LAS DESCALIFICACIONES NO AYUDAN A ENTENDER LAS RESPONSABILIDADES PÚBLICAS DE LA AUTORIDAD AZUAYA
El Prefecto CARRASCO Y... ¿SUS VALORES POLITICOS?
Si el prefecto Paúl Carrasco tiene alguna responsabilidad concreta es la transparencia absoluta de su gestión pública. No le hacen falta descalificaciones, mucho menos “machismos” velados y discriminatorios, y para nada, campañas soterradas para ocultar lo evidente.
Diario El Tiempo es una institución pública que ha demostrado transparencia, responsabilidad y profesionalismo frente a los retos periodísticos con sus lectores y con la ciudadanía en general, y, por eso, debe publicar todo lo que considere de interés público. Sensible a las inquietudes ciudadanas, solicitó información al Gobierno Provincial del Azuay sobre los gastos y gestión de esta institución.
Claro, si hay transparencia no tiene nadie porqué negarse a ofrecer información. No haría falta ir al portal de compras públicas ni tampoco extender los plazos de entrega de información que cualquier ciudadano tiene derecho a solicitar. Lamentablemente fue necesario hacerlo para contar con la información publicada, en relación al egreso de 22.000 dólares de Estados Unidos de América en fotocopias (¿2'200.000 unidades?), ... en viajes a funcionarios de su confianza y ... en parlantes... (¿Gastos típicos de una campaña electoral?).
En diversas entrevistas, el prefecto Carrasco ha pretendido descalificar a Diario El Tiempo y a su Directora, no por la información publicada sino porque somos "una institución pública" y su Directora “la exesposa de…”. ¿Con la misma lógica, si eso fuera pertinente tocaría entrar a pasar revista de la lista de esposos y esposas del equipo del Prefecto? ¡absurdo! ¿Verdad? Cuando, en el asunto materia de la información, lo que importa es saber en qué ha gastado el Prefecto los fondos públicos confiados a su cargo, para fines específicos señalados en las leyes y reglamentos que determinan las obligaciones de los consejos provinciales para con la comunidad.
O, es que su desconocimiento le ha llevado a usar con absoluta discrecionalidad preceptos trascendentales en el devenir democrático respecto del deber y derecho de informar, ignorando incluso garantías fundamentales, la ley y sus procedimientos, por eso tuvo que corregir, y antes de ir a la Supercom directamente, como pretendía, tuvo que solicitar la rectificación a este Diario, la cual ha sido publicada, existiendo, ciertamente, apenas cuatro imprecisiones irrelevantes, conforme nuestros lectores sabrán valorar.
La ciudadanía azuaya juzgará a quienes como autoridades públicas y políticas han hecho uso proselitista de los recursos y de su poder. No somos los únicos en demandar transparencia. Y con solo comparar los tiempos en los que se “armaba” la Unidad y los gastos dispuestos por la Prefectura, con y para sus asesores, se podrá entender ese uso efectuado no precisamente para atender las demandas ciudadanas a las que están obligados los funcionarios que administran esos recursos.
Ni Carrasco ni sus entrevistadores agenciosos han podido demostrar que hemos faltado a la verdad. Por el contrario, hubiera bastado que el Prefecto nos visite, con documentos en la mano, para satisfacer el interés público de lo que él y sus compañeros de tienda política demandan del Estado central.
Ni un centavo, debería quedar en duda respecto del empleo legítimo de un presupuesto anual de casi 70 millones de dólares – cuyo ordenador de ese gasto es el Prefecto-, peor la sospecha, apoyada por las circunstancias, de habérselos desviado en emprendimientos electorales de carácter personal, que no podían financiarse con fondos públicos.
Carrasco sabe que los medios públicos son parte de un Estado y un mandato constitucional. Ningún epíteto cambiará nuestra conducta ética y nuestras responsabilidades públicas. Y como él también es una autoridad estatal (no está al servicio exclusivamente de los medios privados) debe usar la ley para servir y atender a la ciudadanía, no para pretender ofender o desacreditar a las personas que hacemos este Diario, desviar la atención de la opinión pública y, por qué no, si hay voluntad efectiva de transparencia que el señor Prefecto publique, en el o en los medios de su preferencia, todos los documentos de los gastos efectuados durante el período en referencia, que coincide con el tiempo en el que participaba en forma incesante en el proyecto electoral de una unidad, que resultó malograda luego de tan escandalosas y groseras escaramuzas conocidas del país entero.
Nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo de servicio público con las herramientas que nos otorga y nos obliga la Constitución, la ley y la moral, pero sobre todo, nuestra tradición de responsabilidad y verdad. (O)
