La alerta de la ONU que vetó a Juan Cuvi
El activista ecuatoriano Juan Cuvi fue retenido en el aeropuerto de Lima y deportado a Ecuador. Le quitaron sus documentos y le abrieron una ficha policial. Cuvi exige una explicación al Gobierno peruano.
“Usted no puede ingresar porque existe una alerta internacional de seguridad”, le dijo un agente en el aeropuerto de Lima al ecuatoriano Juan Cuvi, el pasado 10 de diciembre. El activista viajaba a esa ciudad para la IX Conferencia Nacional de Salud y el V Encuentro de la Red Latinoamericana de Organizaciones y Movimientos Sociales por el Derecho a la Salud.
Cuvi al preguntar las razones de su retención en la terminal aérea, un funcionario le mencionó la alerta API. Este es un sistema de información anticipada sobre los pasajeros (API, por su siglas en inglés), que es parte de un programa sobre los viajes relacionados con el terrorismo de las Naciones Unidas. El objetivo del programa es ayudar a los Estados miembros de la ONU a prevenir y detectar actos terroristas, incluidos “los viajes conexos, mediante la recopilación y el análisis de los datos de los pasajeros”.
Este es un mecanismo que tienen como origen una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU en 2014. Esta exhortó a los países a que exigieran a las compañías aéreas a que proporcionen a las autoridades información anticipada sobre los pasajeros a fin de detectar la entrada o salida de “combatientes terroristas extranjeros”.
En 2017, el Consejo insistió a los países a que desarrollaran “la capacidad para reunir, procesar y analizar los datos del registro de nombres de los pasajeros y se aseguraran de que todas sus autoridades nacionales competentes utilizasen y compartiesen esos datos, respetando plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales. Por otra parte, es de suma importancia hacer un mayor uso de las listas de delincuentes y terroristas conocidos”, dice el texto colgado en la web del organismo internacional.
Cuvi dice que esas acciones no se pueden entender 30 años después del acuerdo de paz entre el exgrupo subversivo Alfaro Vive Carajo (AVC), del que fue parte, y el gobierno de Rodrigo Borja. AVC fue el principal grupo opositor del expresidente León Febres Cordero. Dejó las armas en 1989.
En el aeropuerto peruano recibió la información de que la alerta fue emitida por el gobierno de EE.UU. y que el gobierno de Perú debía aplicar. No le explicaron más ni le dieron un documento que sustentara esa versión. Las autoridades peruanas cedieron su custodia al personal de seguridad de la aerolínea LAN, que lo vigiló hasta el día siguiente cuando fue deportado a Quito.
A Cuvi le confirmaron que este programa está avalado por aerolíneas y agencias de seguridad, cuya función es controlar la movilidad de personas que supuestamente están vinculadas con actos terroristas u otros delitos graves. Alguien advierte y durante el desplazamiento se alistan los agentes para esperar al supuesto sospechoso.
En Lima, cuando se bajó del avión, los agentes lo estaban esperando a la salida del vuelo. Le dijeron: ‘le vamos a hacer un chequeo aleatorio’. Estos exámenes son regulares en los aeropuertos. Pero Cuvi notó que se trataba de algo más cuando lo ingresaron a una oficina a la que se accedía con un código digital. Entonces entendió que no era aleatorio. Le hicieron una ficha policial internacional: le tomaron fotografías y sus huellas. Le quitaron sus documentos.
En Migración del aeropuerto internacional Jorge Chávez se le acercaron, en tres ocasiones, miembros de la policía peruana. Uno de ellos le dijo que venía de parte del Ministerio de Gobierno peruano. “Porque su embajada ha llamado a preguntar sus condiciones”. Tomó una foto a Cuvi para informar que se encontraba bien.
El activista recibió además una llamada de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien le manifestó su preocupación. Le dijo que, al parecer, era una confusión porque supuestamente había un pasaporte clonado de un ciudadano de la India. Esa versión le pareció rara a Cuvi. “Cuando llegué a Quito, estaba con la Policía verificando esa historia y uno de ellos me dijo ‘voy a chequear con Interpol’. Se fue y volvió. Me enseñó una hoja y me dijo que no se trataba de homónimo, sino que la serie de mi libretín (del pasaporte) se repetía con el pasaporte de una persona indú que lo había perdido su documento en Arabia Saudita. Eso me pareció mucha fantasía”. Romo le dijo que era raro la manera en cómo se había aplicado el API.
Pero en Perú no le informaron nada al respecto. Cuando llegó a Quito, Cuvi recién pudo ver una nota enviada por la Migración peruana. Esta decía: ‘Señor Juan Cuvi no puede ingresar a Perú porque su presencia en este país significa un peligro para la seguridad interna del Estado’. Bajo ese argumento lo regresaron a Ecuador. La Policía impidió a Cuvi tomar fotografías de la nota.
No es la primera vez que Cuvi visita Perú. Hace dos años participó en el mismo foro de salud y no tuvo problemas con su entrada ni salida. Este año tenía previsto presentar el estudio ‘El campo minado de la salud’, que revela cómo el proyecto minero Mirador ha afectado a la salud de las poblaciones aledañas. Llevó folletos y en la agenda del evento estaba una charla suya.
Sin embargo, asegura que Estados Unidos lo sigue monitoreando. Hace tres años, Cuvi fue tenido en el aeropuerto de Panamá. Cree que se trataban agentes de la CIA. Lo metieron a una oficina, lo registraron y lo interrogaron. Luego lo dejaron ir.
En 2018, Cuvi viajó a Guatemala por trabajo. Tuvo una escala en El Salvador y allí se le acercó un agente norteamericano, que incluso tenía la escarapela de la embajada de USA. “Usted estuvo hace do años en Panamá”, le dijo a Cuvi, quien creyó que eran controles necesarios por tratarse de Centroamérica. Pero el ecuatoriano ha hecho otros viajes a esos países donde no ha tenido inconvenientes.
Cuvi ha viajado a varios países. Es la primera vez que lo deportan sin mayor explicación.
¿Ecuador también ha activado esa alerta con otros ciudadanos?, es una de las preguntas que se hace el también columnista de este portal. “El problema no soy yo. El problema es que esta política pueda generalizarse y ser una cernidera para todo el mundo”, teme. En su caso personal dice que con esa alerta no podrá moverse a ningún lado, pues desconoce qué países la implementan. En Panamá y El Salvador le preguntaron por sus actividades actuales.
Cuvi entregó la semana pasada una carta en la Embajada de Perú para que este país aclare las razones por las cuales no pudo ingresar. El canciller Valencia se comprometió a hacer todas las averiguaciones e informarle. Un congresista peruano también está exigiendo información.
En Quito le devolvieron su pasaporte y le dijeron que en su expediente quedará registrada su inadmisión al Perú como parte de su historia migratoria.
La ONU reconoce deficiencias
La ONU está consciente que es costoso y complejo crear un sistema que sea eficaz y seguro. Dice que los Estados corren el riesgo de adquirir un sistema que no cumpla su finalidad y le preocupa el tratamiento de los datos personales de los pasajeros. Algo que puede plantear, dice el texto de la propuesta en el sitio oficial de la ONU, “problemas de derechos humanos que afectan al derecho a la privacidad y a la protección y la conservación de datos, y conlleva además el riesgo de que se elaboren perfiles discriminatorios. Esto es especialmente cierto dado que los datos API y PNR abarcan una amplia gama de datos sobre los pasajeros y pueden incluir, por ejemplo, datos de tarjetas de crédito y otros datos financieros personales, información sobre la salud, preferencias de comidas y compañeros de viaje”.
Dice también: “Además, existen cuestiones trascendentales relativas al conflicto de leyes que implican un riesgo jurídico considerable para la industria del transporte. El país de destino puede exigir legalmente a los transportistas que revelen los datos de los pasajeros, pero, al mismo tiempo, es posible que el país de partida les prohíba enviarlos. En caso de no resolverse, tal conflicto de leyes impide el uso óptimo de los datos PNR (registro de nombres de los pasajeros), por ejemplo, para combatir el terrorismo”.
Bajo esos argumentos, las Naciones Unidas a pedido de los países ofrece asistencia para que estos mejores sus capacidades de detección “a fin de frenar la movilidad de los combatientes terroristas extranjeros”. También les proveía de un sistema informático holandés para esa actividad. Pero las Naciones Unidas adoptaron un nuevo programa informático denominado goTravel. Con este, los países puedan recopilar, analizar, conservar y compartir sus propios datos de pasajeros.
En la región se conoce que países como Argentina lo implementan.
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