sábado, 27 de junio de 2026

 

Tensión en Napo: confrontamiento entre comuneros kichwas y una empresa por 600 hectáreas

La comunidad kichwa de Tzawata-Ila-Chukapi en la provincia de Napo, denunció que este jueves que maquinaria, trabajadores y personas ajenas ingresaron por segunda ocasión a su territorio ancestral, pese a que según afirman existe una decisión legal que les ampara.

Los comuneros aseguran que este hecho reaviva un conflicto por la tierra de más de un siglo y que en los últimos meses ha provocado amenazas, agresiones y enfrentamientos.


“Entonces, con ese hecho, nosotros denunciamos todo este hecho, de que la empresa Terraturismo pretende agredirnos físicamente, psicológicamente y verbalmente", dijo el presidente de esa comunidad, Wayra Alvarado.
Denuncian además que el pasado 10 de junio más de 200 personas vinculadas a la empresa Terraturismo habrían ingresado al sector registrándose incidentes que dejaron varios heridos.

"En ese día pues no solamente golpean a hombres y mujeres, golpean a personas mayores de tercera edad, golpean a mujeres.", apuntó la autoridad.

La comunidad sostiene que habita estas tierras desde antes de 1900. Señalan que en 2008 recuperaron parte del territorio y que en 2011 obtuvieron reconocimiento oficial mediante acuerdo ministerial. Sin embargo, aseguran que el conflicto se intensificó en 2016, cuando la empresa Terraturismo S.A. adquirió 627 hectáreas en disputa.

Por su parte, el representante jurídico de Terraturismo sostiene que no existe una disputa territorial.

"Tenemos 625, 627 hectáreas que fueron compradas en el año 2016. De esas 627 hectáreas existe una promesa de compraventa a favor de la comunidad San Clemente de Chukapi, es decir que tendríamos, en teoría, cuando ya se cumplan las condiciones de la promesa de compraventa, únicamente 602 hectáreas, porque eso sería entregado ya a los señores de la comunidad", apunta Juan Carlos Loor.

También rechazan que sus actividades representen una amenaza para el ambiente.

“El cultivo de raíces, tubérculos, camote, batata, melloco... que nosotros no realizamos ningún tipo de actividad minera. Estamos en contra de esas actividades ilegales”, señaló.

Mientras ambas partes solicitan la intervención de las autoridades, la comunidad exige que se investiguen las denuncias presentadas y se garantice el cumplimiento de las resoluciones vigentes.



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