El silencio de los beneficiarios.
Así se puede resumir lo de Christian Zamora y Juan Cristóbal Lloret. El uno lejos de Cuenca ya y el segundo aspirante a ser el nuevo Alcalde, los dos administrando Ciudad y Provincia como casa propia.
La corrupción rara vez empieza con las grandes hechos y cifras que después escandalizan a la opinión pública. Antes de los contratos cuestionados, de los expedientes de Contraloría y de los procesos judiciales, existe una fase previa mucho más silenciosa y socialmente aceptada: la ocupación progresiva de los espacios públicos por amigos, familiares, militantes y personas cercanas al poder.
Lo preocupante no es únicamente quién entra o quién sale. Lo preocupante es la naturalidad con la que una parte de la sociedad observa estos hechos. Parecería que nos hemos acostumbrado a ver cómo los espacios públicos se transforman en extensiones de proyectos políticos personales.
Durante años, la política ecuatoriana ha normalizado una práctica perversa. Quien gana una elección no solo llega con un plan de gobierno. Llega acompañado de un entorno que considera oficinas, empresas públicas y cargos estratégicos como parte de la recompensa política. No importa si la institución es municipal, provincial o nacional. El mecanismo suele repetirse con preocupante frecuencia.
Las recientes salidas de funcionarios vinculados a determinados círculos políticos vuelven a colocar sobre la mesa una pregunta inevitable: ¿cuántos de esos nombramientos respondieron realmente a procesos de mérito y cuántos a relaciones de confianza política?
La pregunta resulta todavía más pertinente cuando aparecen controversias relacionadas con contrataciones, utilización de recursos públicos o presuntas irregularidades administrativas.
Porque, aunque las responsabilidades individuales deban establecerse en los organismos competentes y bajo el debido proceso, existe una responsabilidad política que no desaparece con una renuncia.
La corrupción no siempre deja huellas inmediatas en las cuentas bancarias. A veces deja algo igual de dañino: la destrucción de la confianza ciudadana. Cuando los cargos parecen depender de la cercanía con el poder antes que, de los méritos profesionales, los ciudadanos comienzan a sentir que el Estado les pertenece cada vez menos.
Quizá el problema más grave no sea la corrupción que eventualmente se investiga.
Quizá sea aquella que hemos terminado por normalizar. Esa que se esconde detrás de los silencios, las lealtades políticas y la convicción de que las instituciones públicas son un botín disponible para quienes logran alcanzar el poder. Porque cuando eso ocurre, la democracia deja de servir a los ciudadanos y empieza a servir a quienes se sirven de ella.
Pedro La Calle
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