No más muertes ni encarcelación de periodistas
en 2020
Columna27 DE DICIEMBRE DE 2019
Amy Goodman y Denis Moynihan
El siniestro asesinato de Jamal Khashoggi se vio agravado el lunes 23 de diciembre cuando el procurador fiscal de Arabia Saudí anunció que cinco personas habían sido condenadas a muerte por el crimen. Dos altos miembros del gobierno saudí, entre ellos un asesor cercano al príncipe heredero, fueron liberados por “falta de pruebas”. Khashoggi, columnista del periódico The Washington Post, fue asesinado por agentes de Arabia Saudí dentro de su consulado en Estambul, Turquía, el 2 de octubre de 2018, presuntamente por órdenes directas del príncipe heredero saudí Mohammed Bin Salman. Su caso resalta lo peligrosa que puede resultar la práctica del periodismo, especialmente cuando líderes electos como el presidente Donald Trump ignoran, condonan o incluso incitan la hostilidad y la violencia contra los periodistas.
Ante esta situación, Sherif Mansour del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por su sigla en inglés) afirmó que el anuncio “muestra que el gobierno saudí del príncipe heredero Mohammed Bin Salman se burla continuamente de la justicia”.
El CPJ defiende el derecho de los periodistas a informar las noticias de manera segura, sin temor a represalias. En su informe reciente sobre los trabajadores de prensa asesinados en 2019 se incluye a 25 periodistas, la cifra más baja desde 2002. De estos, diez fueron asesinados directamente por su trabajo como periodistas, la cifra más baja desde que el CPJ comenzó a llevar registros en 1992. Cinco de ellos se encontraban en México que, junto con Siria, es el lugar más peligroso para trabajar en esta profesión. El CPJ aún sigue investigando la muerte de otros 25 periodistas, por lo que la cifra inicial probablemente cambie.
El CPJ también lleva el registro de los periodistas encarcelados en todo el mundo. Actualmente tiene registrados al menos 250 periodistas tras las rejas. Los países con mayor número de periodistas encarcelados en 2019 son China, Turquía, Arabia Saudí y Egipto.
Detrás de esa sombría estadística de diez periodistas asesinados en 2019 se observa un importante cambio hacia el rechazo público de la impunidad ante la violencia contra los periodistas. Elana Beiser del CPJ señaló en el informe tres casos recientes que definen la tendencia: el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia, en octubre de 2017 en Malta; el asesinato de Jan Kuciak y su prometida en su hogar, en 2018 en Eslovaquia; y el caso Khashoggi. Tanto Galizia como Kuciak estaban investigando y publicando informes sobre la corrupción en los niveles más altos de gobierno en sus respectivos países al momento de ser asesinados.
Recientemente, mientras miles de personas marchaban por las calles de Malta exigiendo que se rindieran cuentas por el asesinato de Galizia, el primer ministro de ese país isleño del Mediterráneo, Joseph Muscat, anunció su renuncia para mediados de enero. La presión pública sobre Muscat aumentó en parte gracias a un consorcio de periodistas que continuaron el trabajo de Galizia. El grupo que se llama a sí mismo “Voces Prohibidas” coordina el Proyecto Daphne y está formado por 45 periodistas que llevan adelante las investigaciones inconclusas de Galizia e investigan su asesinato. El hombre más acaudalado de Malta, el magnate de los juegos de azar Yorgen Fenech, fue acusado de complicidad en el asesinato de la periodista y ha sido arrestado en el marco de un caso distinto de lavado de dinero. Fenech también está vinculado al ex jefe de gabinete de Muscat.
De manera similar, tras el asesinato de Jan Kuciak y su prometida, Martina Kusnirova, el primer ministro eslovaco Robert Fico presentó su renuncia y el empresario eslovaco acusado de ordenar el asesinato, Marian Kocner, finalmente será enjuiciado luego de casi dos años.
De manera similar, tras el asesinato de Jan Kuciak y su prometida, Martina Kusnirova, el primer ministro eslovaco Robert Fico presentó su renuncia y el empresario eslovaco acusado de ordenar el asesinato, Marian Kocner, finalmente será enjuiciado luego de casi dos años.
La justicia para Jamal Khashoggi sigue siendo esquiva. Agnes Callamard, relatora especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, publicó lo siguiente en su cuenta de Twitter tras el anuncio de las condenas saudíes: “En pocas palabras: los sicarios son los culpables, los condenados a muerte. Los autores intelectuales no solo andan libres, sino que apenas han sido considerados en la investigación y el juicio. Esto es la antítesis de la justicia. Es una burla”.
El periódico The Washington Post informó hace más de un año que la CIA había llegado a la conclusión, sobre la base de pruebas que incluían llamadas telefónicas interceptadas, que el príncipe heredero saudí Mohammed Bin Salman había ordenado el asesinato. Su estrecha amistad con el yerno y asesor principal de Donald Trump, Jared Kushner, sin duda ha contribuido a la impunidad de la que goza hasta ahora. Una forma de castigar a Arabia Saudí es mediante sanciones y el rechazo del envío de ayuda militar, opciones que estaban sobre la mesa hasta la semana pasada, cuando el Congreso aprobó y envió a la Casa Blanca para la firma de Trump, la Ley de Autorización de Defensa Nacional 2020 (NDAA, por su sigla en inglés), con un presupuesto de 738.000 millones de dólares. El senador Bernie Sanders y el congresista demócrata de California Ro Khanna emitieron una declaración conjunta donde califican a esta legislación como “un proyecto de ley de una asombrosa cobardía moral”, en parte por no negarle la ayuda militar a Arabia Saudí.
El papel de una prensa libre es informar a la población y hacer rendir cuentas a quienes están en el poder. Todos tenemos la responsabilidad de garantizar que los periodistas hagan su trabajo con libertad, sin amenaza de agresiones, encarcelamiento o muerte.
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