Paliza es el término que los periodistas deportivos utilizan para describir una derrota humillante. Y una paliza es la que se llevaron los cuatro miembros de la mayoría del Consejo de Participación y Control Social, Cpccs, durante la comparecencia hoy ante la Comisión de Fiscalización a la que asistieron todos los consejeros del organismo para explicar el nombramiento de César Córdova, como Defensor del Pueblo.
Durante casi tres horas, los consejeros Sofía Almeida (presidenta), Juan Javier Dávalos, David Rosero e Ibeth Estupiñan trataron, en vano, articular una explicación lógica y sustentada sobre los motivos que los llevaron a nombrar a Córdova. O daban respuestas a medias a las preguntas que hacían los asambleístas o simplemente, como ocurrió durante la mayor parte de la audiencia, no las respondían porque, en realidad, no tenían respuestas.
La conclusión que quedó luego de la audiencia fue inequívoca: el Cpccs escogió a Córdova sin proceso de selección, a pesar de que no tiene una experiencia mínima en derechos humanos, sin tener registrados todos los títulos académicos que aparecen en su currículo, sin haberse presentado ante los consejeros del Cccps, sin que se conozca cuáles eran los otros aspirantes al cargo, sin la más mínima transparencia durante el proceso…. Además, quedó claro que en su nombramiento hubo un impresentable caso de conflicto de interés: Córdova fue secretario del Cpccs hasta pocos días luego de que el defenestrado Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, fue detenido por un escándalo en el que fue demandado por agresión sexual.
Sin duda la peor parte de la paliza la llevó la presidenta del organismo, Sofía Almeida: lo poco que pudo articular en defensa de la decisión del Cpccs fue repitiendo lo que le decía al oído el consejero y vicepresidente emepedista del organismo, David Rosero. Fue tan frecuente y evidente el auxilio de Rosero a la atribulada y asustada Presidenta del Cpccs que en varias ocasiones los asambleístas se fastidiaron al punto que protestaron por eso. «Más se le escucha a usted que a la señora presidenta», le dijo el presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio. Almeida fue incapaz de detallar a la vicepresidenta de la Comisión, Ana Belén Cordero, las otras carpetas de postulantes que supuestamente se analizaron y ante lo cual la asambleístas le hizo una solicitud oficial para que remita a la Comisión la documentación sobre dichas carpetas. Cordero preguntó a Almeida otra cosa que tampoco pudo contestar: si era cierto que Córdova es presidente de una fundación, como dice en su currículo, porque en la página web de dicha fundación no aparece siquiera su nombre. Almeida tampoco pudo explicar cómo es que ni siquiera se verificó si la información de la hoja de vida era cierta o no.
Los asambleístas Ricardo Vanegas y Fernando Villavicencio también dejaron en evidencia que Almeida era incapaz de dar respuestas coherentes y verosímiles. Cuándo le preguntaban sobre qué evidencia hay de que Córdova hubiera tenido al menos una actuación como defensor de los derechos humanos, Almeida, al borde de un infarto, dijo que había defendido a cerca de 300 trabajadores y a muchos consumidores porque había sido abogado de un supermercado. La única defensa que hizo fue achacar a los miembros de la Comisión de que se están fijando en temas meramente académicos y profesionales y no en la calidad humana de Córdova.
Finalmente la asambleísta socialcristiana Soledad Diab preguntó a Almeida sobre el proceso, pero la presidenta del Cpccs no pudo contestar ninguno de los interrogantes. Por ejemplo, le preguntó cómo se habían descartado las otras candidaturas, qué méritos en derechos humanos había mostrado Córdova en tribunales y qué cualidades había tenido sobre los otros postulantes. Almeida apenas atinó a decir, una vez más, que Córdova era una persona intachable al que por lo único que se le podía acusar es de no tener vínculos con organizaciones políticas.
La paliza a Almeida alcanzaba dimensiones catastróficas cuando ingresó a la sala su tío, el asambleísta socialcristiano Luis Almeida. Almeida se dedicó a criticar a Hernán Ulloa, de la minoría, y a ponderar las cualidades humanas de Córdova. «Es un hombre bueno, yo lo conozco», dijo Almeida quien no desperdició la oportunidad de lanzar una amenaza velada a los asambleístas: dijo que pedirá al ex Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, la lista de los asambleístas quienes le habían pedido cargos en la Defensoría.
La situación tampoco mejoró para la mayoría del Cpccs cuando intervinieron los otros consejeros de mayoría. Ninguno tuvo un argumento creíble y sustentado para justificar el nombramiento del nuevo Defensor (quien en realidad tiene una larga experiencia como tramitador aduanero) a no ser el argumento de que en la Ley Orgánica del Cpccs no se establecen los requisitos para ser nombrado en ese cargo. El correísta Juan Javier Dávalos lanzó entonces una de las perlas de la jornada: «Cuando nombremos al Defensor del Pueblo definitivo, ahí sí escogeremos a la persona más capaz». El acorralamiento que se veía que sentían estos consejeros era de tal magnitud, que Dávalos llegó a decir que se estaban vulnerando los derechos humanos de Córdova y que la Asamblea estaba entrometiéndose en asuntos de otra función del Estado.
Las intervenciones de los tres consejeros de minoría, Francisco Bravo, Hernán Ulloa y María Fernanda Rivadeneira sellaron el calvario de los cuatro de la mayoría. Los tres contaron con pelos y señales cómo se había hecho el nombramiento sin observar los mínimos requisitos de probidad, trayectoria y conocimiento sobre derechos humanos. Bravo mostró un video en el que se ve cómo durante una sesión del Cpccs, cuando Córdova renunció a la Secretaría del Cpccs días luego de la detención de Freddy Carrión, los consejeros Ribadeneira y Ulloa le advirtieron que no debía presentarse como postulante para una las dignidades que nombra el organismo. Rivadeneira, por su lado, mostró cómo la mayoría no sólo manipuló el proceso para colocar en el cargo a Córdova, escondiendo información, sino que dejó listo un reglamento para nombrar al próximo Contralor a dedo.
Si algo quedó claro en la sesión es que la mayoría escogió al sustituto de Carrión porque lo conocían y sabían que era uno de los suyos. En definitiva, fue colocado en la Defensoría en virtud de un acuerdo político alcanzado en el Cpccs entre socialcristianos, correístas y MPD. El mismo acuerdo con el que esa mayoría tiene lista la fórmula para elegir a dedo al próximo Contralor, mediante un reglamento aprobado entre gallos y medianoche en el que se elimina, como ocurrió con Carlos Pólit en el 2017, la prueba práctica. En la Asamblea ya hay quienes piensan que deben ser enjuiciados políticamente por este nombramiento.
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