EL BOTÍN DEL IESS
María Belén Arroyo | marroyo@uio.vistazo.com martes, 11 de junio de 2019 - 14:33
Cerca de mil millones de dólares al año se destinan para pagar sueldos de 38 mil funcionarios y profesionales del sistema de seguridad social. En cambio, medio millón de jubilados requieren 4.000 millones anuales para sus pensiones. Y esta plata pronto se acabará.
Un ejército de funcionarios, profesionales, especialistas de la salud, asesores y servidores públicos trabaja en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
No es una exageración. La cantidad es casi similar a la nómina de las Fuerzas Armadas nacionales, que tienen algo más de 40 mil miembros. En el IESS constan 37.898 personas, hasta los primeros meses de 2019. ¡La plantilla creció casi cuatro veces durante el régimen correísta!
Documentos revelados a Vistazo muestran, además, que el enrolamiento en el sistema de seguridad social se convirtió en un botín político. Del sueldo mensual de casi 500 funcionarios salieron “cuotas” para apoyar a Alianza PAIS y a Cambio Generacional.
Esta última es la agrupación política fortalecida durante la gestión de Richard Espinosa Guzmán para apoyar, en su momento, al correísmo y al morenismo, con bases de funcionarios públicos.
Los datos son relevantes cuando el país empieza un debate sobre la (in) sostenibilidad de la seguridad social, cuyos principales fondos –pensiones y salud– llegan a cifras rojas. Para tener una idea, para pagar las pensiones de medio millón de jubilados ecuatorianos se requieren anualmente unos 4.000 millones de dólares. Pero los cerca de 38 mil servidores del IESS requieren casi mil millones anuales para cobrar sus sueldos y beneficios de ley.
“Es momento de aclarar las cifras”, advierte Jorge Madera Castillo, quien lidera la Mesa de Estudios de la Seguridad Social. Se trata de un grupo de 25 profesionales que plantean la urgencia de transparentar todas las cifras.
“Hemos hecho piruetas para conseguir información; es claro que el Consejo Directivo del IESS (CD) no tiene prácticas de buen gobierno corporativo. Calculamos el aumento de la infraestructura de salud (nuevos hospitales construidos) y vemos que no hubo un análisis técnico para los enrolamientos”. A grosso modo, hay un exceso de 10.000 funcionarios en todo el sistema de la seguridad social, según concluyen estos expertos.
Por ello, plantean un paquete de medidas urgentes. La primera tiene que ver con el reconocimiento de la inviabilidad del esquema actual y la necesidad de una fiscalización antes de dar inicio a una urgente reforma.
¿La razón de la urgencia? Desde el año 2015, el fondo de pensiones ya presenta déficit de caja. Este momento hay 6.500 millones de dólares en estas reservas. En otras palabras, si no hubiera contribuciones ni ingresos nuevos, la plata alcanzaría para pagar un año y medio de pensiones antes de extinguirse.
Las distintas administraciones del IESS durante el correísmo no solo se feriaron la plata de los afiliados, sino que además convirtieron a ese instituto en un reducto de proselitismo político.
Cuotas o diezmos
“La coordinación de los descuentos a nivel interno estuvo bajo responsabilidad de un funcionario, que articulaba el proceso con las personas que voluntariamente decidieron aportar, dicha disposición se realizaba en la mayoría de casos vía WhatsApp… y en ocasiones de manera verbal… se coordinaba con un asesor de la presidencia del Consejo Directivo”.
El testimonio consta en la investigación de la Contraloría del Estado sobre descuentos al rol de pagos de cientos de funcionarios, para destinarlos a una cuenta bancaria de Alianza PAIS, y a una cuenta de Cambio Generacional.
Esta última coincidía con la cuenta de quien era directora general del IESS, establece el documento, “Ya que el CRC (Comité de Revolución Ciudadana Cambio Generacional) no tenía personería jurídica y por tanto, no tenía cuenta en ningún banco”. Los recursos se destinaban a cumplir con “Los objetivos partidistas, es decir, la contribución al movimiento Alianza PAIS y CRC Cambio Generacional para cumplir con las actividades tales como asistencia a los cambios de guardia en la Plaza Grande, eventos culturales, capacitaciones, y apoyo a las actividades de campaña”.
La investigación escudriñó el detalle de descuentos a los servidores del IESS en la nómina de pagos entre septiembre de 2015 y febrero de 2018. Totalizan 378 mil dólares. De ese valor 363 mil se destinaron a las organizaciones políticas y a las cuentas de funcionarios del IESS. Directamente, Alianza PAIS recibió 135 mil dólares y la directora del IESS (en cuya cuenta
se habrían depositado los fondos para Cambio Generacional) recibió 35 mil dólares. Llama la atención que un chofer de la Dirección Provincial del IESS en Bolívar recibió 13 mil dólares en
depósitos, mientras un asesor y director nacional tuvo depósitos por otros 103 mil dólares.
El estudio confirma que 533 servidores registraron descuentos. La auditoría pidió que 120 certificaran los motivos: 48 respondieron; 29 dijeron que sí autorizaron esos pagos, pero 12 aseguraron que no dieron permiso para los descuentos.
La página de Cambio Generacional en la red social Facebook es muy activa. En ella se encuentran videos que justifican estos aportes. “Eran 60 dólares mensuales para la organización política, en todos los casos hubo autorización porque cada funcionario tenía convicción”. En una pieza audiovisual, nueve exfuncionarios de alto nivel jerárquico confirman que autorizaron los pagos para la organización política. “Difundan toda la verdad, no dañen la honra porque hay familias afectadas”, insisten.
¿Cargos a dedo?
El informe de Contraloría detecta que entre 2013 y mayo de 2018 aumentaron 17.734 servidores en la nómina del IESS, “Bajo la modalidad de contrato de servicios ocasionales, de los cuales
13.661 cuentan con la aprobación de creación del Consejo Directivo para cubrir las demandas de personal en las Unidades Médicas de reciente creación y 4.073 no tienen aprobación por parte del Consejo Directivo”.
Cierto es que en la administración de Richard Espinosa como presidente del CD empezó la agresiva política de construcción de megahospitales. El del sur de Quito es un ejemplo: inaugurado pomposamente a fines de 2017, actualmente no funciona en su óptima capacidad, según reconoció en entrevista a Vistazo el actual presidente del CD, Paúl Granda.
El instituto no cuenta con “Un instrumento técnico que le permita contratar y/o vincular a la institución a personal con el perfil que requiere la entidad”. ¿Son contratos a dedo? Para la época del estudio, el subdirector financiero del seguro de Riesgos de Trabajo era un ingeniero civil. Otros casos: El director administrativo del hospital general de Portoviejo era un ingeniero eléctrico. En el mismo cargo estuvo luego un abogado. El puesto de director administrativo del Centro de Especialidades de la Central Guayas estaba en manos de un acuicultor.
El director administrativo del Centro de Especialidades San Juan (Centro de Quito) era un militar en servicio pasivo. En el centro clínico quirúrgico de Macas estaba al frente una odontóloga y en distintos centros médicos de Quito estaban abogados como responsables.
Esto no se compadece con la realidad de los profesionales de la salud. Pedro Isaac Barreiro, médico e integrante de la mesa de estudios sobre seguridad social, dedicó toda su vida laboral al sistema de seguridad social. Hoy, es parte del grupo de profesionales que buscan generar debate para sacar a la institución de la crisis.
“La demanda de salud aumentó cuando se decidió por razones políticas y clientelares que los hijos de los afiliados (menores de 18 años de edad) tuvieran acceso a atención médica, sin pagar un valor adicional. Esto contribuyó al colapso del seguro de salud y esto contagió al seguro de pensiones”.
En efecto, durante el año 2015, el CD adoptó una polémica decisión. Distribuyó parte de los recursos que debían ingresar al seguro de pensiones jubilares, destinándolos al seguro de salud. Los efectos fueron catastróficos.
Se generó una falsa percepción de riqueza. Se destinaron millonarios recursos para la construcción de los megahospitales. Ahora, el fondo de salud también está llegando a cifras en rojo.
Luz al final de túnel
“No es posible mantener las cosas como están”, advierte el actuario Rodrigo Ibarra, experto matemático y presidente de la firma consultora especializada que ha investigado el fenómeno por años.
“Se requieren cambios estructurales, porque la afectación al esquema de pensiones es inminente”. Muchas voces advierten que el peso de la crisis caerá en manos de los aportantes (mayor tiempo de afiliación, menores montos de jubilación). Ibarra cree que lo urgente es la adopción de un sistema híbrido, en que coexistan dos o más pilares para financiar las pensiones. Uno de ellos sería el fondo de pensiones, y el segundo pilar sería la restitución del fondo de reserva, en cuentas individualizadas, en las que cada aportante supiera cuánto tiene reunido para el momento de su retiro.
Coincide la mayoría de expertos consultados. Desde la academia, la abogada Patricia Elizabeth Borja plantea que el pago de las pensiones es un derecho del ciudadano. Cualquier cambio o regresión sería inconstitucional.
La era del IESS como empleador de militantes del movimiento político en el gobierno de turno debe terminar. No solo es antitécnico. Es antiético.
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