Caso Progen: Generadores de 2009, placas adulteradas e inspecciones millonarias por Zoom
El expediente del caso Apagón detalla cómo Progen y sus verificadoras simularon inspecciones de generadores eléctricos. Los documentos revelan equipos de 2009 vendidos como nuevos, placas adulteradas y revisiones por videollamada que desencadenaron pagos estatales irregulares por millones en plena crisis energética.
En medio de la declaratoria de emergencia eléctrica de 2024, cuando el país llegó a sufrir apagones de 14 horas, el Estado ecuatoriano desembolsó fondos millonarios a Progen bajo la promesa de recibir generadores nuevos para mitigar el estiaje.
Sin embargo, el expediente del caso Apagón revela negligencias escandalosas en la verificación técnica de los equipos. El eje central de las presuntas irregularidades radicó en el denominado "Hito 1", correspondiente a la inspección en fábrica, que permitía el desembolso del 70% del valor de los contratos. Con base en esas verificaciones, Celec pagó USD 104 millones a Progen, por los contratos de Quevedo y Salitral.
Los informes anexados a la indagación evidencian cómo la empresa verificadora emitió reportes basándose en inspecciones netamente visuales en galpones que resultaron ser ajenos a la contratista.
Las evidencias recopiladas demuestran que los motores eran obsoletos, con placas sobrepuestas y capacidades incompatibles con el objeto contractual.
El caso Apagón investiga el delito de peculado en los contratos de emergencia de 2024 suscritos entre Celec y la empresa Progen para generadores en Quevedo y Salitral. La Fiscalía indaga presuntas irregularidades tras la terminación unilateral de los acuerdos por incumplimientos de la contratista estadounidense, que generaron más de USD 100 millones de perjuicio.
El 'Hito 1' y la delegación de una inspección sin rigor
Según los documentos contractuales, la estructura de desembolsos estatales a Progen dependía del cumplimiento de un condicionante clave detallado en los contratos de emergencia TPI-CON-0062-24 y TPI-CON-0067-24.
Específicamente, en su cláusula cuarta de los contratos se incluyó el "Primer Hito de Cumplimiento", que exigía obligatoriamente la presentación de un informe de inspección y verificación en fábrica, el cual debía ser emitido por una comisión técnica o una verificadora delegada por Celec, la empresa pública que firmó los contratos.
Para cumplir con esta fase probatoria, se delegó la tarea a la compañía AP Inspections Latinoamerica S.A., cuyos reportes terminaron validando los equipos de la contratista.
No obstante, el Informe DNA4-0032-2025 de la Contraloría General del Estado detalló que el trabajo de esta verificadora fue superficial y visual, omitiendo las pruebas de funcionamiento necesarias.
Pese a esta falta de rigor en la comprobación técnica, la emisión de dichos certificados por parte de AP Inspections permitió que se habilitara el pago de USD 69,5 millones a favor de la empresa estadounidense por el contrato de Salitral.
De acuerdo con los oficios anexados al expediente judicial, Celec gestionó de forma paralela la obtención de cotizaciones con tres firmas especializadas para la verificación: SGS del Ecuador S.A., AP Inspections y Bureau Veritas. Sin embargo, en una comunicación interna fechada el 11 de septiembre de 2024, la entidad estatal reconoció que, para ese momento, solo se había obtenido una proforma.
La urgencia por destrabar esta fase escaló al día siguiente. El 12 de septiembre de 2024, Progen remitió el oficio No. PG-CELSALITRAL-2024-002, mediante el cual solicitó que se gestionara a la brevedad posible la designación de la empresa de servicios de verificación con el propósito de no dilatar la ejecución del contrato.
Frente a este apremio y con el objetivo de evitar retrasos por "causas que podrían ser imputables a la Contratante", Celec dispuso a Progen Industries LLC que avanzara con la contratación de AP Inspections, argumentando que era la única cotización con la que se contaba hasta esa fecha.
Tras la aceptación de la contratista estadounidense de cubrir con sus propios recursos los honorarios de esta inspección, ese mismo 12 de septiembre el administrador del contrato oficializó el trámite.
Videollamadas y 'fábricas fantasmas' en Texas
La precariedad de las revisiones de AP Inspections quedó registrada en los memorandos del administrador del contrato, donde se detalla que al inicio de cada inspección, la empresa verificadora remitía un enlace de la plataforma Zoom para que los funcionarios de Celec EP presenciaran el acto mediante videoconferencia.
Esta modalidad de supervisión a distancia fue validada en la suscripción de un contrato complementario. Según los documentos del expediente judicial, este nuevo instrumento legal modificó la Cláusula Cuarta del contrato principal, redefiniendo las reglas del "Primer Hito de Cumplimiento".
El texto modificado estableció que el informe de inspección en fábrica sería emitido por la verificadora internacional y dispuso expresamente que en dicha diligencia "deberá participar el administrador del contrato bajo medios telemáticos".
A estas anomalías se sumó que el factor de potencia real de los equipos era de apenas 0,7, una cifra inferior a la requerida en los pliegos contractuales.
Finalmente, los informes precisan que los aparatos correspondían a motores de dos tiempos, los cuales resultan técnicamente incompatibles para operar con combustibles pesados como HFO6 o HFO4, contraviniendo directamente el objeto principal de la contratación. Es decir, no podían operar en Ecuador.
El bloqueo a Bureau Veritas y la caída de los contratos
Frente a las inconsistencias detectadas en la fase de ejecución, Celec intentó enderezar el proceso de supervisión mediante la contratación de una firma externa en diciembre de 2024 para el contrato de Quevedo.
Según consta en las comunicaciones oficiales del administrador del contrato, la entidad estatal gestionó la intervención de la compañía Bureau Veritas para que ejecutara una verificación técnica exhaustiva en las bodegas donde reposaban los bienes.
No obstante, los reportes reflejan que Progen Industries LLC se negó a conceder las facilidades logísticas necesarias y bloqueó el acceso físico de los nuevos inspectores a sus instalaciones.
Esta negativa sistemática a la supervisión presencial, sumada a los reiterados retrasos en los hitos del cronograma, derivó en la paralización definitiva del proyecto.
Como consecuencia directa de estas trabas e incumplimientos, Celec emitió resolvió la terminación unilateral y anticipada, cerrando el ciclo de los contratos y activando los mecanismos para la ejecución de las garantías.
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