El observador

 Sr. Dr. Pablo Beltrán Ayala 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

De nuestras consideraciones. 

 

Reciba en primer lugar un saludo cordial y respetuoso, y los deseos de éxito al frente del Consejo de Educación Superior. 

El motivo de la presente, es para poner a su conocimiento, hechos que ameritan una respuesta justa, oportuna y preventiva de la corrupción en el sistema de educación superior del país, y particularmente de la ciudad de Cuenca; denunciar hechos que no son dignos de un sistema de educación superior encaminada, no solo a formar profesionales calificados y con valores, sino también a garantizar concursos públicos de merecimientos y oposición para docentes bajo los principios de universalidad, igualdad, equidad, transparencia, responsabilidad y participación. 

Denuncia que presentamos como una herramienta ciudadana para luchar firmemente contra todo acto de corrupción e irregularidades; que desnaturalizan la verdadera misión y objetivos del Sistema de Educación Superior al que usted acertadamente representa. 

La presente información se presenta precautelando la identidad de la denunciante, debido a la sensibilidad de esta problemática que viene ocurriendo de un buen tiempo a la presente fecha, así como para evitar retaliaciones de algún tipo; sobre todo con la confianza y la firme convicción de que Su Autoridad, las personas y respetables instituciones a quienes también se copia esta denuncia actúen dentro de sus competencias y obligaciones para erradicar y prevenir las malas prácticas académicas y profesionales al interior de la academia cuencana, especialmente al interior de una institución tan respetable e importante como es la Universidad de Cuenca. 

 

HECHOS 

En base a lo manifestado, hacemos conocer que en el mes de diciembre de 2024, se convocó al concurso público de oposición y méritos para el cargo de docente titular de la materia de Derecho Penal en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca. Siendo así, en ejercicio del derecho a la participación y confiando que será un proceso democrático, justo y transparente, y más aún ante una convocatoria nunca antes realizada, pues esos espacios han estado designados al compromiso, compadrazgos y favoritismos entre determinados grupos de la sociedad cuencana.  

Ante la referida convocatoria se presentan 19 profesionales del Derecho de la ciudad y región, hombres y mujeres con amplia trayectoria profesional a nivel nacional, incluida una ex Jueza de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia y varios jueces de lo Penal en funciones. Más sucede que dentro del grupo de postulantes se encuentran DOS aspirantes, quienes laboran en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca, en calidad de contratados y coincidencialmente dictan las materias sobre las que versa el concurso.  

Desde ahí empezó el favoritismo en la asignación de puntajes en méritos, contraviniendo el propio el artículo 18 del Reglamento que prohíbe asignar puntaje a los títulos intermedios, lo que no se cumplió, asignando puntaje a favor del postulante DIEGO PALACIOS MORENO, cuya madre labora en la Universidad de Cuenca.  

Postulante a quien oportunamente la Universidad contrató, para luego de contadas semanas hacer un concurso que dejó mucho que desear en la comunidad académica y finalmente formalizar dicha contratación; en lo posterior, una vez que cumplido el año de labores como docente contratado en la Universidad de Cuenca; curiosamente, una vez que dicho postulante cumple un año de experiencia docente, esta universidad decide convocar al referido concurso, tomando en cuenta   que entre los requisitos se requiere un año de experiencia docente. Es decir, desde un inicio este concurso estuvo amañado y dirigido hacia el postulante DIEGO PALACIOS MORENO. Situación parecida con el otro postulante DIEGO MARTINES IZQUIERDO, quien también se encuentra contratado sin mediar mérito y oposición alguna para ser docente de Derecho Penal en la Universidad de Cuenca y a quien también se ha privilegiado en este concurso docente. 

Para ahondar más esta problemática; para la prueba teórica – práctica, la materia versó sobre los silabus elaborados y desarrollados por los docentes contratados, es decir nunca existió objetividad ni igualdad para todos los postulantes; ya que en el material sobre el que se rindió la evaluación, paradójicamente constaban los nombres de los dos docentes DIEGO PALACIOS MORENO y DIEGO MARTÍNEZ IZQUIERDO. Sin lugar a duda una gran ventaja para los prenombrados postulantes, pues al ser los docentes de la materia tenían conocimiento previo de los parámetros sobre los que se realizó la evaluación.  

Sin embargo, a pesar de todas las irregularidades para la presentación del examen acuden la mayoría de los participantes, en una cancha totalmente inclinada, pues los miembros de la Comisión de calificación eran nada más que los profesores de la misma Facultad, es decir amigos y colegas de los dos participantes.  

Ante tanta irregularidad, se perfecciona la burla e ilegalidad en la calificación de los exámenes, ya que de los 10 aspirantes, todos con perfiles idóneos y formación especializada, la mayoría docentes universitarios en universidades públicas y privadas, contra la verdad y elemental lógica, solamente los dos postulantes PALACIOS MORENO DIEGO y MARTINEZ IZQUIERDO DIEGO, dos profesores contratados en la carrera de Derecho, obtienen la calificación máxima, es decir la nota perfecta de 60/60, uno de los postulantes la calificación de 40 puntos, mientras que los restantes postulantes no superan los 30 puntos, por lo que no pueden pasar a la siguiente fase, es decir a la clase demostrativa; quedando finalmente tres concursantes; y entre estos, los dos contratados. En suma, con dicha calificación máxima perfecta, los dos postulantes que tenían notas bajas en la fase de méritos, ipso facto suben al primer y segundo lugar respectivamente. 

Que se entienda bien, no ponemos en duda la capacidad que puedan tener los dos postulantes; no obstante, lo indignante, reprochable, inconstitucional e ilegal, es el proceso del concurso de méritos y oposición que se ha desarrollado con evidentes favoritismos y subjetividad de los encargados de calificar, con la venia de las autoridades de la Universidad de Cuenca.  

Tanto así que aún habiendo presentado las impugnaciones debidamente fundamentadas, se han aceptado dos de las mismas, subiendo puntos en un mínimo, persistiendo las irregularidades y las ventajas de los dos docentes contratados.  

En las impugnaciones se alega la deficiencia en las preguntas planteadas, siendo las mismas confusas, capciosas y direccionadas a favorecer a los dos postulantes contratados, que obtienen la calificación perfecta. Mientras tanto los demás participantes que obtuvieron la máxima nota en méritos, todos ellos docentes investigadores, autores de artículos científicos y libros han obtenido calificaciones bajas e injustificadas.  

Actuación arbitraria que evidencia el claro direccionamiento y beneficios para los dos participantes. Tanto así que se han solicitado la entrega de copias certificadas de los exámenes de los dos brillantes participantes, sin recibir respuesta alguna. Así mismo, nada han dicho los miembros de la Comisión Calificadora respecto a las irregularidades que constituyen en causas de nulidad insubsanable del concurso público.  

Tampoco se ha dado respuestas respecto al incumplimiento del perfil de los docentes evaluadores del examen práctico – teórico, quienes no son docentes titulares de la materia de derecho penal, tampoco de otras Universidades como determina el reglamento, al contrario son todos amigos y compañeros contratados de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca.   

No podemos permitir ni tolerar que la gloriosa Universidad de Cuenca, sea manejada y controlada como la hacienda de unas pocas familias y grupos de poder; además, que existía la gran expectativa, de que con el triunfo de la primera mujer en calidad de Rectora de la Universidad de Cuenca, la realidad iba a cambiar; no obstante, esto se ha convertido en una utopía.  

En el mismo caso de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca,  que históricamente ha estado manejada como patrimonio de ciertas familias, inclusive los cargos han sido heredados de padres a hijos, tal es el caso del actual decano de la Facultad de Jurisprudencia. Además, de la ingrata memoria de profesores que nunca asistían a dictar clases durante todo el año ante el silencio cómplice de las autoridades y el temor de muchos alumnos a exigir cambios profundos en la academia. 

Por los hechos graves expuestos en honor a la transparencia y la verdad presentamos esta denuncia y exigimos transparentar el proceso de concurso público, que no sea una burla contra los profesionales que sueñan con una aspiración profesional y la sociedad toda. No podemos callar ante tanta irregularidad con la que se maneja la institución pública.  

 

TRANSGRESIÓN DE NORMAS INHERENTES AL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

De todo lo expuesto, se configura por parte de las autoridades de la Universidad de Cuenca en persona de la Rectora Dra. María Augusta Hermida, del Decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales Dr. Juan Antonio Peña Aguirre, y los miembros de la Comisión de Evaluación y Recalificación de quienes se desconoce sus nombres, una clara transgresión de los principios que rigen al sistema de educación superior, tales como el de igualdad, equidad, solidaridad y no discriminación; transparencia, responsabilidad y participación; aspectos que deben ser respetados y garantizados en un Concurso de Merecimientos y Oposición, sin perjuicio de la autonomía de la cual gozan todas las Instituciones de Educación Superior; pues la la autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas y estar sujetas al control social en pro de la transparencia. 

Durante todo este concurso se ha irrespetado por parte de las mentadas autoridades de la Universidad de Cuenca, de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políticas y Sociales, y de las comisiones conformadas para este concurso, con la la obligación de garantizar la transparencia en los concursos públicos de merecimientos y oposición, según lo establecido en la LOES; conforme prescribe el Art. 9 numeral 23 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora del Consejo de Educación Superior.  

Actuación que es contraria al ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad sin restricciones; arbitrariedades que desnaturalizan totalmente la transparencia y los derechos de participación de todos los postulantes dentro del referido concurso público de merecimientos y oposición para designar un docente titular de la Derecho Penal en la Universidad de Cuenca, y que finalmente atentan contra el prestigio bien ganado por el Alma Mater cuencana. 

De encontrarse indicios de una infracción disciplinaria, se debe investigar de oficio el presente caso, sin dilaciones, sin ritualidades, ni formalidades administrativas innecesarias que entorpezcan la lucha contra la corrupción, tomando en cuenta que nuestra Carta Magna en su Art. 227, prescribe que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad y transparencia. 

Estaremos atentos al proceso y presentaremos las correspondientes acciones legales y constitucionales que correspondan.  

Pedimos a los medios de comunicación y los profesionales que se sumen a esta justa lucha, un paso importante es asistir al desarrollo de la clase práctica como última fase del concurso, con el fin de vigilar la transparencia del concurso, toda vez que es una actividad de carácter pública. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Frente de Profesionales del Derecho del Azuay