24 de Agosto del 2023
I Parte: del caso Palo Azul hasta la persecución por el 30S
Nueve miembros de la familia de Fernando Villavicencio —menos su esposa Verónica Saráuz ni sus hijas Tamia y Amanda— presentaron una demanda en contra del presidente Guillermo Lasso, el ministro del Interior, Juan Zapata Silva; el comandante general de la Policía, Gral. Fausto Salinas; el director de Investigaciones de la PNE, Gral. Manuel Samaniego y el oficial a cargo del oprativo de seguridad y protección de la PNE, "de quien se conoce el nombre". La demanda fue presentada ante la Fiscalía General del Estado y en ella se acusa a los mencionados del delito omisión dolosa, que consta en el Art. 28 del Código Integral Penal, amparados también en el Art. 140 del COIP, que habla del asesinato de una dignidad o candidato a cualquier dignidad de elección popular.
Luego de una larga exposición de los hechos, de la vida de Fernando Villavicencio, y de su persecución por parte del gobierno de Correa, además de las amenazas y atentados que recibió, los miembros de la familia aseguraron en su demanda que, desde el Estado, "no se han desarrollado o desplegado los debidos protocolos de seguridad, de acuerdo a las normativas para un candidato de elección popular a la Presidencia de la República, quien tenía el 97% de riesgo de su vida, actos omitidos de forme deliberada y dolosa por parte del Estado ecuatoriano, el Gobierno de Guillermo Lasso y de quienes prestaban aparente seguridad a Fernando Villavicencio, para de esta manera facilitar a que atenten contra su vida las mafias coludidas con elementos policiales”.
En su demanda, la familia afirmó que la Policía no realizó un trabajo de inteligencia previa ni durante el acto político del miércoles 9 de agosto; nunca hubo anillos de seguridad ni acordonamiento de la zona, tampoco las calles aledañas estaban vigiladas, entre otros cuestionamientos.
Aunque la familia presentó la demanda en contra de cinco autoridades del Estado, empezando por el presidente de la República, Guillermo Lasso, en el desarrollo del escrito dejó sentado quienes persiguieron a Fernando Villavicencio por más de quince años, lo llevaron al exilio y a los tribunales, atentaron contra su vida, su reputación y su patrimonio y desarrollaron un abuso sistemático contra sus derechos humanos y los de su familia con acosos y amenazas constantes, además de usar recursos del Estado como los servicios de inteligencia, la administración de justicia y la comunicación del Estado para hacerlo. En su demanda, la familia señaló al correismo.
La demanda señala, en una larga exposición bajo el título de “antecedentes”, que gran parte del trabajo periodístico de Villavicencio fue en medio de una “inusitada y cruel” persecución política, mediática, económica, judicial, policial y de mafias de toda laya en la que se han usado todos los poderes del Estado para intentar silenciar su actividad periodística, como asambleísta y luego como candidato a presidente de la República, e impedir que la sociedad conozca el manejo doloso de los recursos públicos.
En su vida profesional, Fernando Villavicencio publicó 11 libros, solo o en colaboración. Durante el periodo de gobierno de Alianza País (hoy Revolución Ciudadana) debió enfrentar nueve acciones judiciales, entre penales y civiles, relacionadas con su trabajo periodístico, unas incoadas por el entonces presidente Rafael Correa y sus funcionarios y otras por ciudadanos o empresas denunciados en sus investigaciones.
La demanda decribe todos los elementos de la persecución correísta: “Entre el 2007 y el 2017, fue sometido a un constante acoso y desprestigio mediático a través de decenas de enlaces presidenciales, sabatinas y cadenas nacionales. También fue víctima de espionaje nacional e internacional. Otra expresión que vulneró los derechos humanos y los de su familia fue el uso sistemático e injustificado de la justicia para perseguirlo, lo que condujo a la pérdida de derechos civiles y políticos. En su caso se configuró un asesinato civil y una persecución policial y de los organismos de inteligencia como la Senain, DGI, UGSI, utilizando personal de inteligencia para perseguir a su familia. De lo que se trataba era de silenciarlo a cualquier precio; no faltaron las amenazas de muerte, el secuestro y el robo de información. En su condición de ser libre e inocente, y protegido por medidas cautelares de la CIDH, y como una forma de precautelar su vida, se vio forzado a sobrevivir en la clandestinidad y en el exilio casi cuatro años, ausente de sus hijos y de nosotros su familia, sin posibilidad de aportar con las obligaciones económicas y de subsistencia familiar, en condiciones en que era Fernando Villavicencio el único soporte de su nucleo familiar”.
Rafael Correa, durante uno de los Enlaces Ciudadanos semanales, desde donde exigía a la Fiscalía actuar en casos como los de Fernando Villavicencio. Foto: Archivo Presidencia de la República
La primera investigación y posterior denuncia que presentó Villavicencio fue el llamado caso Palo Azul, donde se revelaba “un millonario perjuicio al país por la multinacional Petrobras, operadora del contrato del Bloque 18 y del campo Palo Azul”, dice la demanda. Villavicencio fue parte de una comisión técnica, conformada por el entonces ministro de Energía, Alberto Acosta, para investigar las condiciones de un presunto fraude técnico en la calificación de “unificado” del campo Palo Azul e irregularidades en la cesión de derechos contractuales. Según la comisión, la pérdida para el Estado era de USD 2000 millones, y se recomendó la caducidad contractual y el inicio de acciones penales. Pero Correa prefirió aceptar el reclamo del entonces presidente brasileño Lula Da Silva. El tema quedó ahí, pero Fernando Villavicencio fue enjuiciado penalmente por publicar sus denuncias en el libro Ecuador, peaje global, donde se detallaba documentadament el caso. La Asamblea Constituyente le otorgó amnistía por esa demanda.
Según varias versiones, la caducidad del contrato para Petrobrás en Palo Azul fue suspendida por una decisión presidencial. Petrobrás demandó luego al país. Foto: Archivo Presidencia de la República
Las denuncias por el 30S, Sarayacu y la insolvencia: Correa le sigue juicio de insolvencia y se alza con 47.000 dólares
En mayo del 2008, Fernando Villavicencio vivía en el sector de Solanda, al Sur de la capital. Una noche, hombres armados lo secuestraron cuando llegaba a su domicilio y lo condujeron a un destino desconocido en su propio vehículo. Los encapuchados buscaban en sus papeles y su computadora información sobre una información de operaciones ilegales de inteligencia que un alto funcioonario de ese gobierno le había entregado. Luego del secuestro, el robo del vehículo y sus documentos, presentó la denuncia respectiva en la Fiscalía, que hasta ahora no ha presentado un informe del caso.
Pero un poco más de dos años después, arrancaría para Villavicencio una etapa de más de siete años de persecuciones, dos exilios y acoso juicial, político y seguimiento de inteligencia nunca antes vistos.
El exasambleísta Cléver Jiménez, en el centro. A su derecha Fernando Villavicencio y a zu izquierda Carlos Figueroa. Ellos fueron condenados a prisión por injurias contra el presidente Rafael Correa y permanecieron protegidos por la comunidad indígena de Sarayacu, para evitar la cárcel correísta. Foto: Archivo El Universo
Días después de los sucesos del 30 de septiembre del 2010, el 30S, Villavicencio, el diputado Cléver Jiménez y el médico cirujano Carlos Figueroa, presentaron ante el Fiscal Galo Chiriboga una denuncia en la cual se pedía investigar al presidente Rafael Correa por presuntos delitos de lesa humanidad, al haber ordenado su rescate mediante ataque militar y de la policía, al hospital de la Policía Nacional, donde se encontraba atrapado en el contexto de un levantamiento de una parte de la Policía.
La denuncia fue archivada por el fiscal general y se la declaró maliciosa y temeraria. Con este calificativo, Correa presentó contra los tres una demanda penal por injurias. El proceso legal terminó en marzo del 2014, con una sentencia de 18 meses de prisión, una multa de 141.000 dólares y el pedido público de disculpas. Ante la persecución desatada contra él y el conjunto de actores sociales y políticos como revancha por el 30S, Villavicencio viajó a Estados Unidos, donde solicitó asilo político.
En ese contexto, en marzo del 2014, la CIDH emitió medidas cautelares a su favor y de sus otros dos compañeros. Villavicencio regresó al país, confiado en que el gobierno de Correa acataría esas medidas, pero el presidente no lo hizo, por lo cual los tres enjuiciados debieron buscar refugio en el seno del pueblo Sarayacu, en el corazón de la provincia amazónica de Pastaza, donde permanecieron protegios hasta cuando la pena prescribió, en abril del 2015. A excepción de Carlos Figueroa, quien acudió a Quito para atender a su madre agonizante, momento en el cual fue encarcelado. Mientras estuvo preso su madre murió, y el gobierno permitió apenas 20 minutos para que asista a su funeral.
Verónica Saráuz (c), esposa de Fernando Villavicencio, acompañada por representantes de organismos sociales, llega a la Unidad Judicial del Consejo de la Judicatura para realizar la entrega de 47.307,60 mil dólares por concepto de indemnización al presidente Rafael Correa. Foto: Archivo El Universo
El gobierno mantuvo la presión judicial sobre Fernando Villavicencio. A la persecución, incluso con incursiones aéreas en la Amazonia, se sumó un juicio de insolvencia impulsado por Rafael Correa, violando incluso las medidas cautelares de la CIDH, que pidieron la suspensión de la sentencia. El juicio se inició solo en contra de Villavicencio, y la justicia controlada por el Gobierno dictaminó el embargo de sus bienes, la prohibición de salir del país y la incautación de sus libros y comunicaciones. A través de su esposa, el periodista se vio obligado a pagar USD 47.307,60 a Rafael Correa para evitar la pérdida total de su patrimonio. El dinero fue recaudado por la familia y en colectas públicas.
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