sábado, 23 de diciembre de 2017

¿Se robaron más de $35 mil millones en la década ganada?

  en La Info  por 
$35.695’874,839: es el costo de la corrupción durante el correísmo. Casi 36 mil millones de dólares. Ese dato lo suministró Jorge Rodríguez, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), durante una charla organizada por Diario El Universo. Coimas, sobreprecios, comisiones y gasto corriente están incluidos en ésta, la primera evaluación global sobre el costo de la corrupción en la década de Rafael Correa.
La cifra es estremecedora: es un poco más que presupuesto anual del Estado y, por ello, esa cifra exige ser corroborada y ser documentada minuciosamente. Lenín Moreno acertó cuando dijo que no alcanzaría un gobierno para juzgar los actos de corrupción que se produjeron en la administración de Rafael Correa. Pero antes de juzgar se requiere saber dónde robaron, cómo robaron, quiénes robaron y adónde llevaron la plata robada. Se necesita saber y, además, que la Justicia y el debido proceso cierren la puerta al mecanismo motor de la corrupción: la impunidad. Moreno volvió a acertar cuando habló de la necesidad de hacer una “cirugía mayor” contra la corrupción. Esa es, a la luz de la cifra evocada, la mayor tarea del momento, con otras dos: reinstitucionalizar el país y sanear la economía y la producción.
El hecho cierto es que las acciones del gobierno no van en esa dirección. Moreno contribuyó –y de qué manera– a colocar la corrupción entre los temas de mayor preocupación de la ciudadanía. Sin Odebrecht –¡qué paradoja!– y sin Lenín Moreno, Jorge Glas, Tomislav Topic y sus abogados, entre tantos otros, seguirían dando clases de moral en el país. Pero por fuera del discurso político y del apoyo a las acciones de la Contraloría (el mérito de la Fiscalía corre por cuenta de la información enviada desde Brasil y Estados Unidos); las promesas del Ejecutivo no están a la altura de su propio diagnóstico. Peor aún de la cifra astronómica que maneja la Comisión Nacional Anticorrupción.
Moreno doró la píldora en este tema. Primero formó un Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción que murió apenas fue anunciada su misión en junio pasado. El documento que sus miembros entregaron el 17 de octubre al Presidente probó que esa iniciativa más se parece a lo que dijo Eduardo Mangas (quitar legitimidad a la Comisión Nacional Anticorrupción) que al mecanismo coyuntural que requiere el país para esclarecer la corrupción que hubo durante “la década ganada”. ¿Qué hizo ese Frente de Transparencia? Un diagnostico de temas de corrupción y recomendaciones. En términos políticos, eso se llama un saludo a la bandera. El Presidente exorcizó un clamor colectivo y lo convirtió en un documento que alguien del gobierno debe tener en la gaveta de algún escritorio oficial.
Lenín Moreno desperdició igualmente la segunda oportunidad. Él habló de recurrir a la ONU para que asesore y ayude en la lucha contra la corrupción. Cuando lo dijo y en la forma que lo dijo, el mandatario hizo pensar en lo que hace la ONU en Guatemala: una suerte de Comisión Internacional contra la impunidad.
Pues no. El gobierno promocionó la visita de Lenín Moreno y su encuentro –que tuvo lugar el 21 de septiembre pasado en Nueva York– con el Secretario General de la ONU, António Guterres. María Fernanda Espinosa creó expectativa sobre el acuerdo que iban a firmar con la ONU –y que firmaron– para impulsar la cooperación en la lucha contra la corrupción. En ese convenio se habla, según dijo la Canciller, de prevención, educación en valores, mecanismos de medición con parámetros internacionales… La nada. O casi. Y aún así, de esas reuniones solo hay fotos. Eso, nada más.
Ahora la peste de la corrupción hace parte de la consulta popular. Se va a preguntar si se aprueba que toda persona condenada por actos de corrupción quede inhabilitada para participar en la vida política del país y pierda sus bienes. Esto es importante, pero la cifra de $35.695’874,839 millones de corrupción sigue sin que el gobierno diga cuándo y cómo se producirá la famosa “cirugía mayor”. Que Glas, su tío y algunos otros estén sentados ante los jueces, no es señal de que el gobierno tiene o impulse un plan sistemático y efectivo para investigar y procesar a los responsables del mayor atraco que ha sufrido el país en toda su historia.

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