando que no se trataba de un soborno, sino de un acuerdo entre privados, Odebrecht y Mosquera.
Tras las revelaciones de pagos por $18.3 millones de Sinihydro a la offshore Recorsa de propiedad de Conto Patiño Martínez, amigo personal del presidente Lenín Moreno, en medio de la disputa legal que busca justificativos a esas transferencias, se ha desatado una polémica pública. Si la suma entregada a Patiño corresponde a una comisión del 1% por gestión del contrato inicial ($ 1979 millones), ¿cómo se justifica legalmente este pago en el marco de una alianza estratégica entre gobiernos, la cual justamente buscaba eliminar los intermediarios y las comisiones?
En redes sociales se desprendió información relacionada al proyecto CCS, el ingeniero Ítalo Centanaro, que conoce al sector eléctrico y que firmó el contrato de CCS aseguró en su cuenta personal de Twitter que Conto Patiño sí recibió comisiones por la firma del contrato. “El Sr. Conto Patiño, no era empleado de Sinohydro, era una tercera persona que logró la representación de esa empresa China para la licitación del proyecto. No confundir, por favor. El Estado Ecuatoriano, no reconoció nada al Sr. Patiño, Sinohydro le dio una comisión del 1% del monto del contrato. No miren las irregularidades, donde no existen”, indicó
Centanaro es un técnico que ha estado al frente varios proyectos energéticos y de muchos de ellos conoce sus fallas. Al referirle que en un contrato entre estados no puede haber comisiones a privados dijo que la comisión del 1% fue entregada por Sinohydro.
Esa referencia nos hace preguntar ¿a quién trasladó Sinohydro el valor de esa comisión? Centanaro ha dicho que “entonces tienen que enjuiciar a Sinohydro que fue quien dio esa comisión por representarlos en el proceso de licitación. Se realizó una licitación, no fue otorgado a “dedo”, aunque la empresa China era estatal”, replicó en Twitter.
Centanaro aseguró que para la contratación de Sinohydro, “se realizó una licitación internacional. Se inscribieron 2 empresas chinas,1 italiana y 1 de Irán. Se retiraron 2 por no tener financiamiento. Entre las 2 Chinas ganó Sinohydro”.
Este medio comprobó que, para febrero de 2009, el Banco de Importación y Exportación de China (Exim Bank) y la entonces ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, ya habían suscrito un acuerdo de compromiso para el financiamiento de Coca Codo.
A partir de esa fecha, toda empresa estaba fuera de cualquier posibilidad de acuerdo para levantar Coca Codo y quedó en evidencia cuando María Elsa Viteri firmó, en febrero de 2009, el acuerdo con el banco chino.
