Las cuatro claves para entender el impacto de la consulta en Quimsacocha
En lo alto de las montañas del Azuay, al sur de Cuenca, un páramo es el centro de la polémica entre una minera canadiense, que piensa explotar un yacimiento de oro, plata y cobre y las comunidades de la zona, que temen por la contaminación del agua.
Quimsacocha (tres lagunas en quechua) es el nombre de un gran páramo, ubicado en las altas montañas al sur de Cuenca, desde donde se pueden ver los valles en donde tuvo lugar la Batalla de Tarqui, de 1829. En ese lugar, según cuenta la historia, "el Ejército peruano de ocho mil soldados, que invadió la tierra de sus libertadores, fue derrotado por cuatro mil bravos de (la Gran) Colombia".
Una nueva batalla tiene lugar en la zona, esta vez, entre una minera canadiense y algunas de las comunidades del sector, que cuestionan una concesión para extraer oro, plata y cobre en lo alto de las montañas. Las concesiones se llaman Cerro Cerro, Río Falso y Cristal y tienen una superficie de 8.030 hectáreas. Los yacimientos del lugar podrían contener 62 toneladas de oro, 377 toneladas de plata y 40.000 toneladas de cobre. Según las estimaciones de la minera, el Estado podría recibir hasta 554 millones de dólares así como generar 1.450 empleos directos en el sector. Pero hay un gran debate más allá del dinero y la rentabilidad económica.
Estas son las cinco claves para entender el caso de Quimsacocha y su impacto nacional.
1 • La población de Azuay rechaza la posible contaminación de los páramos
El pasado 24 de marzo, mientras elegían a su alcalde, los 15 mil habitantes de Girón, unos de los cantones en cuya jurisdicción se encuentran parte de las instalaciones de la minera canadiense INV Metals, fueron consultados con esta pregunta: “¿Está usted de acuerdo con que se realicen actividades mineras en los páramos o fuentes de agua del Sistema Hidrológico Quimsacocha?”. En Girón, donde se encuentra la Casa de los Tratados, donde el mariscal Sucre y los delegados del Perú suscribieron el acta con la que finalizó la guerra de 1829, el 86,79% de los votantes consultados votó que no.
La postura frente a la minería es un tema de constante interés en la zona, ubicada a 480 Km. al sur de Quito y a 20 Km. al suroeste de Cuenca, a 17 Km de Tarqui, a 15 Km. de Victoria del Portete, a 12 Km. de Girón, 7 Km. de San Fernando, a 6 Km. de Chumblín y a 5 Km. de San Gerardo.
Las aguas que bajan de ese páramo son utilizadas en comunidades como San Gerardo, Chumblín, Zhaglli, Victoria del Portete, Tarqui, Baños, San Joaquín, Turi, El Valle, Girón, San Fernando, Santa Isabel y en la propia Cuenca.
De ahí que el futuro de Quimsacocha se haya debatido intensamente en la pasada campaña electoral en el sector. El activista Kléber Calle, de los Yasunidos de Cuenca, destaca en diálogo con PLANV desde la capital azuaya que desde hace por lo menos 20 años que ha habido resistencia a la minería en el sector. En la consulta popular de 2018, el 82% de los habitantes de Girón votaron por la prohibición de minería en áreas protegidas. Según destaca Calle, la empresa minera argumentó que solo una pequeña zona de Girón, la parroquia de San Gerardo, podría estar involucrada en la explotación minera, por lo que cuestionó que se consulte a todo el cantón. Finalmente, en esa parroquia también ganó el no.
SEGÚN EL ACTIVISTA
Los políticos locales tomaron distancia del tema, recuerda Calle. Es el caso de José Miguel Ushca, el candidato que ganó la reelección para alcalde de Girón, quien se postuló por Alianza PAÍS. En su campaña, recuerda el activista, Ushca evitó tomar una postura concreta sobre el tema de la minería, a pesar de que su Municipio tiene algunos convenios de cooperación con la minera. La esposa de Ushca, Liliana Guzmán, fue subsecretaria de Minería del Azuay. La minera, por su parte, tiene un programa de relaciones con la comunidad, que consiste en talleres de emprendimientos, de informática, de pastelería, entre otros.
La concesión es tan grande que se extiende por la jurisdicción de tres cantones: Girón, San Fernando y el propio cantón de Cuenca. Es por ello que la empresa minera, en un comunicado, explicó que solo una pequeña parte de sus instalaciones están realmente en Girón, por lo que las mudarán a San Fernando. Calle, de su lado, estima que salvo el cantón Ponce Enríquez, la mayor parte de la población azuaya está alineada con la defensa de los páramos. La elección del dirigente indígena Yaku Pérez como prefecto de la provincia evidencia ese apoyo político, destaca el activista.
Pero no todo el mundo está en contra de la minería. Según Patricio Novillo, habitante de Victoria del Portete, una de las localidades cercanas al proyecto minero, la propuesta minera de la compañía canadiense le ha convencido de que se preservarán las fuentes de agua y los páramos, pues no se trata de una mina a cielo abierto. "Es una minería que nos va a dar beneficios en el futuro", afirma Novillo.
Yaku Pérez, flamante prefecto de Azuay, lideró la lucha contra la minería. Foto: Asamblea Nacional Antiminera
Glenda Cardoso, presidenta de la comunidad Corralpamba-Victoria del Portete, comparte el mismo criterio. Según la dirigente, la empresa ha dado un gran apoyo en la parte social, al impulsar proyectos de autoestima, crear fuentes de trabajo y ayudar a las familias del sector.
Gladys Criollo, quien tiene una tienda en la Parroquia de San Gerardo, ubicada en el cantón Girón, asegura que el proyecto minero de la INV beneficia a los comerciantes y transportistas del cantón y promueve la economía de su localidad. Al apoyo a la minería se sumó Fernando Panjon, también habitante de San Gerardo, quien destaca los cambios financiados con "regalías adelantadas", que ha permido adoquinar las calles de la parroquia azuaya.
2 • El nuevo prefecto está decidido a combatir la minería en Azuay el resto del país
Con el 29% de los votos, equivalentes a 117.163 votos, Yaku Pérez Guartambel, dirigente indígena y crítico del Gobierno de Rafael Correa. fue electo prefecto del Azuay. Con más de diez puntos de diferencia quedarán en segundo y tercer lugar sus inmediatos contendores, Estebal Bernal y María Cecilia Alvarado. Yaku Pérez no estaba entre los más opcionados según las encuestas, pero el abanderado de Pachakutik logró un triunfo significativo. Desde Cuenca, Pérez reitera su agenda en defensa de la naturaleza en su provincia.
"Esta es una luz que va a irradiar para todo el país", dice Pérez, quien asegura que habrá más consultas populares tanto en Azuay cuanto en el resto del país sobre la minería y el extractivismo. Pérez destaca que la Contraloría ha determinado la caducidad de esas concesiones mineras, que no cumplieron requisitos como tener licencias ambientales. El prefecto electo anunció que promoverá consultas populares en San Fernando y en Cuenca, los otros dos cantones en donde se encuentra la concesión minera. Sobre una posible demanda internacional, que ha sido advertida por el Gobierno, Pérez cree que quienes deberían responder son el ex presidente Rafael Correa y sus funcionarios. Por lo menos el 25% del territorio del cantón Cuenca está comprometido con la minería, explica Pérez Guartambel. El prefecto electo dice que "es un mito" la tecnología de punta de las mineras, y destaca que las aguas de los ríos Tarqui y Yanuncay que pasan por el pleno centro de la capital provincial nacen en Quimsacocha. Hay, además, once microcuencas hidrográficas que nacen en los páramos de Quimsacocha. Para Pérez Guartambel, el país debe declararse "libre de minería" tal como ocurrió en Costa Rica y El Salvador. La defensa del agua y la gestión ambiental son atribuciones del gobierno provincial, asegura el prefecto electo.
3 • El Gobierno y el empresariado advierten sobre posibles demandas internacionales
Para el Gobierno, los resultados de la consulta en Girón fueron "un golpe" para la industria minera, destacó Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, el 26 de marzo. “Las empresas están preocupadas por esto y ojalá esto no cause que la inversión privada no llegue al país. Esa es mi gran preocupación", explicó el ministro de Energía, quien advirtió sobre posibles demandas de arbitraje internacional en contra del país. “Estoy seguro de que nos llevarán a arbitraje y muy probablemente perderemos. Esto le costará bastante dinero al país”, explicó el ministro, quien admitió reuniones con la Embajada de Canadá y la empresa minera, que es de ese país, para analizar la "preocupante" situación en el Azuay.
“ESTOY SEGURO DE QUE NOS LLEVARÁN A ARBITRAJE Y MUY PROBABLEMENTE PERDEREMOS. ESTO LE COSTARÁ BASTANTE DINERO AL PAÍS”, EXPLICÓ EL
“Nosotros presentamos alternativas incluso para el desarrollo adecuado de este proyecto sin que haya perjuicio a las fuentes de agua ni a los páramos, pero lamentablemente se radicalizó la postura de los habitantes de la zona”, explicó el ministro. No sería la primera vez que el Ecuador es llevado a instancias de arbitraje internacional por este tipo de asuntos.
En diálogo con este portal, el procurador general del Estado, Íñigo Salvador, confirmó sobre las demandas internacionales en contra del Ecuador, mayormente de empresas privadas transnacionales, en donde hay 36 casos activos, 27 notificaciones, un caso anulado y uno en ejecución. Sin embargo, el total es mayor y asciende a 66: hay ocho arbitrajes de inversión, siete arbitrajes comerciales, 18 juicios en sede extranjera, seis juicios en el Tribunal Andino y 27 notificaciones de controversia.
Entre los 66 procesos contra el país están los planteados por transnacionales, como Consorcio Nippon, Perenco, Chevron, Zamora Gold, Merck Sharp, el Tranvía de Cuenca, Quiport, Indra, entre otros. Solo en ocho de esos casos, los de Perenco, Merck, Chevron, Albacora, Internexa, GLP, y el tranvía de Cuenca (dos demandas) el Ecuador ha sido demando por la astronómica suma de USD 1.800 millones, 691 mil 777, explicó el procurador.
Desde el empresariado, el discurso fue el mismo. Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Quito y del Comité Empresarial Ecuatoriano, cuestionó ante la Corte Constitucional la decisión de permitir la consulta, apelando a la seguridad jurídica. Un recurso para impedir la consulta fue negado.
4 • La consulta es un punto de inflexión política
Alberto Acosta, ex candidato a la Presidencia de la República, y ex presidente de la Asamblea Constituyente de 2008, es optimista sobre el impacto de la consulta de Quimsacocha. Él cree que las responsabilidades políticas en la explotación minera son del Gobierno de Rafael Correa. La entrega de permisos fue fraudulenta, asegura, y responsabiliza a Correa y sus funcionarios de la "hemorragia" de minas y explotación petrolero. Cinco grandes proyectos mineros en todo el país, como el del de Río Blanco o el de Mirador, son el legado del correato, en donde, estima Acosta y se han violado derechos humanos y de la naturaleza.
"Siempre será más importante proteger los páramos que son fuentes de vida", quien cuestiona que el valor material de los metales pueda ser más importante que la conservación de la naturaleza.
"Esta consulta es un primer paso para impulsar otras consultas populares", destaca Acosta, quien cree que en Azuay debería haber una consulta popular provincial. "La de Quimsacocha es la consulta más importante de los últimos años, una consulta con conocimiento de causa", asegura el ex presidente de la Asamblea de Montecristi.
La consulta de Quinsacocha, fue demorada por el correísmo, y no fue hasta 2015, con el debilitamiento del correísmo, que varias parroquias del Azuay pudieron hacer consultas no vinculantes.
"Correa fue el gran promotor de los intereses chinos", recuerda Acosta, pero afirma que el actual gobierno de Lenin Moreno hizo una "consulta tramposa" sobre la minería y que continúa la misma senda que el actual régimen.
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