POR: Eduardo Cardoso Martínez Publicado en la Revista EL OBSERVADOR (EDICIÓN 114, DICIEMBRE DE 2019)

El fracaso de tres alcaldes y la gran estafa del Tranvía

Ya no hay discusión, el tranvía de Cuenca se ha convertido en «LA GRAN ESTAFA» de los más de 462 años de historia de nuestra bella ciudad. Además, vamos a llegar al bicentenario de «su independencia con la herida abierta por unos rieles que la han partido en dos. La llaga nos duele, nos indigna, nos tortura diariamente desde hace más de siete años. La ciudad de Cuenca fue violada en su integridad y en su patrimonio, inicialmente por el entonces alcalde Paul Granda, promotor de la ridícula idea de implementar un medio de transporte obsoleto carente de estudios completos y sin la debida planificación. Atrás de Granda llegó Marcelo Cabrera anunciando durante su campaña a la alcaldía, que no continuaría la destrucción de Cuenca iniciada por su antecesor que apuradamente raspó 50 centímetros del suelo, para iniciar la destrucción de la ciudad Patrimonio de la Humanidad. No sé si el permanente estado de ebriedad de Cabrera le impidió ver las cosas con claridad y le llevó a incumplir su palabra; o fue consecuencia de su primer viaje a Francia realizado casi al siguiente día de asumir su segunda alcaldía, es por eso que sigo preguntando ¿qué les dieron en Francia a Cabrera y Fernández? Podría haber sido también el temor de la amenaza que posiblemente recibió del entonces presidente Rafael Correa. El hecho es que Cabrera en lugar de frenar el proyecto y denunciar a su antecesor, continuó violando a la ciudad de Cuenca, destrozándola aún más e hipotecándola irresponsablemente, Cabrera dejó en evidencia su incapacidad para hacer lo debido, es decir terminar unilateralmente los contratos, y al contrario, permitió continuar el malhadado proyecto tras afirmar solemnemente que «el tranvía va porque va». Después de Granda y Cabrera, tenemos frente a la alcaldía de Cuenca al «+/- alcalde al final del día», sí, me refiero a Pedro Palacios. Palacios llegó al municipio con apenas un 28 e los votos válidos, es decir, con una legitimidad cuestionada por el propio electorado y lo hizo con el ofrecimiento de inaugurar el tranvía lo más pronto posible, pero sin tener idea de lo que estaba ofreciendo y menos de lo que debía hacer. Es así como, ahora, Palacios nos tiene pagando alrededor de 250 mil USD mensuales (TRES MILLONES DE DÓLARES ANUALES) por unos fierros que los tiene arrumados en el «patio taller del tranvía» y sin saber qué hacer con ellos; en el mismo lugar, unas tres decenas de personas entre choferes y mecánicos matarán su tiempo, tal vez jugando al cuarenta y embolsándose su jugoso sueldo. Es decir, también este tercer alcalde enredado, impreciso, contradictorio e inseguro, continúa la violación del patrimonio y de los recursos de los cuencanos. Pero…, afirmar que los tres alcaldes son los únicos responsables de esta violación en grupo a una ciudad, no sería acertado, ellos son parte de una manada que incluye a los más altos representantes del poder político ecuatoriano, empezando por presidentes, pasando por ministros de estado – entre ellos un par de cuencanos-, hasta llegar a la opacidad de concejales que para desgracia de Cuenca, algunos repiten sus sombrías concejalías cubiertas de Puro Humo Denso - sí, algo así como un PHD vendedor de humo- y unos cuantos directores y coordinadores de la rimbombante e inútil Unidad Ejecutora del Proyecto Tranvía 4 Ríos de Cuenca. Todos solapados por la Contraloría General del Estado. Los tres alcaldes han sido oportunamente advertidos por mí respecto de lo inconveniente, nefasto e inservible que resultaría imponer un tranvía en Cuenca.  A Paul Granda le cuestioné y le demostré técnica y documentadamente que su proyecto tranvía adolecía de una serie de presuntas irregularidades, tales como: contratos con sospechosas cláusulas secretas o confidenciales; le advertí -antes de la firma de los contratos- que ALSTOM (fabricante de los tranvías) estaba  incursa en problemas de corrupción a nivel mundial y que al ser dueña de la tecnología APS la convertiría en proveedora única, lo que  obligaría al municipio a contratarla para el mantenimiento y al costo que dicha transnacional pretenda aplicar durante toda la vida útil de este sistema de transporte; demostré que los tranvías adquiridos no son para 300 pasajeros, máximo 200, y que al haber adquirido menor cantidad de unidades  que las ofrecidas, resulta imposible cubrir los 120 mil pasajes diarios; afirmé que al ser menor la cantidad de pasajeros (30 mil diarios), la tarifa de 25 centavos de dólar por pasaje sería inaplicable por razones de sostenibilidad del sistema, -Granda decía que no sería necesario un subsidio-; afirmé, en 2013, que de acuerdo con mis cálculos y análisis, el costo final del proyecto tranvía superaría el monto de los 300 millones de dólares, pero Paul Granda de manera descarada y solapado por algunos medios de comunicación de Cuenca, sostenía categóricamente su mentira de que el proyecto tranvía iba a costar 232 millones de dólares, ni un dólar más. En mayo del año 2014, Marcelo Cabrera antes de viajar a Francia, tras escucharme, admitió que lo más conveniente era impedir que siga adelante el proyecto tranvía, me dijo que la terminación unilateral de los contratos le podría representar al municipio unos 54 millones de dólares en indemnizaciones a los contratistas -lo que nos habría evitado endeudarnos por más de 300 millones por algo inservible-, parecía resuelto a hacerlo, pero hizo todo lo contario, permitió que la obra del tranvía continúe por un laberinto de complicidad con Granda, Correa, Glas y Moreno, permitió que se incumplan plazos, que no se cobren multas a los contratistas, que se den contratos de emergencia a dedo, su fiscalización fue inefectiva e hipotecó económicamente a la ciudad de Cuenca. Todo bajo la vista gorda de la Contraloría. Tras Cabrera llega Pedro Palacios Palacios, -a quien yo no conocía, hasta que apareció de candidato para la alcaldía de Cuenca-, me invitó a una de sus reuniones de campaña para que les de una charla sobre el tranvía de Cuenca, en esa ocasión le regalé un ejemplar de mi libro «Ilusiones – Una ciudad para el tranvía», estoy seguro de que no lo ha leído porque está haciendo todo lo contrario de lo que contiene ese documento. Ya como alcalde electo, Palacios en el mes de abril de este año 2019, volvió a invitarme para conversar sobre el proyecto tranvía; en esa ocasión le recomendé que, pese a que la obra del tranvía se encontraba en el punto que Cabrera lo había dejado, lo más conveniente para Cuenca era no poner en servicio el sistema tranviario por los altos costos de operación y mantenimiento que ello representa y porque habían muchos asuntos que no dejaba resueltos su antecesor en la alcaldía, tales como: la tarifa, el sistema de integración del servicio de transporte, estaciones de transferencia para facilitar la intermodalidad, la falta de recepción de las obras, las demandas de los contratistas del tranvía en contra de la municipalidad y sobre todo lo inservible que va a resultar el tranvía para resolver los problemas de la movilidad en la ciudad de Cuenca, convirtiéndose en un estorbo en lugar de una solución.  A todo esto, hay que sumar el insistente mensaje dejado en Cuenca por el actual presidente de la república, Lenin Moreno: «Dejemos de buscar culpables…». ¿Por qué será?

 

POR: Jaime Cedillo Feijóo Publicado en la Revista El Observador (edición 114, diciembre de 2019)

Funcionario y contratista al mismo tiempo

Ver una injusticia y no hacer nada es no tener valor, así dijo Confucio en el año 551 ac, sin embargo, y desde entonces, aparentemente, y de acuerdo a la experiencia, quien tiene valor para denunciar algo, es despedido, perseguido y hasta enjuiciado. La lucha contra la corrupción que el gobierno de Moreno anunció, con bombos y platillos, es puro cuento, puro bla bla, de eso no ha pasado, puro buche y pluma, como dice Martín Pallares. La cirugía mayor a la corrupción ha sido simple demagogia. “Cuando quieras enterrar un problema, crea una comisión”, escribió el político francés Clemenceau. Y, eso es precisamente lo que hizo Moreno, creó no sólo una sino dos, para que vean que la cosa va en “serio”. Formó la primera comisión con gente del correismo para investigar la corrupción durante el correismo, con Rossana Alvarado, María Fernanda Espinoza, Francisco Borja, etc. Resultados: CERO. Luego, creó la comisión de expertos internacionales de lucha contra la corrupción, mediante decreto ejecutivo. Hasta la fecha, ni chicha ni limonada. Nunca funcionó. Todo ha sido un engaño bien planificado. Pero la cosa no queda ahí: el gobierno del presidente Moreno, va más allá, en su “empeño” incansable por recuperar los miles de millones que se robaron durante la famosa década “ganada”, crea la secretaría anticorrupción y nombra al  excorreista Iván Granda como su titular. Hace poco, antes de su  salida, viaja por el país, acompañado de Dora  Ordóñez, (actual encargada de esa secretaría) anunciando la recuperación de 13 millones de dólares del incalculable saqueo. Qué bestia, se merecen, los dos, un reconocimiento especial, por la titánica tarea. El pueblo grita emocionado Iván y Dora al poder, no se diga más. La corrupción en las instituciones públicas continúa, goza de buena salud. Ejemplo: cómo puede ser posible que el actual gerente general del Banco de Desarrollo del Ecuador, Carlos Julio Jaramillo Vintimilla, de profesión ingeniero civil, sea al mismo tiempo contratista con el Estado, algo que es prohibido por ley. Jaramillo es contratista de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), a través del programa denominado plan de reconstrucción de infraestructura de las zonas afectadas por el terremoto (PRIZA). De la información recabada, se desprende que en los pliegos de consultoría, de uso obligatorio en la contratación pública, en el acápite 3.6.2, página 11, se establece cómo debe cobrar el contratista de fiscalización (entiéndase Jaramillo). El contratista tiene un avance de obra del 11,86 por ciento. El fiscalizador de la obra, Carlos Julio Jaramillo, ya cobró el 67.72 por ciento, y presiona (denuncia la fuente), para cobrar el ciento por ciento. La Dirección Administrativa Financiera de la CNEL, concluyó que el ingeniero Jaramillo, debe devolver 79.559,89 dólares.  Pero en este desdichado país, las cosas suceden al revés (los pájaros contra las escopetas), sucede que el funcionario de esa dirección, por exigir la devolución de los fondos públicos, y por hacer su trabajo, con la ley en la mano, fue despedido, al igual que otros empleados de CNEL-PRIZA, que llegaron a la misma conclusión, que Jaramillo debe devolver el dinero. El gerente general del Banco de Desarrollo del Ecuador, tiene tres contratos con CNEL-PRIZA, con el mismo problema. El memorando CNEL.PRI.CAF-2019-0370-M,  de fecha (Manta, 01 de marzo de 2019) Asunto: fiscalización a la construcción de redes subterráneas eléctricas y redes de telecomunicaciones Bahía de Caraquez, señala textualmente lo siguiente: “Con el fin de precautelar los intereses institucionales, me permito informar que de acuerdo a los registros contables constantes en el sistema CG-IFS WEB REPORT los valores a reintegrar por el contratista CARLOS JULIO JARAMILLO VINTIMILLA, a CNEL E.P. por concepto de anticipo no amortizado es de USD 111.761, 08; siempre y cuando el contratista presente las planillas que correspondan para completar el 11.84 por ciento del valor contratado, conforme el avance físico de obra descrito en el informe técnico-económico emitido por la Administración del Contrato, y estas sean procesadas como corresponden, el valor a reintegrar a CNEL E.P. sería por el monto de USD 79.559,98”. Pero hay algo más inmoral y reprochable, señores de la Secretaría Anticorrupción; el ingeniero civil,  Carlos Julio Jaramillo  Vintimilla (R.U.C. 0102147261001) es declarado contratista incumplido. (documento de fecha 26 de octubre de 2018. Causas del incumplimiento: negativa del consultor a terminar por mutuo acuerdo la totalidad de las obligaciones contraídas. REGLAMENTO A LA LEY ORGANICA SISTEMA NACIONAL CONTRATACION PUBLICA.          Art. 63.- Inhabilidades Especiales.- No podrán celebrar contratos con la Entidad Contratante: 1. Los consejeros provinciales, los concejales municipales y los vocales de las juntas parroquiales, en su respectiva jurisdicción; 2. Las personas naturales o jurídicas, incluidos sus representantes legales, que hubieren realizado los estudios, los diseños y los proyectos de ingeniería o arquitectura, que presenten algún tipo de vinculación respecto a los ejecutores de las obras; y, los que hubieren elaborado las especificaciones de los bienes a adquirirse; salvo que el contrato se refiera a fiscalización, supervisión, o actualización de los estudios, diseños o proyectos; 3. Los miembros de directorios u organismos similares o de la Comisión Técnica de la entidad convocante, sus cónyuges o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; 4. Los funcionarios, servidores o empleados que hayan intervenido en la etapa precontractual o contractual y que con su acción u omisión pudieren resultar favorecidos, su cónyuge o sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, así como las personas jurídicas de derecho privado o sociedades de hecho en las que los indicados funcionarios, servidores o empleados, su cónyuge o sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad tengan participación, aún en el caso de que los referidos funcionarios, servidores o empleados hubieren renunciado a sus funciones; y, 5. Los que de manera directa hayan estado vinculados con la elaboración, revisión o aprobación de los pliegos, relacionados con el contrato a celebrarse. Si se comprobare la intervención de un oferente inhábil, éste quedará eliminado del respectivo proceso precontractual, sin derecho a reclamo alguno. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Arts. 173 CODIGO DEL TRABAJO, Arts. 14, 43, 79, 91, 95, 174, 440, 457 CODIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL, Arts. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 Art. 24.- Prohibiciones a las servidoras y los servidores públicos.- Prohíbese a las servidoras y los servidores públicos lo siguiente: a) Abandonar injustificadamente su trabajo; b) Ejercer otro cargo o desempeñar actividades extrañas a sus funciones durante el tiempo fijado como horario de trabajo para el desempeño de sus labores, excepto quienes sean autorizados para realizar sus estudios o ejercer la docencia en las universidades e instituciones politécnicas del país, siempre y cuando esto no interrumpa el cumplimiento de la totalidad de la jornada de trabajo o en los casos establecidos en la presente Ley; c) Retardar o negar en forma injustificada el oportuno despacho de los asuntos o la prestación del servicio a que está obligado de acuerdo a las funciones de su cargo; d) Privilegiar en la prestación de servicios a familiares y personas recomendadas por superiores, salvo los casos de personas inmersas en grupos de atención prioritaria, debidamente justificadas; e) Ordenar la asistencia a actos públicos de respaldo político de cualquier naturaleza o utilizar, con este y otros fines, bienes del Estado; f) Abusar de la autoridad que le confiere el puesto para coartar la libertad de sufragio, asociación u otras garantías constitucionales; g) Ejercer actividades electorales, en uso de sus funciones o aprovecharse de ellas para esos fines; h) Paralizar a cualquier título los servicios públicos, en especial los de salud, educación, justicia y seguridad social; energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, procesamiento, transporte y distribución de hidrocarburos y sus derivados; transportación pública, saneamiento ambiental, bomberos, correos y telecomunicaciones; i) Mantener relaciones comerciales, societarias o financieras, directa o indirectamente, con contribuyentes o contratistas de cualquier institución del Estado, en los casos en que el servidor público, en razón de sus funciones, deba atender personalmente dichos asuntos; j) Resolver asuntos, intervenir , emitir informes, gestionar, tramitar o suscribir convenios o contratos con el Estado, por si o por interpuesta persona u obtener cualquier beneficio que implique privilegios para el servidor o servidora, su cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida, sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Esta prohibición se aplicará también para empresas, sociedades o personas jurídicas en las que el servidor o servidora, su cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida, sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad tengan interés; k) Solicitar, aceptar o recibir, de cualquier manera, dádivas, recompensas, regalos o contribuciones en especies, bienes o dinero, privilegios y ventajas en razón de sus funciones, para sí, sus superiores o de sus subalternos; sin perjuicio de que estos actos constituyan delitos tales como: peculado, cohecho, concusión, extorsión o enriquecimiento ilícito. Carlos Julio Jaramillo Vintimilla, en el pasado ha ocupado otros cargos públicos: director de la Unidad de Proyectos del Municipio de Cuenca, entre mayo de 2009 y noviembre de 2010. Gerente de agua potable de la empresa municipal ETAPA, entre noviembre de 2010 y mayo de 2014. Gerente de la empresa municipal de agua potable de Durán, entre mayo de 2014 y octubre de 2016. El Observador hace un llamado a la Secretaria Anticorrupción del gobierno nacional, a la Comisión Nacional Anticorrupciónla, a la Contraloría General del Estado, a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, para que se pronuncien sobre este y otros casos que han sido denunciados por ciudadanos honestos y medios de comunicación independientes, para que la tan cacareada “cirugía mayor a la corrupción” sea efectiva y no una quimera, para que los autores y cómplices de estas “vivesas criollas” sean sancionados con todo el peso de la ley. La Libertad de Expresión, ni se compra, ni se vende, ni se transa.

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 Juicio No 01123-2022-00005

Delito: Calumnia Art. 182 COIP.

Querellante: Pedro Renán Palacios Ullauri.

Querellado: Cristian Eduardo Zamora Matute.

VISTOS: PRIMERO: ANTECEDENTES: Esta Jueza Provincial de la Sala Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de esta Corte Provincial de Justicia de Azuay, en atención al sorteo electrónico efectuado el -11 de agosto de 2022, a las 16:51- conforme evidencia el acta física que corre a -fs.23 expediente de Sala- y, a lo dispuesto en los Artículos 208.2 y 192.1 del Código Orgánico de la Función Judicial -COFJ-, es legalmente competente para conocer, tramitar y resolver el presente proceso de ejercicio privado de la acción penal -Calumnia Art. 182 Código Orgánico Integral Penal- -COIP- propuesta por Pedro Renán Palacios Ullauri en contra de Cristian Eduardo Zamora Matute. Cumpliendo con el procedimiento establecido en nuestro ordenamiento legal artículo 647 y siguientes del COIP para el ejercicio privado de la acción penal y, por corresponder al estado procesal, en aplicación de lo que dispone el inciso primero del Art. 649 COIP, se fijó mediante providencia emitida en fecha -04 de octubre de 2022, a las 15h39- -fs. 46-, para el día -10 de noviembre de 2022 a las 08h30- para que se lleve a efecto la diligencia de conciliación y juzgamiento correspondiente.

RESOLUCIÓN: Por lo brevemente expuesto y, sin que sea menester otro análisis que el desarrollado en los considerandos anteriores, en aplicación de lo que dispone el inciso tercero del Art. 108 del Código de la Democracia, así como en garantía del principio consagrado en el Art. 82 de la Constitución, atendiendo la naturaleza de la presente acción penal de ejercicio privado, a las alegaciones de querellante y, querellado durante la audiencia que se cumplió en esta causa, se suspende el presente procedimiento de ejercicio privado de la acción penal -Calumnia Art. 182 Código Orgánico Integral Penal-hasta cuando se hayan proclamado de manera definitiva los resultados de las elecciones seccionales a desarrollarse en nuestro país el próximo febrero de 2023. El marco constitucional y legal que sustenta en resolución se encuentra desarrollada en el texto de la misma. Se previene a los sujetos procesales que el impulso de esta acción les corresponde toda vez que esta Jueza Provincial carece de iniciativa procesal por su naturaleza. Notifíquese y por el momento pase al archivo de la Sala el presente expediente.

 Juicio político: El CAL está convocado para conocer el dictamen Seis jueces constitucionales votaron a favor del dictamen de admisibilidad para el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso.

El Consejo de Administración Legislativa lo conocerá para después enviarlo a la Comisión de Fiscalización. El juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso es un proceso complejo. El trámite tomará más de un mes, en el que se tienen que cumplir varios pasos para llegar hasta al final, que sería la destitución en el Pleno de la Asamblea. La Constitución y las leyes detallan cada uno de los pasos que quienes impulsen el juicio político deben seguir. Por ahora, el proceso va recién en sus primeros movimientos. Ya superó el primer filtro, en el Consejo de la Administración Legislativa (CAL), el 24 de marzo de 2023. Mujeres ganan hasta un 18% menos que los hombres en Ecuador El segundo filtro, en la Corte Constitucional, logró superarlo este 29 de marzo de 2023. Con esto, el trámite continuará en la Asamblea. 30/03/2023 10:19

El CAL conocerá el dictamen El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, convocó a los miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL) para este viernes 31 de marzo, a las 09:30, para conocer el dictamen de la Corte Constitucional. En la sesión, los vocales del CAL deberán resolver si el expediente del juicio y el dictamen pasan a la Comisión de Fiscalización, donde deberá iniciar el proceso de preparación del juicio político al Primer Mandatario. 29/03/2023 11:12 Gobierno rechaza decisión de la Corte El Gobierno nacional reaccionó a la decisión de la mayoría de los jueces de la Corte.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, dijo que “rechaza el juicio político, respeta la decisión de la Corte y ratifica la inocencia del presidente”. El documento, sin embargo, aclara que respetar el dictamen de admisibilidad sobre el juicio político, “de ninguna manera valida los argumentos planteados por la legislatura contra el Presidente”. Según la Secretaría de Comunicación, el planteamiento de la Asamblea “nunca tuvo ni tendrá sustento jurídico, ni político alguno“. Y finaliza diciendo que las “inconsistencias en los argumentos de este juicio no acabarán con nuestra visión de servir” a los ecuatorianos. 29/03/2023 9:31

Seis votos a favor del juicio político Pasadas las 21:30 de este 29 de marzo, la Corte Constitucional aprobó el dictamen de constitucionalidad para el juicio político en contra del presidente Lasso. La decisión se tomó con seis votos a favor y tres votos salvados. Según un comunicado de la Corte, el dictamen determina que la solicitud presentada y el trámite seguido hasta aquí en la Asamblea Nacional “han respetado los principios de legitimidad política y del debido proceso”. Aunque llama la atención a los solicitantes y a la Asamblea Nacional por la “falta de prolijidad en la activación de dicha figura constitucional”. Sin embargo, la Corte sólo aceptó una de las tres causales planteadas: las acusaciones por peculado relacionadas con un contrato de la empresa pública Flopec.

Las otras dos acusaciones, por el delito de concusión, según la Corte Constitucional “no cumplen las exigencias” legales y constitucionales. Con esto, el trámite regresará a la Asamblea Nacional para que comience la sustanciación. El proceso debe pasar a manos de la Comisión de Fiscalización, que tiene aproximadamente un mes para recabar pruebas y para que el Mandatario ejerza su derecho a la defensa. Inmediatamente después, el juicio pasará al Pleno de la Asamblea. Allí, se necesitan 92 votos para la censura y destitución de Lasso. 29/03/2023 8:00 La Corte vuelve a sesionar Los magistrados fueron convocados para la noche de este 29 de marzo de 2023, a las 20:00, para decidir sobre el futuro del juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Los nueve magistrados deberán analizar el proyecto de sentencia presentado por los jueces Ortiz y Lozada.

Para la aprobación del dictamen se requieren seis de los nueve votos existentes. 29/03/2023 3:27 Jueces Ortiz y Lozada entregan nuevo proyecto A las 15:23, los jueces Richard Ortiz y Alí Lozada entrgaron su nuevo proyecto de dictamen. Con esto, la Corte debe convocar a una nueva sesión del Pleno, que extraoficialmente se conoce que sería hoy mismo en horas de la tarde. Los jueces deben argumentar su propuesta ante los otros magistrados. Para tomar una decisión, se necesitan mínimo seis votos de los nueve jueces. El contenido de ese dictamen no es público, pero allí los jueces deben recomendar o no seguir con el proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. 27/03/2023 5:20 El nuevo trámite La designación de dos ponentes para una misma causa es algo nuevo. El exjuez constitucional Agustín Grijalva, en diálogo con PRIMICIAS, aseguró que esto no sucedió en ninguna causa en el anterior período de la Corte, pero que revela la premura con la que está actuando la institución.

Grijalva explicó que el sorteo de los nuevos jueces se hace entre quienes no apoyan el proyecto de dictamen propuesto; es decir, en este caso, entre quienes no votaron a favor de la propuesta de Teresa Nuques. Los dos jueces designados, Richard Ortiz y Alí Lozada, deberán preparar conjuntamente un proyecto de dictamen. Este, de acuerdo con información extraoficial, sería a favor de la admisión del juicio político contra el presidente Lasso. Según Grijalva, para esto no aplican nuevos plazos. Por lo tanto, el proyecto debe estar listo y ponerse en conocimiento del Pleno de la Corte dentro de las 48 horas que corren desde que Nuques entregó su proyecto (las 10:00 de este 27 de marzo de 2023). Esto quiere decir que la decisión de la Corte debería estar lista antes de las 10:00 de este miércoles 29 de marzo. 27/03/2023 4:00 Dos nuevos ponentes para el juicio político a Lasso La Corte Constitucional no alcanzó los seis votos necesarios para aprobar el proyecto de dictamen emitido por la jueza Teresa Nuques. En la sesión instalada la tarde de este 27 de marzo de 2023, el Pleno de la institución debatió, pero no logró llegar a un acuerdo.

El contenido de la propuesta de Nuques no se hará público, pues no llegó a ser una decisión de la Corte. Sin embargo, extraoficialmente se conoce que su propuesta era archivar el pedido de juicio político. A favor de la propuesta de Nuques votaron solamente ella, Enrique Herrería y Carmen Corral. En contra, hubo seis votos, de: Alí Lozada, Jhoel Escudero, Daniela Salazar, Richard Ortiz, Karla Andrade y Alejandra Cárdenas. De entre los jueces que votaron en contra (que conforman mayoría en esta votación), se realizó un nuevo sorteo y, en este caso, la causa recayó sobre el juez Richard Ortiz. Y, con base en la Ley de Garantías Jurisdiccionales, designó a un segundo ponente, que es el presidente de la Corte Constitucional, Alí Lozada.

Con esto, el trámite del juicio político tomará unos días más en resolverse. En el Pleno de la Corte Constitucional, se necesitan al menos seis votos de los nueve jueces que la integran para llegar a una decisión. 27/03/2023 10:30 La jueza emite su proyecto y el Pleno sesiona La jueza Teresa Nuques presentó su proyecto de dictamen constitucional la mañana de este 27 de marzo de 2023, horas antes de que se cumpliera el plazo de tres días que tenía para hacerlo. Según el sistema de la Corte Constitucional, el proyecto ingresó a las 10:30. La notificación de este trámite a la Asamblea se hizo cuatro minutos más tarde. El contenido de ese dictamen no fue público, pero allí la jueza debía recomendar o no seguir con el proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. El presidente de la Corte Constitucional, Alí Lozada, convocó a la sesión del Pleno para tratar este tema horas más tarde. Los jueces sesionaron desde las 14:00 de ese mismo día. 25/03/2023 6:45 Jueza pide a la Asamblea el expediente completo La jueza Teresa Nuques pidió a la Asamblea que remita a la Corte Constitucional todo el expediente para el pedido de juicio político. Debían incluirse todas las peticiones, solicitudes, resoluciones, votaciones y actas de sesiones del CAL.

La jueza puso énfasis en la resolución del 20 de marzo. La Asamblea Nacional debía enviar todos los documentos solicitados hasta las 16:30 del 25 de marzo, luego de haberse solicitado una prórroga. 24/03/2023 6:42 Juicio político a Lasso llega a la Corte Constitucional Tras recibir el pedido del juicio político al presidente Guillermo Lasso, la Corte Constitucional convocó a la sesión extraordinaria la noche de este 24 de marzo para sortear al juez ponente de la causa. La responsabilidad recayó sobre Teresa Nuques Martínez. La jueza tendrá tres días para revisar la causa y emitir un proyecto de dictamen. Teresa Nuques es jueza constitucional desde 2019, es decir que entró en el proceso organizado por tras la destitución de los magistrados de manos del Consejo de Participación Transitorio. Antes de ser jueza constitucional, Nuques se desempeñó como directora del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Es doctora por la Universidad de Coruña, España, y por la Universidad Católica de Guayaquil. Es magíster en Arbitraje y Mediación, en Derecho Administrativo, y en Justicia Constitucional. También ha estado vinculada a la Academia. Es docente titular en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Dirigió proyectos nacionales en materia de depuración de carga procesal de niñez y adolescencia. Además, sobre el acceso a la justicia de grupos y comunidades vulnerables. 24/03/2023 4:25 Segunda admisión del CAL Este 24 de marzo de 2023, el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) volvió a admitir a trámite el pedido de juicio político contra el presidente Lasso.

Lo hizo después de que los proponentes completaran y enmendaran errores en la solicitud original. La decisión se tomó con cinco votos a favor, al igual que en la votación del pasado 20 de marzo. Las asambleístas Johanna Moreira (ID) y Nathalie Arias (BAN) se abstuvieron. Con esto, ahora sí, el proceso pasará a manos de la Corte Constitucional. El CAL dispuso que la Secretaría de la Asamblea notifique esta resolución a la Corte. 23/03/2023 3:35 Llegan las tres correcciones Cerca de las 15:30 de este 23 de marzo de 2023, los asambleístas proponentes del juicio político entregaron finalmente el documento en el que “completan” la solicitud. En un documento de cuatro páginas, se refieren a tres puntos: Aseguran que el artículo del Código Integral Penal (COIP) sobre concusión que citaron originalmente corresponde a una versión antigua de esa ley, porque estaba vigente “al momento que empezaron a perpetrarse los actos de corrupción en las empresas públicas”. Aun así, añaden más adelante el actual artículo del COIP vigente a la fecha.

Sobre la segunda acusación de concusión, básicamente usan el mismo argumento. Además añaden que “el cometimiento de la infracción se dio en el marco de temporalidad de aplicación de las dos normas”. El mismo argumento lo usan para el delito de peculado. Dicen que el artículo del COIP que citaron originalmente corresponde a una versión antigua de esa ley, porque estaba vigente “al momento que empezaron a perpetrarse los actos de corrupción en las empresas públicas”. Aun así, añaden más adelante el actual artículo del COIP vigente a la fecha. Con esto, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, podrá convocó a una nueva sesión del CAL para revisar este pedido tras ser “completado”, este viernes 24 a las 15:20.

Con esa decisión, finalmente el proceso pasaría a la Corte Constitucional. 23/03/2023 2:30 Nuevos errores detectados Aunque los proponentes del juicio político contra el presidente Lasso aseguraron que no demorarían en corregir y volver a entregar el documento, hasta las 14:30 de este 23 de marzo de 2023, aún no lo envían. Los legisladores no han explicado el porqué de esta demora. Sin embargo, coincide con la denuncia de un nuevo error que contendría el pedido de juicio político. El asambleísta Fernando Villavicencio denunció que hay una sentencia de la Corte Constitucional mal citada. 22/03/2023 11:01

La corrección será inmediata Viviana Veloz (UNES), quien encabeza a los proponentes del juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, aseguró este 22 de marzo de 2023 que no les tomará más de un día “completar” lo solicitado por el CAL. Veloz aseguró que los equipos técnicos ya están trabajando en la modificación del texto, que acusa al Mandatario de haber cometido delitos de concusión y peculado, por lo que buscan su censura y destitución. “Esperamos que el CAL sesione mañana (23 de marzo) y remita inmediatamente la solicitud a la Corte Constitucional”, dijo Veloz.

Según la asambleísta, lo que se completará es el texto de los artículos del Código Integral Penal de los que se acusa a Lasso. En la solicitud, se citó una versión antigua de esta ley, y se completará con las versiones actualizadas de estos textos. El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, aseguró que están dentro de los plazos legales y que no debería haber ninguna traba en la Corte Constitucional por esta demora. 21/03/2023 8:52 La solicitud vuelve a los proponentes En una sesión desarrollada la noche de este martes 21 de marzo de 2023, el CAL resolvió, por pedido de Esteban Torres (PSC), reconsiderar la votación de la anterior sesión y no enviar el pedido a la Corte Constitucional hasta que los proponentes “completen los requisitos”.

Eso quiere decir que los asambleístas ponentes del juicio político a Lasso, Viviana Veloz (UNES), Mireya Pazmiño (Pachakutik), Pedro Zapata (PSC) y Rodrigo Fajardo (ID), tienen tres días los requisitos para “completar” el documento y devolverlo al CAL. La resolución del CAL dice que la solicitud debe estar “debidamente fundamentada y contendrá la formulación por escrito de los cargos atribuidos a la Presidenta o Presidente, Vicepresidenta o Vicepresidente de la República”. Las asambleístas Johana Moreira y Nathalie Arias rechazaron esa resolución, pues aseguraron que los asambleístas mencionados no deberán completar requisitos, sino corregir errores y que eso no está contemplado en la norma. 21/03/2023 12:30 La Asamblea echa marcha atrás Después de la admisión a trámite del pedido de juicio político en el CAL, la Asamblea no enviará todavía el trámite a la Corte Constitucional.

Esto se debe a que las bancadas de la mayoría opositora decidieron corregir algunos errores que había en el texto. Durante la sesión del CAL de este 20 de marzo, Johanna Moreira (CAL) advirtió de errores en la citación de artículos, que no fueron corregidos incluso en el “alcance” que los proponentes del juicio político enviaron. Pero sus cuestionamientos fueron desechados. Además, el constitucionalista André Benavides advirtió nuevas equivocaciones: que el pedido de juicio político citaba una versión antigua del Código Integral Penal. Un día después, Esteban Torres, jefe de la bancada socialcristiana y vocal del CAL, aseguró que deberán corregir estos temas. “Lo que se ha dicho respecto a una mala citación de los artículos no influye en el fondo de la situación y la Corte podría subsanar esos errores. Sin embargo, lo mejor es que el documento vaya sin fallas”. Para ello, en el CAL propondrán la reconsideración de la votación anterior. Con ello, la idea es devolver el pedido a los proponentes del juicio político para que corrijan los errores. 20/03/2023 4:15

El pedido pasa el primer filtro Ronny Aleaga (UNES), Esteban Torres (PSC) y Darwin Pereira (Pachakutik) conversan antes de la sesión del CAL para dar paso al juicio político contra Guillermo Lasso, este 20 de marzo de 2023. PRIMICIAS El primer filtro para el juicio político fue el Consejo de la Administración Legislativa (CAL), que debía revisar si la solicitud cumplía con los requisitos previstos en la Constitución y la ley. Este 20 de marzo de 2023, el CAL resolvió que sí, por lo que admitió a trámite el pedido de juicio político y determinó que se remita a la Corte Constitucional, que es el segundo filtro. El CAL sólo se encargó de revisar que la solicitud tenga, por ejemplo, las firmas necesarias de respaldo, que esté debidamente fundamentado y que anuncie las pruebas que se usarán más adelante. Según información de la Asamblea, el trámite será enviado a la Corte Constitucional este 21 de marzo. 16/03/2023 6:00 El juicio político a Lasso entra a trámite

El primer requisito para iniciar un juicio político en contra del Presidente es la presentación de la solicitud. Este paso se cumplió el pasado jueves 16 de marzo de 2023. La solicitud fue entregada con 59 firmas de respaldo al juicio político a Lasso. Esta, según la ley, debe contener la formulación por escrito de los cargos atribuidos al Presidente y el anuncio las pruebas que se adjuntarán. Específicamente, los legisladores acusan al presidente de haber incurrido en la causal 2 del artículo 129 de la Constitución, es decir lo señalan de delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito.

Dr Sebastián López Constitucionalista

 

Navegar la crisis democrática: lecciones desde los movimientos sociales de Brasil y Perú

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Representantes de distintos sectores sociales de estos países compartieron su diagnóstico sobre la crisis social y aportaron ideas para ayudar a superarla desde la sociedad civil.

Foto: Samantha Hare / Usada bajo licencia Creative Commons.

Marcela Madrid

@marcemv91

La sociedad civil es una pieza clave en el rompecabezas de la democracia latinoamericana. Los casos de Brasil y Perú son una muestra de ello, pues en medio de los recientes escenarios que han puesto en riesgo su estabilidad democrática, los movimientos sociales siguen abriéndose espacios para trabajar por sociedades más justas y sostenibles.

Para compartir diagnósticos y reflexiones sobre cómo la sociedad civil puede encontrar salidas innovadoras a la crisis democrática, Oxfam y la Fundación Avina, con el apoyo de la Fundación Gabo, crearon una serie de ConversAcciones. En la primera de ellas, titulada ‘Democracias en duda: lecciones de Perú y Brasil para la innovación democrática’, activistas y defensores de derechos humanos de ambos países compartieron sus experiencias trabajando desde diversos ámbitos para fortalecer sus democracias. 

Bajo la moderación de la periodista colombiana Ginna Morelo, una decena de líderes y lideresas en temas sociales, ambientales, de género, juveniles y étnicos aportaron sus ideas para construir agendas de innovación democrática. 

El manual antidemocrático

La conversación comenzó con un diagnóstico por parte de Glatzer Tuesta, director del Instituto de Defensa Legal de Perú (IDL), quien enumeró las estrategias que suelen desplegar en varios países los sectores que buscan debilitar las bases de los sistemas democráticos. 

1. No respetar la voluntad popular. Según Tuesta, funciona así: “gana una persona que no le gusta al sector que siempre ha tenido el poder y este sector hace todo para doblegar eso y ganar de todas maneras. Se inventan situaciones como fraude para impedir que quien ganó se posesione”. 
2. El uso excesivo de mecanismos excepcionales como si fueran herramientas corrientes para sacar del poder al enemigo político. En Perú, por ejemplo, ha sido frecuente que el Congreso recurra a la figura de”vacancia por incapacidad moral permanente”, con la que han destituido a varios presidentes. 
3. La descalificación absoluta y brutal para aplastar al opositor político. Tuesta explicó cómo se ha intensificado la práctica de acusar de terrorista “a cualquiera que disienta con quienes están en el poder”.
4. Alentar a grupos violentos que generan violencia contra opositores. 
5. Instrumentalizar la justicia para perseguir al enemigo político. Esto ocurre, según Tuesta, para calificar al opositor como delincuente bajo la supuesta bandera de la lucha contra la corrupción.
6. Difundir noticias falsas.
7. La discriminación y el racismo.
8. Llegar al poder en cuerpo ajeno. En el caso de Perú, Dina Boluarte, quien fue elegida vicepresidenta, llegó al poder tras la destitución de Pedro Castillo, a pesar de representar al sector opositor a Castillo.
9. Cooptación institucional. El sector que se niega a soltar el poder opta por cooptar todas las instituciones: el Congreso, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, la Contraloría, la Justicia. “Así, si ganan, ganan sin control; y si pierden, le harán la vida imposible a quien gane”. 

El director del IDL explicó que todas estas jugadas suelen disfrazarse bajo la supuesta defensa de la democracia, la libertad de expresión y la representación popular. Y concluyó que, ante este panorama, la persecución contra la sociedad civil tenderá a empeorar, “la razón es que, sin canales de control institucional ni contrapeso, la sociedad civil organizada es la que está tratando de parar esta arremetida”. 

Democracias históricamente débiles

Para varios de los participantes del diálogo, la crisis democrática en sus países no es nueva. Es decir, no fueron el intento de autogolpe de Pedro Castillo en Perú ni el intento de golpe contra Lula en Brasil lo que despertó la crisis social. 

Así lo resume Kety Marceló, coordinadora de la Organización Nacional de Mujeres Andinas y Amazónicas (Perú): “¿De qué democracia estamos hablando? ¿De esa democracia donde asesinan a mis hermanos defensores territoriales? ¿De esa democracia donde día a día se violentan mujeres? ¿Donde el extractivismo genera despojo? ¿Donde nuestros hermanos mueren de hambre? ¿O la del ‘93, que creó una constitución en la dictadura?”

Beatriz Amparo, del Movimiento Mujeres Negras Dedican (Brasil), coincide en que el propósito de los movimientos sociales no es volver a “la normalidad” o, en el caso de Brasil, a lo que había antes de que la ultraderecha llegara al poder: “Más allá de recuperar lo que perdimos en los últimos años, necesitamos reorientar la política de género, raza y clase, que son pilares estructurales de la sociedad brasileña”. Para ella, las políticas públicas deben estar orientadas a reparar los daños históricos causados por el racismo y la segregación. 

En el caso de Perú, las violaciones a los derechos humanos que se han desatado desde que Boluarte asumió la presidencia no son nuevas. Así lo explica Jaime Borda, coordinador de la Red Muqui, que acompaña a organizaciones indígenas afectadas por la minería en Perú. Para él, “en las zonas de minería hemos tenido la misma situación hace 15 o 20 años: estados de excepción, abuso por parte de las fuerzas policiales, estigmatización a la población civil, personas muertas y detenidas”. 

Las propuestas de la sociedad civil

Durante el diálogo surgieron una serie de propuestas comunes para responder desde la sociedad civil a estos desafíos e incidir en las transformaciones que necesita la región. 

Para Roselaine Mendes, del Movimiento Nacional de Recicladores de Base (Brasil), el primer paso para fortalecer la democracia es promover el diálogo al interior de las comunidades. “Es importante seguir discutiendo sobre democracia y política por fuera del marco de las elecciones. Estamos en ese proceso. Tenemos como objetivo reunirnos una vez al mes para hablar de política, de cuál es nuestra obligación al elegir, cuáles son nuestros derechos como recogedores de material”. 

En la importancia del diálogo y la pedagogía coincide Marcos Wesley, de Tapajós De Fato (Brasil), una organización que promueve la comunicación popular en la Amazonía brasileña. “Necesitamos dialogar directamente en los territorios, la comunicación debe impactar a partir de su realidad”. Para ello considera necesario que existan más colectivos de comunicación que denuncien los problemas de la Amazonía, como la minería ilegal y la contaminación de los ríos. 

Además del diálogo al interior de la ciudadanía, hubo un llamado a la institucionalidad para que escuche a la población que se moviliza, en lugar de estigmatizarla. Para Jaime Borda, escuchar las demandas de la gente en las calles es indispensable para detener la crisis política: “No se puede decir que son radicales y terroristas. Lo que está diciendo la gente en el fondo es que ha dejado de creer en la institucionalidad del Estado, que no ha funcionado en los últimos años”. 

Los y las participantes estuvieron de acuerdo en la necesidad de hacer alianzas entre distintos sectores de la sociedad civil “para enfrentar conjuntamente los grandes riesgos de nuestro sistema democrático. No podemos pelear solo desde nuestras trincheras”, aseguró Glatzer Tuesta. Para el director de IDL, estas plataformas comunes se hacen especialmente urgentes, pues quienes intentan debilitar la democracia han ganado terreno creando narrativas comunes “basadas en el negacionismo y en las posturas anti derechos”.

Esta construcción de espacios comunes podría darse entre distintos países de América Latina, como propone Beatriz Amparo: “Debemos construir espacios de discusión en América Latina para articular y aprovechar las estrategias que han funcionado en otros países”.  Con base en esas lecciones, los movimientos sociales podrían construir una agenda práctica para fortalecer la democracia a través de políticas en educación, salud, movilidad, etc. 

Finalmente, se discutió sobre la importancia de impulsar nuevos liderazgos. Roselaine Mendes compartió su experiencia impulsando liderazgos femeninos desde su organización: “Mi papel como líder femenina es siempre traer nuevas líderes e impulsar a las mujeres para que ocupen espacios de decisión. Solo nosotras conocemos nuestras dificultades: dejar a nuestros hijos, volver a casa a seguir trabajando en el cuidado, porque el trabajo de la mujer nunca termina”.

Estas ideas producto de la experiencia de los movimientos sociales en tiempos de crisis fueron resumidas por Alejandra Alayza, representante de Oxfam Perú: “¿Cómo avanzar? El diálogo como punto de partida, entender que la crisis no es solo de la institucionalidad, sino también de las relaciones de poder. Necesitamos con urgencia acercarnos y pensar en las rutas desde la solidaridad global”. 

Sobre el ciclo de ConversAcciones

Oxfam LAC y la Fundación Avina, con el apoyo de la Fundación Gabo, han decidido unir esfuerzos, capacidades y experiencia para impulsar un proceso de colaboración que logre transformar las narrativas de la democracia. Este primer encuentro hace parte del ciclo de charlas virtuales De la imaginación a la acción: innovaciones democráticas en América Latina. Con ellas buscan poner sobre la mesa las innovaciones que han nacido en el sur global e implementar una agenda de acciones realmente transformadoras y efectivas.