Cinco proyectos de Ley encaminados a reformar o derogar el artículo 135 de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) a fin de eliminar las pensiones vitalicias a exmandatarios por diversas circunstancias, fueron tratados en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. Los documentos tienen el propósito de restaurar la ética del Servicio Público y combatir la malversación de recursos estatales.
Olga Nuñez, subsecretaria de Presupuesto del Ministerio de Finanzas, quien fue invitada al organismo parlamentario a proporcionar cifras, aseguró que el Estado desembolsa, al momento, USD 93.050 mensuales y USD 1’116.000 al año, por pago de pensiones. Afirmó que habría un ahorro anual aproximado de USD 100 mil con la Ley que regularía las pensiones vitalicias a ex mandatarios cuestionados.
Eliminación de pensión a los procesados en delitos
María Mercedes Cuesta una de las proponentes, plantea eliminar esta pensión vitalicia a los expresidentes y exvicepresidentes que estén procesados en delitos contra la eficiencia de la administración pública. Dijo que la norma otorga el derecho a este beneficio a quienes fueron elegidos constitucionalmente por votación popular y se hayan posesionado en el cargo, pero exceptúa a los mandatarios que se les revoque el mandato.
Pensión solo para elegidos por votación popular
Con esta propuesta, coincide Freddy Alarcón, otro del los auspiciantes, quien dijo que la pensión vitalicia mensual equivalente al 75 % de la remuneración vigente a favor de los expresidentes y exvicepresidentes, solo sea a los que son elegidos por votación popular y se hayan posesionado en el cargo.
Exceptúa de esta disposición a los exmandatarios que se les negó el mandato o que hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada en el ejercicio de su cargo o posterior a este, por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencia, testaferrismo; así como lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada relacionada con actos de corrupción.
Eliminación total de pensión
“El debate nacional se cuestiona grandemente el pago de pensiones vitalicias y lejos de una connotación jubilar, aparece como un privilegio infundado”, lo dijo por su parte la exlegisladora Paola Vintimilla al proponer la derogación de los artículos 135 y 136 de la Ley de Servicio Público y que la Contraloría investigue por qué se está entregando dinero a personas que no están consideradas en el Art. 135 para esta pensión. Hay que recordar que Vintimilla presentó una propuesta sobre este tema cuando aún tenía la condición de asambleísta.
A esta propuesta se unió el parlamentario Absalón Campoverde en calidad de proponente del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Servicio Público para Restaurar la Ética del Servicio Público y Combatir la Malversación de Recursos Estatales. Planteó la eliminación total las pensiones vitalicias, aduciendo que solo se debe remunerar a quienes trabajan.
Exmandatarios sin sentencias
Estos criterios son contrarios a los del asambleísta Juan Cristóbal Lloret, quien considera que las pensiones a expresidentes deben mantenerse. No obstante, cree que la comisión tiene la responsabilidad de evitar ciertas distorsiones, como la entrega de pensiones a personas que están al margen de la Ley, en donde cabe una facultad fiscalizadora.
Considera que el planteamiento para que las personas que hayan sido sentenciadas por delito contra la administración pública no puedan acceder a este tipo de beneficios es importante. Sin embargo, cuestionó qué pasa con los exmandatarios que no se sometieron a la justicia y estuvieron prófugos, después de prescribir los procesos penales regresaron al país y siguen recibiendo esa remuneración.
Para el asambleísta Vicente Taino, cualquier reforma que se haga sobre la norma servirá para el futuro, porque la Ley no es retroactiva. Propuso como alternativa tramitar una Ley Interpretativa. La Comisión decidió unificar en una sola matriz las propuestas relacionadas con esta temática a fin de facilitar su estudio, previo a presentar el informe para primer debate.
RSA/cz
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