Museo de la Memoria o los deberes hechos al apuro
*Artículo de opinión
En el recién inaugurado Museo de la Memoria se nota que los deberes se hicieron al salto y al brinco, un domingo cualquiera con el lunes pisándole los talones. Si bien se cumplió con la sentencia que la Corte Constitucional le impuso al Ministerio de Cultura y Patrimonio, el descuido en la puesta en escena invita a preguntarse si aquí hay una reparación real a los familiares de las víctimas de delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos.
Empecemos por las formas. En este espacio, que funciona desde el pasado 7 de marzo en el subsuelo del Ministerio de Cultura, hay paneles con errores en la escritura de los nombres de las víctimas, que aparecen en el Informe de la Comisión de la Verdad.
Donde debería leerse Carlos Santiago Restrepo Arismendi se lee Carlos Santiago Restrepo Arismendy y donde debería estar escrito Roberto Merino Serrano se escribió Roberto Merinio Serrano. Carlos Santiago y su hermano Andrés desaparecieron en 1988 y Roberto fue asesinado en 1986, con una bala en la cabeza y otra en el corazón.
En una de las paredes del Museo hay una cédula que acompaña a una gigantografía de una fotografía a color, allí se lee: caso Fybeca. Lo insólito es que desde el 2014 hay una sentencia que dice que como parte de la reparación a los familiares de las víctimas este caso debe llamarse González y otros. El dato no es ningún secreto de Estado y la imprecisión se habría resuelto con una simple búsqueda en Google.
Si alguna autoridad o funcionario de este Ministerio se hubiera dado un tiempito también se habría enterado que la Comisión de la Verdad no se creó en 2017, como se lee en uno de los tantos textos pegados en las paredes del Museo, sino en 2007.
Avanzando en el recorrido aparecen imágenes de los dictadores de la región que violaron los derechos humanos. Sin embargo, en Ecuador -según contó la mediadora del museo- 7 de cada 10 casos de estas violaciones recogidas en el Informe de la Comisión de la Verdad, ocurrieron durante el gobierno de Febres Cordero, pero su foto es la gran ausente.
En este punto, si jugamos a ser benevolentes, podríamos decir que los apellidos mal escritos son ‘gazapos’, que lo del caso González y Otros es un error de buena fe y que el dato de la fecha de creación de la Comisión de la Verdad es una falla de tipeo. Pero, ¿cabe ser condescendiente cuando hablamos de descuidos en un espacio que apela a la memoria como forma de reparación a los familiares de víctimas de delitos de lesa humanidad?
Sigamos con el fondo. En diciembre de 2013 se incluyó en el Registro Oficial la Ley para la Reparación de Víctimas y la Judicialización de Graves Violaciones de Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad ocurridos en el Ecuador, entre el 4 de octubre de 1983 y el 31 de diciembre de 2008. En la disposición segunda de esta ley se estableció que en el plazo de 90 días el Ministerio de Cultura de inicio a la creación del Museo de la Memoria, dedicado a documentar y conmemorar a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
Desde ese momento, por el Ministerio de Cultura y Patrimonio pasaron ocho ministros: Francisco Velasco, Francisco Borja, Guillaume Long, Raúl Vallejo, Raúl Pérez Torres, Juan Fernando Velasco, Julio Bueno y María Elena Machuca. Algunos hicieron gestiones, pero ninguno alcanzó a hacer la tarea completa y a cumplir con la ley de 2013.
La que sí hizo los deberes fue Romina Muñoz, la actual Ministra de Cultura. Para ella, la inauguración de este espacio es un hito para el país. Los familiares de las víctimas no piensan lo mismo, pues han dicho de manera pública que sus pedidos relacionados con la creación del museo nunca fueron tomados en cuenta. Por ejemplo, ellos reclamaban que el museo se abra en alguno de los espacios donde se torturaba a las víctimas, como en el Antiguo Regimiento Quito, una alternativa nada descabellada si se considera que, en el mundo, los museos de la memoria funcionan en los lugares donde se han violado derechos humanos.
En tiempos convulsos y violentos como los que vivimos es necesario que las autoridades de turno tomen en serio el valor de la memoria y la reparación de las víctimas. Que el dinero no sobra y que el espacio es reducido, ya lo sabemos. No obstante, si finalmente se decidió abrir este museo, lo honesto y consecuente con las víctimas era la prolijidad al menos en las formas, para cerrarle el paso a la revictimización y a la violencia simbólica.
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