| Publicado en la Revista El Observador, edición 110, Abril de 2019 |  |
|  |
 |
|
La soberanía reside en el pueblo; es inalienable e imprescriptible; su ejercicio está delegado a los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Electoral y el mal llamado CPCCS. La independencia y coordinación de estos poderes deberían ser la base del gobierno.
Según la carta magna, el Estado se sustenta en los valores de “unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, responsabilidad y justicia social”. Desde nuestra óptica, para que haya gobernanza y democracia participativa, para poder enfrentar los desafíos locales y a nivel nacional, presente y futuro, no hay mejor camino que convocar a una mayor y más activa participación política de los grupos y asociaciones que conforman la heterogénea “sociedad civil”. Al respecto, el concepto democracia alternativa alude a un objetivo muy preciso: promover que los ciudadanos se involucren, lo más permanentemente que sea posible, en las tareas encaminadas a resolver los muy diversos asuntos que afectan a la comunidad nacional e internacional. Solo así, podemos lograr una praxis política alternativa que, por un lado, no se circunscriba a la esfera de los organismos estatales; y, por el otro, propicie la incorporación dinámica de los individuos a los diversos movimientos sociales que reconocen la importancia de incrementar su nivel de auto organización y concientización ciudadana. Una manera de superar los tradicionales mecanismos burocráticos y clientelares de una clase política, cada día más alejada de los electores y desprestigiada por actuar principalmente en función de conservar y perpetuarse en el poder. El creciente descontento y la apatía electoral ciudadana que se siente constreñida a tener sólo una participación política mínima, periódica y que repudian la paulatina degradación que se manifiesta en la actividad política profesional, es decir, su conversión en un oficio exclusivo para ciertas élites, y, peor aún, su transformación en un espacio en donde prolifera la corrupción, el fraude y la impunidad. Es más, la presencia electoral de ciudadanos que supuestamente, por su arte o profesión, no son presentables socialmente, figuraron en las listas de la contienda electoral, que se realizó el pasado 24 de marzo del 2019. Muchos medios de comunicación – que se olvidaron de su lucha por la libertad y la igualdad - advirtieron sobre el uso y abuso de figuras estelares de la farándula que los partidos y movimientos utilizan o compran, pues carecen de militantes que tengan algún carisma o destello que las figuras de las tarimas lo poseen y convocan. Por eso se reclama y protesta cuando esos ciudadanos de “tercera” pueden ser candidatos a Prefectos, Alcaldes o Concejales. En el ámbito local contemplamos a diario, el desfile de cantantes, bailarinas, deportistas, sedientos de “algún carguito”, simplemente han sido llamados por caciques electorales para que apuntalen sus listas, que de otra manera carecerían de atractivo. Ellos lo hacen libremente, incluso conscientes de que son objeto de una perversa manipulación. Sin embargo otros ciudadanos, que no pertenecen a la farándula, son desconocidos y solo rellenan las escuálidas listas para que con suerte pueda ser elegido el patrón que encabece la nómina. Ellos hacen el papel de tontos útiles y caballitos de batalla. Otros tratan de ser reelectos aunque su gestión política ha pasado inadvertida o llena de denuncias por malos manejos y abusos de poder. Lo único que buscan desesperados, es el refugio de la impunidad, para protegerse del tráfico de influencias, el clientelismo, el soborno, el enriquecimiento ilícito de las élites y sus testaferros. Frente al deterioro ético operado desde el poder, vinculado con el debilitamiento de la institucionalidad democrática, ciudadanas y ciudadanos del Ecuador, debemos reflexionar sobre la ineludible obligación de asumir el reto de combatir la corrupción y la impunidad asumiendo con firmeza y valentía el compromiso de desmantelar este sistema decadente y delincuencial, por una democracia radical, participativa, incluyente y soberana. Es importante que la democracia haga posible el relevo generacional. De no ser así, cuál va a ser el papel de las nuevas generaciones si no participan e inciden en la toma de decisiones de las políticas públicas. |
