Una vez que reconoció su intervención en los hechos atribuidos dentro del delito de asociación ilícita en el caso Pantalla, parte del procedimiento abreviado, y se le tomó en cuenta la cooperación eficaz entregada a la Fiscalía, David Guzman, director general del Consejo de la Judicatura (CJ) cuando presidía ese organismo Wilman Terán, fue condenado como culpable a una pena reducida de seis meses de prisión. El exfuncionario judicial fue sentencido por el conjuez Édison Cantos, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la tarde de este lunes, 25 de febrero, en calidad de autor directo.

Guzmán es parte de tres procesados en el denominado caso Pantalla que se acogieron a la justicia negociada que deja el procedimiento abreviado, el cual tiene como características el que debe existir la aceptación de los hechos imputados, la aprobación del procesado en torno a la condena material e inmaterial que se le defina y que el procesamiento tiene que darse antes de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Esta lista se completa con los también exasesores de Terán en el CJ, Santiago Cifuentes y Milton Herrera.

Estos tres exservidores judiciales investigados en Pantalla, junto con el expresidente de la Judicatura Wilman Terán; el también exasesor en el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial Juan Carlos E. R.; y la exjueza de Santo Domingo de los Tsáchilas, Anabell de Jesús T. C., son acusados de haber ejercido influencias en funcionarios jerárquicamente inferiores en el CJ con la finalidad de obtener información privilegiada para beneficiar a determinados concursantes, en varias fases del concurso público de selección y designación de jueces para la Corte Nacional, iniciado en junio de 2023.

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El fiscal general subrogante, Wilson Toianga, previo a hablar sobre los hechos que forman parte de la investigación, explicó que una de las reglas más importantes que se han mantenido como sociedad es la construcción de un sistema de justicia independiente, tarea, resaltó, que comprende la conjugación de un sinnúmero de actores y voluntades cuyos interés particular a lo largo de los años de República han pensado una y otra vez en el interés común.

Reconoció que el control y dominio de la justicia de un Estado siempre va a ser deseado por poderes políticos, criminales y económicos que ven en el imperio de la administración de justicia una herramienta todopoderosa para captar más poder, cometer más delitos o expandir sus economías sin consecuencias de qué preocuparse.

Para Toainga, precisamente los intereses de envilecer la nobleza y el fin que persigue la justicia en una sociedad civilizada, la convierte en atractiva para personas carentes de ética que, quienes sin renunciamiento alguno, pretenden manipular las judicaturas, los tribunales y las cortes. Para el fiscal subrogante esta dinámica, lejos de desaparecer, se ha ido enquistando cada vez más en las autoridades que han ocupado altos cargos de la administración del Poder Judicial del Ecuador.

“Incluso ha comenzado a tomar tintes de normalización tanto que ha llevado al mismo Wilman Terán (expresidente del CJ) a expresar su deseo de controlar por completo la CNJ bajo la premisa de “Si (Gustavo) Jalkh pudo, ¿por qué no yo?”. De hecho, esta concepción de mirar la justicia como una hacienda cuyo patrón de turno, al mando, decide quién entra y quién sale, nos llevó a que los procesados en Pantalla se organicen para traficar influencias dentro del concurso de jueces del máximo órgano de justicia ordinaria del país llevado a cabo en el año 2023″, explicó Toainga.

En el relato fiscal se señaló que la estructura identificada habría establecido tres objetivos principales determinados por el entonces titular del CJ Wilman Terán Carillo. El primero, hacer que Anabell de Jesús Torres, exjueza de Santo Domingo de los Tsáchilas, gane el concurso de jueces 2023; el segundo, ocupar la mayor cantidad de plazas de jueces y conjueces nacionales con gente afín a Terán, alias Diablo; y tercero, pagar ciertos favores de carácter político.

Por ejemplo, dentro de la investigación del caso Pantalla se habría identificado, sostuvo Toainga, que en relación con los puntajes de recalificación de la prueba técnica, se verificó que los promedios de varios postulantes incrementaron en mayor medida en comparación con otros. Entre ellos estarían los relacionados con la procesada Anabell Torres, quien habría pasado de una calificación inicial de 16,40 a una mayor de 18 puntos, pero también otros casos habrían existido incrementos de 16 a 18,20 puntos, de 13,7 a 17 puntoso de 14 a 16,40 puntos.

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El fiscal que subroga a Diana Salazar indicó que en cuanto a los exámenes de confianza se realizó un segundo examen a pesar de que no estaba normado en el reglamento del concurso. “Todo esto se dio gracias a la resolución de la Dirección General del CJ, la cual estuvo a cargo del procesado David Guzmán, acto que permitió establecer la idoneidad de postulantes que no superaron el puntaje en el primer examen contemplado en el programa”, refirió Toainga.

En ese segundo examen volvía a ser beneficiaria la cercana a Wilman Terán, la jueza Anabell Torres, así como otros postulantes que resultaron idóneos en la repetición de la prueba.

“Dicha dinámica delictual queda contemplada mediante la distribución de roles desplegados conjuntamente entre los procesados Fabricio Herrera y Santiago Cifuentes, quienes en consonancia con las pretensiones de Wilman Terán, por medio de sus disposiciones jerárquicas, hacía que los inferiores puedan canalizar este pedido, logrando obtener el banco de preguntas de las pruebas teóricas del concurso en cuestión, así como influyeron en funcionarios del Departamento de Tecnología y de la Información del CJ, a fin de revelar el mecanismo de desencriptación de dicha información”, anotó el fiscal subrogante.

QUITO (30-10-2024).- Instalación de la audiencia de reformulación de cargos dentro del caso Pantalla. Captura de Pantalla / EL UNIVERSO Foto: Cortesía

Lo dicho incluso permitió, resaltó Wilson Toainga, que el procesado Santiago Cifuentes realice el examen escrito de la postulante Anabell Torres Ceballos, acto que afirmó, evidencia la finalidad de beneficiarla en su calificación y de la misma manera direccionar los ganadores del concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia 2023, para después controlar dicha distribución.

“Esta circunstancia da cuenta de la presencia de actores que buscan sobreponer su interés particular sobre el interés común, práctica que sigue vigente en nuestro sistema de justicia y que el Estado, desde su propia institucionalidad, está llamado a reafirmar sus eficiencias, sancionando a los que pretendan alejar la administración de justicia en servicio a la comunidad”, concluyó.

Inicialmente el fiscal Toainga pidió que dentro del procedimiento abreviado Guzmán sea sancionado con una pena mínima de doce meses de cárcel. Esa propuesta cambió una vez la Fiscalía dio a conocer que el procesado mantenía una cooperación eficaz en este caso de “relevancia social”.

Luego de una audiencia reservada, el conjuez Cantos definió que la pena total para Guzmán, que incluye el procedimiento abreviado y la cooperación eficaz, sea de seis meses de privación de la libertad.

El fiscal general subrogante también pidió que se incluya en la condena el que Guzmán pague una multa de diez salarios básicos unificados, es decir, $ 4.700, así como también que la reparación material a la víctima de $ 4.700 y de $ $ 37.877,66, que es el resultante del total ($ 215.265,59) que se invirtió en el concurso para jueces de la CNJ que terminó en 2024 siendo anulado y que será dividida entre quienes sean condenados como culpables en Pantalla.

Guzmán, quien es parte del Programa de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, deberá cumplir su pena de cárcel en el Centro de Privación de la libertad de Imbabura. Ese fue un pedido directo del abogado del hoy condenado, al que no se opuso la Fiscalía.

En este caso como acusadores particulares asistieron la Procuraduría General del Estado y el Consejo de la Judicatura.

Reparación inmaterial

Como medidas de satisfacción a favor del Consejo de la Judicatura se definió:

- La publicación y difusión de la sentencia que declara la culpabilidad del procesado David Guzmán en la página web del CJ.

- La publicación y difusión de la parte resolutiva de la sentencia que declara la culpabilidad del procesado en un medio de comunicación social escrito, radial o televisivo de mayor difusión a nivel nacional por tres días consecutivos.

- Las disculpas públicas del procesado ante el juez de ejecución en la fecha y hora que se señale para el efecto.

- Colocación de una placa de 60 centímetros por 40 centímetros en el CJ en la que diga: “La transparencia en los concursos de designación de los jueces de la Corte Nacional es una garantía de la independencia judicial que deberá asegurarse por parte del Consejo de la Judicatura”. La placa deberá colocarse a costas de los procesados que sean declarados culpables. (I)