miércoles, 26 de agosto de 2026
NUESTRO CRONOPIO
(Un día como hoy pero de 1914, nacía el compañero Julio Cortázar)
Durante décadas se ha hablado de la función del autor y el compromiso del escritor. Julio Cortázar dedicó varias entrevistas a hablar sobre ello y la realidad latinoamericana.
"El compromiso central, capital, de un escritor es ser un escritor dando el máximo de sus posibilidades. Haciendo todo lo que pueda hacer como escritor porque esa es su manera natural y su máxima posiblidad de transmitir elementos que, en definitiva, son elementos revolucionarios en la medida en que actúan sobre su pueblo, llegan como levadura a su pueblo y ayudan a cuestionar, a crear problemas, a resolverlos muchas veces y, en todo caso, a compartir puntos de vista que no siempre son bien analizados, y bien criticados y bien conocidos. En ese sentido, insisto entonces, el compromiso central de un escritor es ser un escritor sin la menor concesión. Porque esa palabrita "compromiso" tiene el inconveniente que en muchos planos y en muchos sectores, se tiende a imaginarlo como la obligación del escritor de bajar la puntería y escribir para la inmensa mayoría, para la mayoría de la gente (lo cual me parece perfectamente bien y perfectamente natural en el caso de muchos escritores), pero sucede que hay otros que están en un plano más experimental, en un plano de búsqueda, más complicadas y la peor traición a su propio pueblo, y al destino de América Latina, sería dejar caer eso, buscando una simplificación que, en definitiva, no le va a servir a nadie".
¿Quién es José Manuel De Oliveira, vinculado al caso Progen que podría ir a prisión?
La audiencia de vinculación que se desarrolla en la Corte Nacional de Justicia permitió reconstruir el papel que desempeñó De Oliveira en los contratos adjudicados a la empresa estadounidense Progen para los proyectos de generación eléctrica de Salitral y Quevedo, así como en otras actuaciones relacionadas con la empresa contratista.
De Oliveira fue designado coordinador jurídico del Ministerio de Energía en abril de 2024, durante la gestión de Roberto Luque, y permaneció en funciones durante la administración de la entonces ministra Inés Manzano. Como parte de sus responsabilidades, debía revisar y autorizar contratos emergentes relacionados con la crisis energética que atravesaba Ecuador.
Según la Fiscalía, tuvo acceso a documentación sensible relacionada con los procesos de contratación. Entre los elementos expuestos en la audiencia consta que recibió especificaciones técnicas, cronogramas y otra información vinculada a los proyectos incluso antes de la declaratoria formal de emergencia.
Además, los investigadores sostienen que recibió términos de referencia, propuestas de proveedores y copias de correos electrónicos relacionados con la contratación de Progen, participando también en reuniones vinculadas al proceso.
La reunión sobre las prórrogas a Progen
Uno de los aspectos que más atención ha generado en la investigación ocurrió el 7 de octubre de 2024. Según expuso la Fiscalía, De Oliveira convocó, mediante terceros, a Daniela Piedad Gordillo Ramírez, asesora jurídica de Termopichincha, para conversar sobre el estado de los contratos y la posibilidad de otorgar prórrogas a Progen.
Para esa fecha, la contratista ya registraba retrasos y acumulaba multas contractuales. Durante la reunión se habría consultado sobre alternativas para extender los plazos de ejecución de las obras.
La versión de Gordillo recogida en el expediente señala que inicialmente se opuso a modificar las condiciones contractuales en beneficio de la empresa. Más adelante, sin embargo, se elaboró un criterio jurídico que abrió la posibilidad de suscribir una adenda favorable para la contratista extranjera.
La Fiscalía también sostiene que De Oliveira convocó reuniones para analizar las prórrogas sin formular objeciones jurídicas, pese a los problemas existentes en la ejecución de los contratos.
Los contactos con Progen
Otro elemento mencionado en la audiencia corresponde a la relación de De Oliveira con Karla Saud, representante de Progen en Ecuador. Según testimonios incorporados al expediente, la ejecutiva mantenía contactos con funcionarios públicos y trasladaba inquietudes sobre requisitos técnicos y documentales exigidos para los desembolsos de recursos.
La Fiscalía intenta determinar si estas comunicaciones tuvieron influencia en decisiones administrativas adoptadas durante la ejecución contractual.
Su nombre también aparece en el contrato de Catamayo
La investigación no se limita a los proyectos de Salitral y Quevedo. El expediente recoge referencias a la actuación de De Oliveira en el contrato para la repotenciación de la central Catamayo, adjudicado por la Empresa Eléctrica Regional del Sur (EERSSA).
Según el testimonio del exgerente de Celec y exviceministro de Electricidad, Fabián Calero, cuando una nueva administración asumió la dirección de la empresa eléctrica, De Oliveira habría llamado para indicar que cualquier contrato podía revisarse, excepto el relacionado con Progen.
Fiscalía pide su prisión preventiva
El 25 de agosto de 2026, la Fiscalía General del Estado solicitó la prisión preventiva para De Oliveira y otras nueve personas a las que busca vincular formalmente al caso Progen por presunto peculado. La petición fue presentada por el fiscal general encargado, Carlos Alarcón.
Sigue leyendo | De Oliveira citaba por WhatsApp a funcionarios de Celec para hablar de las prórrogas a Progen
Según la Fiscalía, existe riesgo procesal debido a una posible fuga y a la eventual obstaculización de la investigación. Como parte de esa solicitud, el Ministerio Público pidió además que se emita una difusión roja de Interpol contra De Oliveira y otros procesados vinculados al caso.
Dentro de la teoría del caso, la Fiscalía lo considera autor directo del presunto delito investigado. Entre los hechos atribuidos constan haber recibido información técnica y cronogramas antes de la declaratoria de emergencia, convocar reuniones sobre prórrogas contractuales y recibir expedientes físicos de los proyectos Salitral y Quevedo sin que exista un registro posterior de devolución.
EDITORIAL.-
¿Qué es la Justicia?
La Justicia no es otra cosa que la manera en que un Estado administra el derecho. Los jueces no son la Justicia; son sus representantes y administradores, llamados a aplicarla de acuerdo con la Constitución y las leyes de un país.
Por eso, la grandeza de la Justicia no está en la persona del juez, sino en su independencia, imparcialidad y sometimiento exclusivo a la ley. El juez no debe obediencia al gobernante de turno, ni a un partido político, ni a intereses particulares. Su única obediencia legítima debe ser a la Constitución, a la ley y a su conciencia jurídica.
Cuando en un país la administración de justicia, representada por sus jueces, ha caído en el desprestigio y en la desconfianza casi general de la sociedad; cuando los ciudadanos perciben que los jueces ya no actúan con independencia, sino que se encuentran sometidos, directa o indirectamente, al poder ejecutivo de turno, entonces el problema deja de ser solamente judicial: se convierte en una crisis del Estado de derecho.
Porque cuando el ciudadano deja de confiar en el juez, ¿a quién acudirá para defender sus derechos?
Y cuando la Justicia pierde su independencia, el poder deja de encontrar límites. La Constitución puede seguir escrita, las leyes pueden seguir vigentes y los tribunales pueden continuar funcionando; pero, si quienes deben aplicarlas obedecen al poder político antes que, al derecho, la democracia comienza a convertirse en una simple apariencia.
Un país puede soportar muchas crisis: económicas, sociales e incluso políticas. Lo que difícilmente puede soportar es la pérdida de una Justicia independiente.
Porque cuando la Justicia se somete al poder, el ciudadano queda indefenso frente al poder.
Y cuando una sociedad pierde la confianza en sus jueces, pierde también una parte esencial de su confianza en el propio Estado.
Ese es el verdadero peligro.
Un país que ha perdido la independencia de su Justicia ha comenzado a perder su rumbo; y si no recupera a tiempo la dignidad, la autonomía y la credibilidad de sus jueces, corre el riesgo de caminar hacia un abismo del que puede resultar muy difícil regresar. -
F. Durán A.
REFLEXION
Cuando una persona que ha ejercido un cargo público de menor jerarquía, por circunstancias o intereses políticos, llega a ocupar el puesto más alto de la administración de un gobierno municipal sin contar con los conocimientos, la preparación ni las capacidades necesarias para desempeñarlo, su falta de idoneidad puede generar graves consecuencias para la gestión pública.
Si, además, acepta el cargo por inercia y, durante una administración temporal, obstaculiza los trámites administrativos, paraliza la gestión institucional y designa funcionarios de su confianza sin considerar su preparación, experiencia o conocimientos técnicos, puede provocar que la administración municipal se estanque, retroceda y, en consecuencia, ocasione perjuicios a la ciudad y a sus ciudadanos.
La falta de capacidad para ejercer un cargo público no constituye, por sí sola, un acto de corrupción. Sin embargo, cuando la designación de personas incompetentes responde deliberadamente a intereses políticos o personales, al favoritismo, al abuso de poder o a la búsqueda de beneficios indebidos, pueden configurarse conductas que, de acuerdo con la legislación aplicable, podrían ser consideradas actos de corrupción u otras formas de responsabilidad administrativa o legal.
El servicio público exige preparación, idoneidad, responsabilidad y compromiso con el interés colectivo. Los cargos de alta responsabilidad no deberían ser utilizados como espacios para satisfacer compromisos políticos, sino ser ocupados por personas capaces de garantizar una administración eficiente, transparente y orientada al bienestar de la ciudad.
CUANDO LAS PALANCAS VALEN MÁS QUE LOS MÉRITOS
"Los ascensos sin méritos ocurren cuando una persona recibe un puesto superior debido al favoritismo, la amistad con los jefes o la falta de meritocracia, y no por su esfuerzo o capacidad".
En la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura del Azuay, específicamente en la Unidad de Talento Humano, durante el período comprendido entre los años 2021 y 2026, se realizaron una serie de reubicaciones, ascensos y cambios administrativos de personal, tal como se demuestra en la documentación que de manera reservada llegó a El Observador.
Estas acciones administrativas se habrían ejecutado sin criterios de mérito, capacidad ni concursos de oposición, sino, en base a relaciones de amistad y afinidad personal.
La servidora Karina Z V, en un período de menor de tres años, se hizo acreedora a tres cambios de puesto: (analista 1 de estudios jurimétricos; mediadora coordinadora de oficina; analista dos de talento humano).
Al servidor Sebastián A A, en menos de tres años le hicieron cuatro cambios, sin que conste sustento de concurso de méritos y oposición: (técnico de ventanilla e información; ayudante judicial, analista uno de talento humano; analista dos de talento humano).
La servidora María F F, igual, en menos de tres años, se hizo acreedora a tres cambios de puesto: (técnico de ventanilla; ayudante judicial; analista provincial dos de control disciplinario).
El servidor Juan C I, también en menos de tres años, se ganó tres cambios: (de técnico provincial financiero, pasó a liqudador pagador, a analista uno de talento y analista 2 de talento humano).
Cabe señalar que los casos expuestos constituyen únicamente una muestra, pues, hay otros casos similares. La denuncia reservada, señala que pese a los distintos cambios de denominación de puestos, los servidores (aventajados) han permanecido en la misma Unidad de Talento Humano, a sabiendas de la falta de personal en el área donde obtenían los cambios de puesto, sin sopesar la atención al usuario y los gastos que representan para el Estado.
Los hechos descritos contravienen los principios de mérito, transparencia, igualdad de oportunidades y eficiencia, previstos en la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), artículos 5 y 65, así como en el código de ética institucional y normativa conexa.
La Contraloría General del Estado, debería disponer una acción de control para verificar la legalidad y pertinencia de las reubicaciones y ascensos: un análisis de los expedientes y acciones de personal; y, la determinación de responsabilidades y la aplicación de las sanciones que correspondan, de comprobarse las irregularidades.
"Si sufres injusticias consuélate, porque la verdadera desgracia es cometerlas".
El Observador
CRÓNICA DE UN CONCURSO DIRECCIONADO
"La justicia más peligrosa es la que se disfraza de ley, porque cuando el poder la firma, la verdad queda sin defensa".
Por Jaime Cedillo F.
Con el visto bueno de la gerente general de ETAPA, Inés Luzuriaga, se arma un contrato direccionado, para beneficiar a un funcionario de la propia empresa pública, que luego del proceso resultó el ganador.
Nos ha llegado una denuncia documentada de un caso denominado: Contratación de un Analista de Gestión Ambiental. Con fecha 13 de agosto del presente año, el gerente de agua potable y saneamiento, ingeniero civil, Fabián Cazar Andrade, pone en conocimiento de la gerente general, magister Inés Luzuriaga Larriva, la necesidad de contratar un analista de calidad ambiental "para fortalecer la capacidad operativa del área, asegurar la continuidad de los procesos, atender oportunamente las obligaciones ambientales institucionales y minimizar el riesgo de incumplimientos ante las entidades de control". Memorando número M-1810-2026-GAPASA.
La empresa realiza la "convocatoria", participan tres profesionales: Félix Rigoberto Guerrero Coronel (subgerente de gestión ambiental de ETAPA), Javier Mateo Minchalo Castill y Gianni Carolina Defaz Visuete.
El 12 de agosto la gerente general de ETAPA acepta la renuncia voluntaria de Rigoberto Guerrero, como subgerente de Gestión Ambiental, con funciones hasta el 14 del presente mes de agosto.
En el resultado del proceso de selección, Guerrero obtiene 89 puntos, Minchalo 87 y Defaz 87.
Lo curioso es que un día antes de presentar la renuncia al cargo de subgerente de gestión ambiental (de libre nombramiento y remoción), Rigoberto Guerrero, interviene en la elaboración del requerimiento para contratar un analista de calidad de gestión ambiental, dentro de la misma subgerencia.
Se realiza el proceso de selección y él mismo termina seleccionado, y el 19 de agosto recibe el nombramiento provisional para ese cargo con una remuneración 1.632 dólares mensuales. Copia del informe técnico para la elaboración del nombramiento provisional, envían a una lista larga de funcionarios, menos al nuevo subgerente de gestión ambiental, ingeniero Juan Segarra Rojas.
El 18 de agosto, la dirección de Talento Humano de ETAPA, emite el informe técnico, expresando que el proceso de selección se inició el 6 de agosto, pero el requerimiento para autorizar el inicio de la contratación, está fechado 13 de agosto: es decir, el proceso aparece iniciado siete días antes de que se solicitara formalmente la autorización para iniciarlo. Guerrero estando todavía en funciones como subgerente de gestión ambiental, un día antes de renunciar, intervino en el requerimiento del contrato de analista de calidad ambiental, de su propia área, y él mismo termina seleccionado y recibe el nombramiento provisional.(114-SGTH-2026-GAPASA)
En el memorando número ,-4120-2026-SGTH, de fecha 18 de agosto, el resultado del análisis señala: "considerando la documentación revisada, se pudo constatar que el MGST Guerrero Coronel Félix Rigoberto, cumple con el perfil y experiencia requerida para su desempeño. La Subgerencia de Talento Humano,considera procedente su selección para ocupar la vacante del cargo de Analista de Gestión Ambiental".
Se puede catalogar a este concurso como una "especie de estafa", una burla para los otros dos profesionales que participaron, creyendo, seguramente, que se trataba de una competencia en igualdad de condiciones, sin dedicatorias, pero, al parecer resultaron siendo tontos útiles, les tomaron el pelo, fueron engañados. Este es un hecho gravísimo, que debe ser analizado por el directorio de ETAPA, para que los involucrados reciban las sanciones correspondientes; aparte de las acciones legales que puedan plantear por parte de los profesionales utilizados para el supuesto concurso.
"La antiética se define como todo aquello que es contrario a la ética, a la moral y a las buenas costumbres establecidas en una sociedad".
El Observador
#ENVIVO | Mira #Televistazo 1 PM 
ecuavisa.com/envivo
La ex reina de #Guayaquil y ex funcionaria municipal, Navila Dieb, y dos hermanos, son investigados por la Fiscalía en un caso de presunto lavado de activos que la entidad relaciona también con el supuesto desvío de combustibles por el cual es procesado el alcalde Aquiles Álvarez.
Enorme inundación en Nepal arrasa con Rasuwa, hay 384 turistas desaparecidos
Las autoridades de Nepal están sin noticias de 384 turistas, 291 de ellos extranjeros, después de que una enorme inundación arrasara la región fronteriza con el Tíbet causando al menos 19 muertos.
En las imágenes compartidas por la policía de Nepal podía verse un río desbordado, barriendo a su paso varias casas en el distrito de Rasuwa. En otra imagen, de AFP, se apreciaba una vivienda rodeada de barro.
“Un registro preliminar, elaborado por agencias y recibido de empresas de turismo y viajes, ha identificado a 384 viajeros, incluidos 291 ciudadanos extranjeros y 93 ciudadanos nepaleses, reportados como desaparecidos en las zonas afectadas”, señaló la Oficina de Turismo.
Al menos 19 cuerpos han sido recuperados tras las inundaciones, indicó a su vez la policía, que añadió que también había “varios agentes que estaban fuera de contacto”.
La inundación golpeó Syabrubesi, el punto de partida de la popular ruta de senderismo de Langtang, así como otras zonas utilizadas por viajeros para la peregrinación hindú a Kailash Mansarovar.
Un portavoz de la policía había dicho a la AFP que las autoridades desconocían el alcance de los daños, pero aseguró que habían “alertado a las personas que se encuentran cerca de la ribera del río para que se alejen”. (I)
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