A través de procesos judiciales, denuncias de diversos sectores y esencialmente por la actividad periodística, el país ahora tiene mediana certidumbre de que las campañas presidenciales del oficialista Alianza País en los años 2006, 2009 y 2013 se financiaron, al menos en parte, con recursos de dudosa procedencia. Empresas privadas, las FARC e instituciones públicas, son parte de esa larga lista de aportantes al proyecto de las manos limpias. La gran afluencia de votos que sumó Alianza País durante la década pasada (que se explica en parte por la enorme cantidad de recursos económicos con la que contaron sus candidatos) sumada a un conjunto de leyes orientadas a mantener la impunidad, llevaron a que sus líderes más visibles asuman que dichas prácticas nunca serían reveladas ante la opinión pública y mucho menos judicializadas. Sin embargo, como dice el refrán popular, no hay plazo que no llegue ni deuda que no se pague. A la fecha, muchos de los más conspicuos y orondos representantes de la Revolución Ciudadana son ilustres huéspedes de los presidios del país.
Si la descripción previa efectivamente ha calado entre la opinión pública, jueces y fiscales de por medio, entonces el inevitable corolario que de allí se desprende es que la campaña presidencial del 2017 siguió similares lineamientos. No es creíble que las artimañas utilizadas durante una década se hayan dejado de lado súbitamente por el solo hecho de que el candidato era otro camarada. Al final, todos eran parte de mismo “proyecto”. En efecto, ninguna variable clave en lo político, económico o social, cambió de forma drástica para que la ciudadanía pueda asumir que durante el último proceso electoral el financiamiento de Alianza País se orientó por otros parámetros. Por tanto, pocas dudas existen en torno a la credibilidad de las revelaciones del informe Majano. Lo que resta es que se procesen a los responsables y que el pus de la corrupción siga embadurnando las paredes del Palacio de Carondelet y zonas aledañas.
Desafortunadamente para el presidente de la República, no basta con su lacónico mensaje según el cual desconocía la procedencia de los recursos para su propia campaña electoral. Tampoco basta con los intentos de Baroja y Pabón de desmarcarse del proceso judicial que está por venir aduciendo que no manejaban las finanzas del movimiento oficialista. Unos y otros son responsables, al menos en lo político, de lo ocurrido y allí deben rendir cuentas. Porque si del ex presidente Correa se dice que era poco creíble que no conozca los obscuros detalles de lo ocurrido en sus campañas electorales, no existen razones suficientes para pensar de otro modo respecto al actual mandatario. Ecuanimidad reclama el país al juzgar y valorar la conducta de nuestros gobernantes, independientemente de colores partidistas o afinidades. En lo de fondo, entre el Arroz Verde y Majano hay una matriz común y aquí nadie se hace el tonto ni el país va a aceptar que usted, en sus propias palabras, se haga el pendejo, Sr. presidente.
Por la propia estabilidad del gobierno y la reconstitución de la ética pública, todos los sectores sociales y políticos están a la espera de resultados específicos en la pesquisa de los delitos relacionados con el caso Majano. No se ve aún indiciados, no se ve aún nuevos acompañantes a la cada vez más amplia legión de altivos y soberanos en prisión. El país reclama su reacción, Sra. Fiscal. Hasta ahora sus acciones han sido bien valoradas y goza del apoyo ciudadano, no deje que ese respaldo se diluya por dejar de incriminar penalmente a quienes tienen responsabilidades en este nuevo escándalo de corrupción. Aquí nadie se hará el tonto con este vergonzoso dispendio de recursos públicos para financiar campañas electorales. Aquí nadie le permitirá a usted Sr. presidente, hacerse el pendejo con la necesaria purga que debe hacer entre sus huestes y las que lo fueron hasta hace poco.
Santiago Basabe es académico de la Flacso.
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