Así como traicionó su discurso ambientalista al defender el consumo de los combustibles fósiles subsidiados, porque eso le resultaba políticamente más rentable, el prefecto del Azuay, Yaku Pérez, ahora ha decidido traicionar su biografía y defender a una de las figuras más emblemáticas del correísmo golpista: Paola Pabón.
Pérez Guartambel, que durante el correísmo construyó una imagen de férreo opositor del correísmo, ahora sostiene que la prefecta de Pichincha es víctima de una «cacería de brujas» y que la derecha «rabiosa y virulenta» quiere castigar a los dirigentes sociales que estuvieron al frente de las protestas y participaron en el operativo de caos y terror que hubo en Quito.
El prefecto de Azuay, con su defensa de Pabón, está curándose en salud: él tiene en contra una acusación por haber cometido algo muy similar a lo que hizo Pabón y por lo que está presa en Latacunga. Según una demanda presentada por el asambleísta Fabricio Villamar, Yaku Pérez es autor del delito de rebelión por haber auspiciado y participado el 8 de octubre en la toma de la Asamblea Nacional. Pabón está en la cárcel de Latacunga, con orden de prisión preventiva, acusada de haber participado en un operativo de desestabilización durante las protestas del último fin de semana atestadas de actos de violencia y vandalismo.
La acusación en contra de Pérez se sustenta en la actuación que tuvo durante la ocupación hecha por los indígenas de las instalaciones de la Asamblea. Cuando durante esos hechos un periodista lo entrevistó, el prefecto del Azuay dijo que había llegado la hora de que en ese lugar sesione «un parlamento popular de los pueblos. Un parlamento que pueda tomar las directrices, un parlamento que pueda sintonizar con el pensamiento y con el sentido de todos los ecuatorianos». Según Villamar, esa declaración es la prueba de que Pérez quiso alterar el orden democrático, reemplazando a la Asamblea Nacional con un parlamento popular. Según el asambleísta, Pérez y los indígenas que lo acompañaban vulneraron las instalaciones de la Asamblea impidiendo que ese organismo sesionara ese día por lo cual se configura el delito de rebelión, tipificado en el artículo 336 del Código Orgánico Penal. Pérez ahora dice que no ingresó a la sala de sesiones y que se quedó en el patio de estacionamiento, como si ese lugar no perteneciera a la Asamblea.
Cuando se hizo la toma de la Asamblea, Pérez la justificó asegurando que en ese lugar se habían aprobado leyes que eran nefastas para el pueblo indígena. «Aquí se aprobaron las peores leyes, se dictó la ley de aguas que permite la explotación minera en fuentes de agua, aquí se hizo la ley de minera que arrasa con los territorios indígenas, aquí se hicieron la ley de semillas, las peores leyes del correato».
El jueves 17 de octubre, Pérez apareció durante una rueda de prensa, asegurando que más allá de las diferencias ideológicas, Pabón «es un ser humano» y una autoridad elegida por votos, por lo que no debía ser encarcelada. «Estamos viviendo una reproducción del autoritarismo de Correa», dijo el prefecto para quien «no es justo ni correcto» lo que se ha hecho con la prefecta de Pichincha. Pérez, luego de hacer esta defensa, se lanzó a la ofensiva y aseguró, en tono de advertencia, que en cualquier momento puede provocarse una nueva manifestación indígena, sobre todo si se vuelven a incrementar los precios de los combustibles.
La insólita defensa de Pabón que hizo Pérez no se explica únicamente en la necesidad de curarse en salud para protegerse de un eventual juicio. También se debe a que Pérez trata de subsanar algo que juega en su contra: nunca tuvo una actitud clara y firme en contra de los intentos desestabilizadores de algunos de sus compañeros de la dirigencia indígena. Además de haber participado en la toma de la Asamblea, el prefecto de Azuay jamás tomó distancia de las declaraciones de los otros líderes indígenas. Por ejemplo, cuando su compañero Jaime Vargas hizo un exhorto a los policías y militares a desconocer la autoridad del presidente Lenin Moreno. Tampoco condenó públicamente y ni siquiera hizo reparos en contra del secuestro de un grupo de periodistas y policías en el Ágora de la Casa de la Cultura. Pérez defiende a Pabón, sacrificando todo el capital político que construyó como activista anti correísta, porque está en una situación similar a la de su homóloga por la acusación de Villamar y porque no tiene mayores evidencias que mostrar para demostrar que no estuvo montado en la ola desestabilizadora. Únicamente cuando el operativo golpista se desactivó, el prefecto salió a expresar su respeto al orden constituido.
El prefecto, con su defensa de Pabón para tratar de neutralizar el proceso que probablemente se le viene, demostró ser un oportunista. Tal como lo fue cuando decidió liderar una movilización para obligar al gobierno a volver a subsidiar el consumo de los combustibles fósiles: una contradicción evidente en el caso de alguien que durante los últimos años ha tratado de posicionarse como un representante del ambientalismo y de la defensa del agua.
Pérez Guartambel está asustado y eso es fácil advertirlo. Los prueban sus declaraciones a favor de una de las correístas más rabiosas, que no puede delinquir por más prefecta que sea.
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